CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La flora, fauna y medio ambiente en Tamaulipas corre grave peligro porque están desprotegidos desde hace tres años, luego que al iniciar éste gobierno federal, instituciones como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y áreas que dependen de forma directa fueron virtualmente desmanteladas y sobreviven solo con el personal indispensable.
En este 2021 la Delegación de la SEMARNAT sufrió el enésimo un recorte en su presupuesto por 79 millones 400 mil pesos, recursos que permitían mantener los programas federales de protección al ambiente, que apoyan organismos como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), esta última cumplió dos años desmantelada.
Desde el primero de diciembre la SEMARNAT se quedó sin titular, lo mismo ocurrió con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que son los encargados de atender las denuncias por daños al medio ambiente.
Otro de los recortes que más dolió en la SEMARNAT fue al Programa de Atención al Empleo (PAE), que se aterrizaba a través de diversos organismos como; CONAFOR o la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), cuya inversión anual supera los 10 millones de pesos.
Con esos recursos los organismos federales realizan programas de apoyo a comunidades rurales con empleo temporal, donde pagaban a la gente del campo por realizar tareas como , limpiar playas, participar en acciones de protección de tortugas, así como en la apertura de brechas corta fuego entre otras.
INSPECTORES, NO TIENEN NI PARA LA GASOLINA
Una de las instituciones que dependen de la SEMARNAT de las más afectadas por los recortes federales como lo es la PROFEPA, por lo que sus inspectores no cuentan ni con gasolina para atender las quejas que se presentan ante el organismo.
A ello se suma la falta de vehículos para movilizarse, luego que ha sido una de las instituciones que más recortes ha sufrido y está casi en el olvido a pesar que es una de las más importantes para combatir delitos ambientales como la caza clandestina, pesca, o la tala de árboles o de otros recursos naturales.
CUMPLE CONAFOR, MÁS DE DOS AÑOS DESMANTELADA
Fue el 19 de julio del 2019, cuando por orden del gobierno federal se ordenó despedir a 22 de 26 trabajadores que laboraban en lo que era la Comisión Nacional Forestal en Tamaulipas,por lo que solo quedaron cuatro personas para el manejo administrativo de la dependencia.
El cuidado de los recursos forestales no es contemplado como prioridad por el nuevo gobierno, afirmaron los trabajadores despedidos, quienes a pesar que tenían hasta más de 18 años trabajando en la institución fueron despedidos sin su liquidación por lo que presentaron demanda laboral ante la Junta de Conciliación federal.
Frente a esa situación Tamaulipas corre el riesgo de perder importante superficie forestal a manos de talamontes o por incendios forestales, ya que no hay personal que realice operativos de vigilancia.
Alertan ambientalistas que están preocupados ya que actualmente no hay personal suficiente en dependencias para realizar inspecciones en zonas forestales o para actuar en caso que se registre una conflagración.
Ausencio Medina Arteaga, ambientalista advierte que la política del gobierno federal está equivocada, ya que existe un programa que se llama “Sembrando Vida”, donde en lugar de reforestar impulsa a la gente del campo a talar árboles para crear cultivos.
“Anualmente en Tamaulipas invertía la CONAFOR de 80 a 90 millones de pesos en programas de reforestación, producción de árboles, pago de servicios ambientales, así como en impulso a proyectos productivos en el sector rural, pero todo desapareció”.
Prácticamente el estado de Tamaulipas está desprotegido en materia forestal por no contar con personal que vigile para frenar la tala clandestina o que no realicen desmontes ilegales.
“Anualmente, se estima que el estado pierde más de 20 mil hectáreas por desmontes y tala de forma ilegal, principalmente en municipios de la región centro y sur del estado”.
Dijo que esto ocurre en municipios cómo: Casas, Soto la Marina, Güémez, Villagrán, Aldama y González, que es donde se han detectado desmontes ilegales que realiza la gente para elaborar carbón vegetal.
El ambientalista Medina Arteaga, dijo que anteriormente esas actividades se combatían a través de inspectores de la PROFEPA que checaban que la producción de carbón se realizara con permisos, pero actualmente los pocos inspectores que hay no pueden salir, porque no cuentan con recursos para viáticos, ni vehículos.
El gobierno federal está haciendo mucho daño al sector forestal y al medio ambiente, ya que ha convertido en elefantes blancos a organismos que antes atendían esas problemáticas.
POR ANTONIO DE LA CRUZ
EXPRESO-LA RAZON
