Ladran los perros Sancho, señal que vamos avanzando.
El 23 de mayo de 2019 el Presidente López Obrador dio a conocer una lista de 36 periodistas mexicanos críticos de su gobierno, entre estos Joaquín López Dóriga, Enrique y León Krauze, Mario Beteta, Beatriz Pagés, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Pablo Hiriart y Adela Micha, que recibían sumas millonarias del gobierno disfrazados de publicidad, asesorías y otros conceptos, para que moderaran las opiniones negativas contra sus antecesores en el gobierno de México.
Agraviados por la evidencia, los aludidos se quejaron de que la información del primer mandatario los estigmatizaba y difamaba y, apoyados por un grupo de intelectuales publicaron cuatro meses después, el 17 de setiembre, un desplegado firmado por 650 personas en el que bajo el título de “Esto tiene que parar”, exigían al tabasqueño respeto a la Libertad de Expresión.
Actitud similar han adoptado los adversarios del Presidente, ahora con motivo de la exhibición pública dada a conocer desde la mañanera de los más de 35 millones de pesos que recibe Carlos Loret de Mola por golpear sistemáticamente al inquilino de palacio nacional. Sin embargo, ¿por qué, quienes ahora protestan, guardaron silencio cuando en los sexenios del PRI y Acción Nacional se agredía a los periodistas y se atacaba a la libertad consagrada en el artículo sexto de la constitución?
En contraste con lo que sucedía en la época de los gobiernos del Revolucionario Institucional, cuando estaba prohibido hablar mal del gobierno y quienes tenían la osadía de hacerlo pagaban caro las consecuencias, en el sexenio del Presidente Vicente Fox se registró una pequeña apertura. Lamentablemente, cuando en el ejercicio de este derecho se dañaron los intereses del gobierno o se tocaba a la familia del Presidente, el gobierno foxista actuó y respondió igual que los del PRI.
Las demandas contra el Semanario Proceso, la escritora Olga Wornat y todos aquellos medios y periodistas que incomodaron a la llamada “Pareja Presidencial”, fueron objeto de represalias.
Sin embargo, parece que los intelectuales y políticos que se quejan ahora contra AMLO por ese motivo olvidaron que en la gestión del Presidente Echeverría fueron asesinados seis comunicadores, 12 en el de López Portillo, 33 en el de Miguel De Lamadrid, 46 en el Carlos Salinas, que ha sido señalado, junto con el de Díaz Ordaz, como el principal represor de los representantes de los medios informativos, 24 en el de Ernesto Zedillo, 26 en el de Fox, 48 en el de Calderón, 199 en total.
Tampoco recuerdan que ninguno de los casos fue esclarecido ni los responsables castigados.
Salinas censuro a al Canal 11 de la TV, intimidó a Excelsior y a La Jornada. El 16 de agosto de 1991 ordenó la interrupción de la transmisión del noticiero, producido por la UNAM, “Prensa Universitaria”, cuando toco el tema de las elecciones limpias y Miguel Ángel Granados Chapa fue retirado de la conducción del noticiero “Mi Ciudad” de Radio Mil por hablar de perredistas y fue prohibido a Radio Red aceptar como colaboradores o siquiera entrevistar a Jorge G. Castañeda, Lorenzo Meyer, Adolfo Aguilar Zinzer, Demetrio Sodi, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas.
Se detectaron 645 casos de agresiones a informadores en el gobierno de Zedillo. El periodista Ricardo Rocha fue dado de baja como conductor y analista de la TV, tras el reportaje sobre la masacre de campesinos de Aguas Blancas de Coyuca de Benítez, Guerrero, ocurrida el 28 de junio de 1995, a manos de la policía en el que murieron 17 de ellos, en el momento en que exigían al gobernador Rubén Figueroa Alcocer mayor apoyo al agro, más escuelas, carreteras, centros de salud y justicia para los desaparecidos durante la guerra sucia.
Otra matanza del sexenio de Zedillo que, como la de Aguas Blancas, aún permanece impune, fue la perpetrada en Acteal el 22 de diciembre de 1997 por un grupo paramilitar en la comunidad Las Abejas, del municipio de Chenalhó, Chiapas, en la que fueron asesinados artera y cobardemente 4 indígenas.
Como el gobierno de Fox, el de Felipe Calderón también ejerció represalias contra los medios informativos que lo criticaban. El bloqueo y boicot publicitario que impuso la Presidencia al Programa Radiofónico Monitor por el trato imparcial y objetivo que daba a las noticias, como en el caso del fallido proceso de desafuero de López Obrador y la contienda presidencial de 2006, término por poner fin a cuarenta años de información del programa de José Gutiérrez Vivó.
En la última edición este recordó que el 3 de marzo de 2004, cuando el Grupo Radio Centro, sin previo aviso y a pesar de haber perdido el proceso legal contra el Grupo Monitor, saco del aire al noticiero del mediodía. “En México de 2004 –dijo el conductor y comentarista—en plena democracia sacaron del aire a la estación informativa, como hacían las dictaduras y por coincidencia, horas después de que el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, anunció en el noticiero su intención de contender por la Presidencia de la República.
El comunicador denunció asimismo que, antes de la transmisión de poderes presidenciales, el Grupo Monitor recibió un mensaje del equipo del michoacano que decía textualmente: “Están castigados. Vamos a ver como se portan. Si quieren difundir nuestra información, bien: si no, también. Cuando consideremos que hay un buen comportamiento, entonces se arreglara una entrevista con el Presidente”.
Otro ejemplo de la falta de respeto a las libertades constitucionales en la que incurrió el gobierno de Calderón se registró durante ceremonia del primer informe de gobierno del Jefe del Ejecutivo Federal, el primero de septiembre de 2007. El discurso de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, fue censurado íntegro por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especial de la Presidencia que impidió que se difundiera a través de las televisoras, Televisa y TV Azteca.
A pesar de lo evidente de la maniobra, la Presidencia de la República argumentó “fallas técnicas” y un error en el ajuste de la agenda. Ante las protestas de los legisladores, que calificaron la medida como “ataque el Congreso” y al hecho de que las empresas televisivas se desmarcaron de la censura, en la transmisión de las 21.20 horas se difundió el mensaje.
Una historia igual fue la que vivió la periodista Carmen Aristegui. El programa noticioso de la conductora de CNN en español que se transmitía por la W Radio, fue sacado del aire con el pretexto de “motivos técnicos”, aunque era evidente que la verdadera razón de la medida fue porque censurada había entrevistado al ex candidato presidencial del PRD.
Como parte de las represalias, tampoco le renovaron el contrato.
A decir de la afectada, los empresarios la presionaron para limitar los márgenes de crítica, sin embargo, de acuerdo con el periódico La Jornada, lo que originó el despido de la comunicadora fue la intervención de uno de los cuñados del Presidente Calderón, quien, por cierto, desde el sexenio calderonista trabaja para la española PRISA.
“Apenas asumida la presidencia por el panista Felipe Calderón –afirma el referido medio informativo—su otro cuñado y cercano amigo de Juan Zavala fue nombrado representante de los intereses del consorcio multimedio”.
¿Por qué los que ahora echan pestes contra López Obrador se quedaron callados? ¿Por temor o conveniencia?
Por José Luis Hernández Chávez
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