Fuente 1.- “Queremos pedir su apoyo para difundir las injusticias y el pisoteo del gobierno federal a nuestros derechos adquiridos, plasmados en la ley y que además existe una jurisprudencia en la que determinan que debemos seguir recibiendo nuestras prestaciones como lo hicimos cuando estuvimos en activo”.
Fuente 2.- “Somos la gran mayoría personas adultas con enfermedades catastróficas y sin decirnos agua va nos cambian la forma de atender nuestras prestaciones médicas. Somos a nivel nacional más de 12 mil 500 entre jubilados y derechohabientes”.
Fuente 3.- “Las autoridades, ni nos ven ni nos oyen”.
Hoy, una vez más, les tengo una nota en la cual se denuncia que la 4T está violando derechos constitucionales. Ahora de jubilados y pensionados de Banrural.
Tras estar a la deriva, han decidido denunciar públicamente que las autoridades del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) y Nacional Financiera (Nafin) se han cruzado de brazos mientras son víctimas de las omisiones del Servicio Médico Integral del que son beneficiarios y presenta presumibles irregularidades desde la licitación de 2020. ¡Así cómo lo están leyendo!
ambién pude entrevistar a la presidente de la Asociación de Jubilados del Golfo y quien también es parte de la directiva de la Asociación Nacional de Jubilados, María del Socorro García Mora, quien me contó que desde 2020, y gracias a la 4T y a pesar de ser, obvio, personas de edad avanzada, les han violado sistemáticamente un derecho constitucional por la falta de una atención médica correcta, lo que ha provocado que los padecimientos crónico degenerativos de la mayoría de los jubilados se agravaran.
El problema que enfrentan es grave, con decirles que hay desde derechohabientes que se encuentran a la espera de servicios de hospital, farmacias, laboratorios, hasta quienes esperan ser atendidos por médicos de primer contacto y especialistas, y ni hablar de la atención a quienes padecen enfermedades catastróficas como cáncer tipo 2 complicados con diabetes o enfermedades crónico degenerativas.
¿Qué pasó?
Los jubilados y pensionados acusan que la licitación del Servicio Médico Integral en 2020 fue dirigida a dudosas empresas las cuales NO cumplieron con la atención integral de salud establecida en las bases del concurso. Entre los corporativos señalados se encuentran: Proyosmi de la Salud, Challenge Consulting, Atlantis Operadora de Servicios de Salud, Distribuidora Médica Daport y Servicios de Salud Familiar.
La misma situación se repitió en 2021 con el Corporativo Medico Community Doctors, Challenge Consulting, Insumos Médicos Hospitalarios de México y Soluglob Ikon.
A pesar de los constantes llamados, la representante de los derechohabientes señala que, de nueva cuenta, la licitación para 2022 habría sido dirigida para tener como ganadores a Atlantis Operadora Servicios de Salud, 3TI, Soluglob Ikon y Health & Pharma Control, con los mismos resultados.
“El año pasado se interpusieron 60 demandas de amparo con aproximadamente cerca de mil actores en diversas partes de la República (…). Hay suspensiones provisionales concedidas y en otro de los casos suspensiones definitivas. Pero no ha habido una resolución en firme porque no se han llevado a cabo las audiencias constitucionales”.
El meollo
Las licitaciones del servicio médico se realizan anualmente para garantizar la atención a los fideicomisarios del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN), un fideicomiso creado en 2003, cuyo esquema había funcionado SIN PROBLEMA hasta 2020.
Aunque el fideicomiso depende del Indep, la fiduciaria es Nafin. Sin embargo, ambas instituciones hacen caso omiso al sinnúmero de quejas que se han presentado.
Las pruebas
La ASF llevó a cabo una investigación respecto al ejercicio 2020 y emitió seis recomendaciones, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones sobre graves omisiones y violaciones a la normativa. Hay observaciones donde se presumen daños al erario por 219.4 millones de pesos.
Obvio, ante la falta de la atención, han tenido que buscarla particularmente pagándola de su bolsillo, así como los traslados a las principales ciudades para atenderse.
Ni Ernesto Prieto Ortega, director general del Indep; ni Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nafin; y menos Luis Bárcenas Vázquez, presidente del comité técnico del FOPESIBAN, han respondido a quienes por dos años buscan soluciones de un gobierno que se dice buscar el bienestar de los más necesitados.
“A nosotros lo que nos interesa es que nos den el servicio de acuerdo a como se nos venía otorgando, tal y como lo establece el artículo quinceavo transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. No es una dádiva, es una obligación. ES NUESTRO DERECHO.”
La buena noticia es que la semana que entra es la convención bancaria de la ABM en Acapulco y ahí podré seguramente entrevistar al director de Nafin y preguntarle sobre estas irregularidades; así como al director de Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi y del porqué los empleados denuncian renuncias forzadas, hostigamiento, amenazas y que aún en contra de la ley les han quitado pretaciones como el servicio médico… los mantendré informados. Lástima que del Banjercito no va nadie, para preguntarles sobre por qué les han quitado también las prestaciones y por qué los acosan.
Por Lourdes Mendoza
