MÉXICO.- El escándalo más grave del Poder Judicial de la Federación de los últimos años, ocurrió en mayo de 2018, ya que José Alfredo Sánchez López, director de Informática del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), entregó el examen para jueces de distrito para que fuera vendido a postulantes.
Los reactivos fueron ofrecidos en distintas tarifas que iban desde 25 mil, 50 mil y hasta 186 mil pesos.
La investigación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concluyó que Sánchez López fue el primer eslabón de la estafa; en la indagatoria, la Judicatura ya había inhabilitado a 13 funcionarios y un particular, entre ellos el magistrado Salvador Mondragón Reyes, entonces director del IJF.
Las preguntas y respuestas del examen fueron ofrecidas por Óscar Esquivel Martínez, quien desde antes del escándalo ya había renunciado a su plaza de secretario del Décimo Tribunal Colegiado Penal.
En el examen participaron más de 2 mil 600 interesados en una de las 100 vacantes para ser juez.
“Los medios de prueba en análisis, concatenados entre sí, permiten presumir que José Alfredo Sánchez López filtró a un tercero las preguntas y respuestas del examen de la primera etapa, así como el caso práctico de la segunda etapa del Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, pues accedió a dicha información en periodos cercanos a que se llevaran a cabo”, dice el procedimiento.
Esquivel Martínez ofreció por WhatsApp y llamadas telefónicas los reactivos y respuestas. Contactó a Verónica Patiño Olvera, secretaria particular de un magistrado, para que le ayudara a contactar a interesados en comprar el examen.
Pero el propio Esquivel llamó a varios secretarios de juzgados y tribunales como Roberto León Rodríguez, Alejandro Ordóñez Pérez, Felipe Gilberto Vázquez Pedraza, Patricia Guadalupe Lee Martínez y Verónica Patiño Olvera, para ofrecerles los reactivos y respuestas.
CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA
