TAMAULIPAS.- Creo que el título de esta colaboración es por de más obvio. Me refiero a la regresión plasmada en una iniciativa de reforma constitucional político – electoral enviada por el Partido del Trabajo y la tan ya más anunciada y previsible, más que vaticinada, reforma electoral del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador enviadas al pleno de la Cámara de Diputados.
Posterior a un análisis profundo y exhaustivo desde el rigor académico, concluyo de forma hipotética en que la reforma busca un replanteamiento en las que formas en las que se accede al poder en nuestro sistema democrático reconocido actualmente como uno de los mejores del mundo.
Les dejo algunos datos para su propia valoración: 1. Es la primera vez en 32 años que una reforma electoral es presentada por el partido en el poder y no por la oposición; 2. Fue una iniciativa formulada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no desde las oficinas del Presidente; 3. Es la primera propuesta de forma que de aprobarse se pondría a prueba en una elección presidencial.
Lo importante de esta reforma es que no se propone una transformación como lo fue del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral y que lo fortalecía otorgándole atribuciones y facultades de mayor control y ejercicio pleno de sanciones.
La reforma que presenta el Presidente y sus allegados tiene más un adjetivo calificativo de refundacional que de transformadora. Es decir, hablamos de partir de cero o de menos cero.
Desde Abril de 1977 que Reyes Heroles fue anunciando cambios sustantivos al sistema democrático de nuestro país. Cambios que fueron progresivos y sediméntales que culminaron en 1996 con la salida del Secretario de Gobernación como Presidente del Consejo de la Comisión Federal de Electoral. Ahora el nombre que quieren atribuirle es lo de menos.
Es inconcebible que después de más de 30 años de lucha, hoy se busque anular o extinguir la autonomía del órgano electoral volviendo al esquema en el que, a decir de la reforma, el Ejecutivo propone 20 de las 60 candidaturas de los Consejeros Electorales, 10 de 30 de los Magistrados del Tribunal Electoral Federal y en la misma proporción vendrían propuestas del Legislativo y el Judicial. Estamos hablando en términos llanos de una cesión de la autonomía del INE al control político del partido en el poder, mismo caso que aplica a los plurinominales que son la garantía de la pluralidad política en el ejercicio del poder.
De la misma manera, la reducción de los años de ejercicio de los Consejeros o Magistrados a 6 años de forma que su cambio no tuviera que ver con el cambio cíclico sexenal. Aunado a esto una sola ley electoral que solo terminaría por complicar aún más el entendimiento mismo del tema.
Creo que al Presidente le hace falta alguien quién le diga que hay que empoderar más al INE y no destruirlo. Un dato relevante es que el IFE en 23 años de existencia organizó 18 elecciones locales y el INE en sólo 8 años ha realizado 322 elecciones locales y aún así decide desaparecer a los órganos públicos locales electorales.
El tema medular es que la desconfianza es cara y cuesta mucho pero en más de 30 años de evolución ha existido alternancia en el poder y eso se debe a una sola razón: tenemos un Instituto Nacional Electoral con capacidad de defender nuestro voto.
Esperemos que esta iniciativa sea valorada, estudiada, analizada y consensuada por expertos en el tema para que el sistema democrático y político de México no se convierta en una saga más de “Volver al pasado” porque de futuro no tiene absolutamente nada.
