No ha pasado ni un mes desde que se inició la actual administración estatal y ya la Contraloría tamaulipeca anunció que va a llamar a una veintena de ex funcionarios del anterior gobierno, para que acudan a aclarar dudas acerca de situaciones que se han encontrado y que dan lugar a sospechas de posibles irregularidades.
La Cuatroté quiere marcar una diferencia en Tamaulipas en esto de conducirse con honestidad y transparencia, en rendir cuentas a los ciudadanos y en ser eficiente en el uso de los recursos públicos, pero también es algo que está exigiendo a quienes se fueron. Así es como se debe entender el llamado a comparecer, aclarar, declarar o lo que sea necesario a quienes ocuparon cargos en el gobierno de los llamados Vientos de Cambio.
La titular de la Contraloría Estatal, Norma Angélica Pedraza Melo dijo ayer algo que atrae la atención y se anticipa que es más que el inicio de un proceso inevitable.
Hay que celebrar que la Contraloría haga su trabajo y exigir que lo haga bien, para que los exfuncionarios del gobierno pasado -o los de éste, si se llega a dar el caso- que hayan actuado mal en su desempeño, sean investigados y sancionados. Es lo que la gente quiere: No más abusos, no más excesos, no más irresponsabilidad, no más frivolidad. Tampoco ineficiencia.
Y así, apenas a 23 días de haber comenzado su ciclo, la Cuatroté en Tamaulipas anuncia que abrió 22 expedientes a igual número de ex funcionarios del gobierno panista anterior y que se llamará a cuentas a quienes son sujetos de estas investigaciones.
La Contraloría presume que se cometieron probables irregularidades y omisiones, aunque no tiene la certeza de fincarles responsabilidades legales. Al menos, no todavía y eso es lo que reiteró el gobernador Américo Villareal, cuando presentó los resultados de esta revisión e hizo público el comienzo de este proceso.
Villarreal recordó que en el acto de toma de protesta se comprometió a buscar, encontrar, identificar a investigar cualquier acto de corrupción que haya sido cometido por servidores públicos, para exigirles que rindan cuentas ante las autoridades correspondientes.
Las investigaciones iniciadas por la Contraloría incluyen a 437 funcionarios que laboraron en la pasada administración, quienes no presentaron sus declaraciones patrimoniales y también serán requeridos por la dependencia para que aclaren y corrijan esta anomalía.
Per no es todo, porque parece que también se encontraron situaciones que pueden considerarse como posibles delitos de simulación o tráfico de influencias en ex funcionarios de todos los niveles, lo que también es motivo de investigación.
En síntesis, en menos de un mes el gobierno de Villarreal ha encontrado motivos suficientes para presumir que al final del sexenio anterior hubo áreas de la administración en las que la laxa vigilancia facilitó la relajación de la disciplina y el incumplimiento de las leyes y reglamentos. Y con esto, muy posiblemente se incurrieron en irregularidades que merecen ser sancionadas.
Es deseable la revisión puntual del funcionamiento de las dependencias y organismos descentralizados, como también la rendición de cuentas. Ante el panorama presentado ayer, lo mejor es que se lleven las indagatorias hasta el final y se castigue a quien haya cometido delitos.
Y, el mismo criterio debe aplicar para quienes llegan, porque las dudas acerca de la capacidad y el perfil de algunos funcionarios de primero, segundo y hasta tercer nivel son más que fundadas. Y ya se sabe, muchas veces las anomalías surgen porque la incapacidad permea a todas las capas.
POR TOMÁS BRIONES
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