El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que encabeza la Comisión de la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, está en un pozo del cual difícilmente va a salir. En una extraordinaria, por insólita,entrevista con el diario The New York Times, reconoció que los chats de WhatsApp en donde sustentó la demolición de la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014, no pudieron verificarse como reales. Es decir, son falsos. “Hay unos que hemos desechado”, le dijo al periódico. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. La fuente que le entregó los chats, pantallazos de celulares, admitió Encinas, podría haberlos fabricado.
Los chats fueron esenciales para presentar la verdad alterna a la investigación del gobierno de Peña Nieto, que es sobre los cuales Encinas tejió la nueva narrativa para involucrar a militares con los sicarios de Guerreros Unidos, y acusarlos de formar parte de la estructura criminal para desaparecer a los normalistas y asesinarlos. Cuatro jefes militares están presos por esa acusación, incluido el entonces jefe del 27º Batallón de Infantería, el hoy general José Rodríguez. La acusación contra los militares fue autorizada por el presidente, a quien le mostró sus “pruebas”. Hoy se puede afirmar que le mintió al presidente y que detonó una confrontación con el Ejército a partir de mentiras.
En la entrevista con el Times, Encinas señaló que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real. “Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, dijo. El diario señaló que “la extraordinaria admisión —junto con una revisión de documentos gubernamentales, una grabación inédita hasta el momento y entrevistas con personas involucradas en la indagatoria—, indican cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos: una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave”.
Encinas consiguió al final de su investigación lo que parecía ser un gran avance, un conjunto de 467 capturas de pantalla que supuestamente se intercambiaron entre sí los criminales de Guerreros Unidos con miembros del Ejército y funcionarios locales, apuntó el diario. Los supuestos mensajes fueron dados a conocer por Encinas en una mañanera, para refutar las críticas al informe que la Comisión divulgó días antes, que no aportaba nada nuevo. De esas novedades, admite, mucho era falso.
El 4 de octubre se plantearon en este espacio las primeras dudas sobre la veracidad de los WhatsApp. “Lo más claro y contundente para ver la implicación del Ejército… es lo más opaco y frágil de la investigación de la comisión presidencial encabezada por… Encinas”, se apuntó. “Se trata de los 45 chats de miembros de… Guerreros Unidos… que describen con crudeza inhumana la forma como mataron y dispusieron de los cuerpos de los jóvenes, e involucran directamente a mandos del 27º Batallón de Infantería de Iguala, con lo cual Encinas aniquiló la verdad histórica del anterior gobierno. Sin embargo, enfrenta un importante obstáculo: carecen de sustento técnico y peritajes forenses, lo que ha llevado a dudas, dentro del gobierno actual, de si los chats son efectivamente reales.
“Funcionarios de dos de las dependencias involucradas están convencidos de que los chats son falsos y fueron inventados dentro de la comisión presidencial. El argumento que tienen los funcionarios tiene que ver con las pruebas de agua que están incorporadas en la pantalla de WhatsApp como fondo original, donde tiene íconos perfectamente reconocibles, como una silla, una mochila, una guitarra, una motoneta o un astronauta, entre otros. Estas figuras están fijas en el mismo lugar y no se repiten. La capturas de pantalla que presentó el informe de Encinas tiene íconos en diferente posición y en algunos casos se duplican”.
El Times señaló que un paquete con 467 capturas de pantalla que fue entregado por una sola fuente, y no las compartió con la Fiscalía General, a pesar de que podrían haber realizado en esa dependencia análisis forenses para verificar la autenticidad de los mensajes, “porque le preocupaba que se filtraran”. Esta declaración, en sí misma, es una confesión de delito. Encinas no es ministerio público, por lo que violó el artículo 250 del Código Penal por usurpación de funciones, que lleva como pena de uno a seis años de cárcel.
Esas deficiencias e insuficiencias técnicas no llevaron a Encinas a cuestionar la veracidad de los WhatsApp, aunque bajo su mando se encontraba Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso y que había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinarios de Expertos y Expertas Independientes, el GIEI, que sabiendo lo que se requería para verificarlo, dejó que el subsecretario acusara a los militares. Nadie en la comisión presidencial hizo un trabajo adicional: para haber podido construir la narrativa que presentó para incriminar a los criminales, tendría que haber tenido seis teléfonos celulares. No tenía ninguno y creó en su fuente.
“En todas las investigaciones hay aciertos y errores”, declaró Encinas a el Times. Cierto, pero hay de errores a errores. En 1994, el primer fiscal del Caso Colosio, Miguel Montes, afirmó a partir de un video que había habido una “acción concertada” para asesinar el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Peritos españoles que lo asesoraban, le mostraron su error, y presentó su renuncia. A diferencia de aquella equivocación, donde Montes y su equipo no violaron la ley, Encinas cometió delitos flagrantes, contra la administración de la justicia y una posible demanda penal de los militares acusados por daño moral.
Tarde o temprano estará ante un juez, porque la probable impunidad que le extenderá López Obrador es finita. Encinas no tiene la calidad moral de Montes, pero debería renunciar. Sin embargo, ni siquiera se ha dado cuenta del tamaño de su yerro, como demuestra la afirmación al Times que su investigación está respaldada en otras pruebas sólidas —salvo la que iba a cambiar la verdad sobre el Caso Ayotzinapa.
Por Raymundo Riva Palacio
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