CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Han pasado poco más de 21 meses de la masacre de 19 personas, 17 de ellos migrantes centroamericanos, en una brecha del ejido Santa Anita del municipio de Camargo en Tamaulipas y la justicia no ha llegado para ninguna de las familias.
La audiencia intermedia en la que se acusa a 12 policías estatales, ocho de ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), fue diferida de nueva cuenta, pues los abogados de los ahora ex policías han solicitado más tiempo.
La Fiscalía del Estado acusa a los elementos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad, según consta en la carpeta (23/2021).
De acuerdo con el alcalde de Comitancillo, Héctor López Ramírez, el 12 de enero del 2021, poco más de 30 personas salieron de esa ciudad y San Marcos principalmente en Guatemala, con destino a Nuevo León, a donde llegaron para de allí dirigirse a la frontera y cruzar a los Estados Unidos.
De ese lugar partieron, pero al cruzar por Santa Anita ya en Tamaulipas, una de las camionetas sufrió una avería; fue en ese momento cuando escucharon los disparos, sin embargo, por temor a también ser agredidos, continuaron el viaje, estaban a 69 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
El 22 de enero del 2021 fueron localizados los cuerpos de 19 personas, en una brecha del ejido Santa Anita del municipio de Camargo, cerca de los límites con Nuevo León, 15 fueron encontrados en la caja de una camioneta, con 113 impactos de bala.
Dos cuerpos más estaban en la cabina de la unidad y otros dos cerca de la puerta del piloto y copiloto, todos presentaban impactos de bala y fueron calcinados, para tratar de borrar el crimen.
Solo un día después, el 23 de enero, el coyote encargado de llevar al grupo a los Estados Unidos, llamó a las familias a Guatemala para informar lo que había ocurrido.
El 12 de febrero de ese 2021, fueron detenidos 12 policías estatales, 11 hombres y una mujer, por su probable participación en el homicidio de las 19 personas en la brecha en Camargo.
De acuerdo a la Fiscalía de Tamaulipas, los policías persiguieron y dispararon contra las 19 personas (16 guatemaltecos, un salvadoreño) y dos mexicanos (polleros), que buscaban llegar a Estados Unidos.
Luego prendieron fuego a las dos camionetas en que se trasladaban, una Chevrolet Silverado y otra Toyota Sequoya, además recogiendo del lugar la mayoría de los casquillos que dispararon, tratando de borrar evidencia de su participación en estos hechos.
Los detenidos, Mayra Elizabeth “V”, Jorge Alfredo “C”, Williams “F”, Édgar Manuel “A”, Horacio “R”, Carlos “R”, Jorge “C”, José Luis “L”, Héctor Javier “A”, Christian Eduardo “G”, Ismael “V” y Horacio “Q”, han tenido, algunos de ellos, diferentes abogados, debido a ello se han solicitado diferimientos en las audiencias, dilatando con ello, la justicia para las familias de las víctimas de esta masacre.
En enero del 2022 la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de Guatemala informó que detuvo a diez personas relacionadas con una banda dedicada al tráfico de migrantes, vinculada a la masacre ocurrida en Camargo, Tamaulipas.
Stuardo Campo, titular de la Fiscalía, explicó que se detuvo a nueve hombres y una mujer, quienes cobraban a cada migrante entre 95 mil y 120 quetzales (12 mil y 15 mil dólares), para llevarlos a Estados Unidos.
La banda denominada “Los Corona-Miranda”, era lidereada por el ex alcalde de Comitancillo, Ramiro Coronado Pérez y tres abogados, identificando a una jueza de primera instancia penal de San Marcos, Blanca Elizabeth González, de proteger a los delincuentes.
Luego de 19 allanamientos en el departamento de San Marcos, como parte de las investigaciones, se decomisaron alrededor de un millón de quetzales (125 mil dólares).
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
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— Expreso (@ExpresoPress) October 17, 2022
