El atrincheramiento de Raúl Ramírez Castañeda en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas supone un reto complejo para el Gobierno del Estado, en su intento por llevar ante la justicia a quienes saquearon las arcas públicas.
Hay suficiente evidencia de que el abogado zacatecano, que mantiene activo un bufete jurídico en San Pedro Garza García, sirvió durante la administración cabecista como brazo ejecutor contra los adversarios políticos, y como manto protector de los aliados.
El comportamiento de Ramírez Castañeda durante el tiempo que dirigió la Unidad de Inteligencia Financiera y luego la Fiscalía confirma que mientras se mantenga aferrado a esa posición, no va a mover un dedo para investigar a quienes cometieron evidentes actos de corrupción desde sus cargos públicos.
Anote en esa lista a Xicoténcatl González Uresti, el ex alcalde de Victoria que en contubernio con sus familiares y otros personajes fundamentales en el esquema de poder cabecista, usaron la administración municipal como su banco personal y como consecuencia, sumergieron a la ciudad en la peor crisis de su historia, una situación que aún hoy es difícil remontar.
Quizás porque sabe que el Fiscal no lo va a investigar, el ex presidente municipal optó por desatender los citatorios de la Contraloría Municipal con total impunidad.
Desde la Fiscalía General de Justicia se han mandado señales de entendimiento con el nuevo régimen, sobre todo, a través de un mensaje muy claro: la persecución contra los políticos morenistas que arreció durante el último proceso electoral, y que alcanzó al círculo más cercano del ahora gobernador, se instrumentó directamente desde la Fiscalía Anticorrupción.
Esa coyuntura aceleró la aparente ruptura entre el Fiscal General, Irving Barrios, y Raúl Ramírez Castañeda, a quien sólo lo sostienen dos factores que no son menores: por un lado, un par de jueces federales de Reynosa que encabezan la insistente defensa de los intereses del anterior régimen, con la concesión casi automática de todos los amparos que solicitan sus aliados.
Y la otra cuerda de seguridad de la que aún pende el Fiscal Anticorrupción es la bancada panista del Congreso.
Hasta donde se ve, buena parte de sus integrantes siguen dispuestos a obedecer los designios dictados desde el otro lado de la frontera por quien consideran su líder político, y no harán fácil la remoción de Ramírez Castañeda, por más que pongan sobre sus escritorios la evidencia de que no cumple los requisitos para permanecer en el cargo.
El equipo jurídico de Américo Villarreal ha dado los primeros pasos para desmantelar la red de protección que tejió para sí misma la anterior administración: la no ratificación de Horacio Ortiz Renán, las auditorías de la Contraloría, la anulación de notarías y la iniciativa para reformar la Ley de Aguas avanzan en ese camino, por el que también debe transitar el brazo político de la Secretaría General de Gobierno.
Porque a esos primeros tiros de precisión tiene que sumarse la operación en el Legislativo para que se concrete la salida de Ramírez Castañeda, y después, ya encarrerados, la dimisión de Jorge Espino Ascanio, el Auditor Superior del Estado.
Por Miguel Domínguez Flores
