La oposición al gobierno del presidente López Obrador no ha tenido éxito, entre otras razones, porque los adversarios políticos del primer mandatario y de la Cuarta Transformación han utilizado tácticas equivocadas e infructuosas.
El golpeteo sistemático que iniciaron el 2018 no solamente no les ha dado resultado, sino que, en la mayoría de los casos, en vez de debilitar al presidente y al partido en el poder los han fortalecido.
Esa fue una de las causas por las que, además de que perdieron gubernaturas tampoco quitaron la mayoría legislativa a la 4T, fracasó la alianza “Va por México” y todo apunta a que la denominada UNIDOS correrá igual suerte, si no cambian de estrategia.
No obstante que las derrotas aconsejan sustituir los actuales planes por otros más eficaces, los ideólogos, estrategas y operadores del PAN y aliados insisten en seguir por el mismo camino.
Los ejemplos más recientes, las reformas de la Guardia Nacional y la electoral, así lo demuestran.
A sabiendas de que las encuestas decían que la mayoría de los ciudadanos respaldaban la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028 votaron en contra y que, a pesar de que mediciones del INE afirman que el 87 por ciento de los votantes apoya la modificación electoral propuesta por AMLO, insisten en jugarle las contras.
Eso significa que, o que no les importa el parecer ni el sentir de los electores o están tan obnubilados con la idea de demeritar al tabasqueño, que no reconocen el error.
En contraste con lo que hacen en el rubro de los negocios, que solo inician un proyecto y arriesgan capitales en aquellos en que los estudios de mercado recomiendan una inversión, en el quehacer político, ignoran lo que dicen los estudios de opinión.
En Tamaulipas, mientras tanto, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha iniciado una batalla legal para tratar de echar abajo las reformas aprobadas por el gobierno de García Cabeza de Vaca para limitarle las funciones. A través de una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas enviada al congreso local, AVA pretende dejar sin efecto las disposiciones que le impiden remover a los gerentes de las Comapas de la entidad.
El proyecto de decreto ya está en manos de las comisiones de estudios legislativos y recurso de agua, listo para el análisis y dictaminación.
La propuesta plantea que se devuelva al ejecutivo estatal la facultad de designación y remoción de los gerentes generales de las paraestatales, como sucedía antes de la reforma del 30 de junio aplicada por la administración cabecista. Para lograrlo, sin embargo, tendrá que obtener el apoyo de la mayoría calificada de los integrantes de la 65 Legislatura.
Hablando de otras cosas, la que empieza a sobresalir es la Secretaría del Trabajo, Olga Sosa Ruiz. A un mes de asumir el cargo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje resolvieron los primeros 248 asuntos que dejó pendientes la administración anterior, la Junta de ciudad Victoria consiguió el arreglo de 195 y la de Tampico 53.
El objetivo de meterle celeridad al ritmo de trabajo es abatir el rezago en la materia. Con ese propósito se pretende llegar a 750 resoluciones al término del primer semestre y se ha reactivado la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Gracias a ello de los más de 20 mil asuntos que dejó sin resolver el gobierno del albiazul, en estos momentos las cifra bajo a 19 mil 617.
POR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
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