La amenaza de bomba al Congreso de Tamaulipas -con evidente tufo político- no pudo ocultar lo que está ocurriendo en la 65 Legislatura: una tendencia cada vez más clara para que Morena recupere una mayoría sólida que le permita volver a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política.
Los trascendidos que salían de los pasillos del Palacio Legislativo, incluso antes de que se alertara sobre la llamada anónima al 911, apuntaban a que unas horas después podría activarse una operación fulminante para que la Jucopo volviera a cambiar de manos.
La recomposición de la bancada morenista y lo que parece una nueva actitud de algunos diputados panistas, no sólo funcionarían para tomar el control administrativo, financiero y político del Congreso, sino para destrabar otros temas de vital importancia para la gobernanza del estado.
Por orden de trascendencia, el primero debería ser una contrarreforma para devolver a la Secretaría de Seguridad Pública todas las facultades que le fueron arrebatadas para traspasarlas a la Fiscalía General de Justicia.
Lo ocurrido ayer en Victoria fue el claro ejemplo de lo disfuncional que resulta este modelo frankenstein que se inventaron en el ocaso del anterior régimen.
Los centros de control (C4 y C5) pertenecen al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, un órgano que gracias al voto apurado de la bancada panista pasó a la esfera de la Fiscalía General de Justicia, y que está separado de la Secretaría de Seguridad Pública, que sin embargo sí está obligada a ser la primera respondiente en la mayoría de los hechos que ahí se denuncian.
En uno de esos centros se recibió la llamada (a través del 911) que supuestamente alertaba de la presencia de una bomba en el salón de plenos del Congreso de Tamaulipas.
El equipo jurídico del Gobierno del Estado ya trabaja en la iniciativa que echaría abajo los poderes de la “Super Fiscalía”, y en muchos casos solo necesita la mayoría simple, con la que contaría si además de Gustavo Cárdenas, se suma uno solo de los diputados priístas.
Es justamente la misma situación de la llamada “Ley Comapa”, que en caso de reformarse, podría permitir al gobernador remover y nombrar al nuevo gerente de la Comapa zona conurbada.
Se trata de una iniciativa que regresa la Ley de Aguas a la redacción que mantenía hasta antes de aquella polémica sesión del 30 de junio, que terminó en la mañana del 1 de julio.
Como no es una reforma constitucional, a Morena le alcanza con la mitad más uno para quitar los candados impuestos sobre un organismo que opera más presupuesto que la mayoría de los municipios “grandes” de la entidad.
Nadie dijo que sería fácil: a la propuesta jurídica generada desde Palacio de Gobierno debe sumarse una operación política quirúrgica en el Legislativo.
Para la Secretaría General de Gobierno, el Congreso de Tamaulipas y sus dinámicas deberían ser la prioridad absoluta en este momento, porque desde ahí pueden detonarse los grandes cambios que requiere la administración de Américo para asumir de lleno el control político de Tamaulipas.
Por Miguel Domínguez Flores
