Los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno del Estado para recuperar los organismos autónomos a los que la bancada del PAN les inventó un blindaje en el anterior periodo legislativo, no avanzan con la rapidez que se esperaría en Palacio de Gobierno por una razón que ya tienen bien detectada: la evidente incapacidad de la bancada morenista.
Cuando cayó la cabeza de Armando Zertuche como presidente de la Junta de Coordinación y como coordinador de su grupo parlamentario, muchos pensaron con cierta ingenuidad que mejoraría el desempeño del grupo de diputados que, se supone, responden a los ideales de la llamada Cuarta Transformación.
Craso error. La gestión de Úrsula Salazar Mojica ha sido igual de errática que la del reynosense, y el ambiente entre los integrantes de la bancada no es mejor que hace algunos meses.
Por el contrario, la llegada de Morena al poder alimentó la ambición de algunos legisladores -la coordinadora incluida- que quieren cobrar muy caro los supuestos servicios prestados en favor del triunfo de Américo Villarreal Anaya, lo que además desató una guerra intestina al interior de la maltrecha bancada.
En el cuarto de estrategias políticas y jurídicas de Gobierno ya se dieron cuenta de eso, y ahora tienen claro que si quieren recuperar el control de la Fiscalía, las Comapas y echar al Fiscal Anticorrupción, no será con el apoyo de su grupo parlamentario en el Congreso, sino a pesar de ellos.
Porque además de la incapacidad que muestran -desde luego, hay excepciones notables- en el Ejecutivo preocupa una evidente falta de entusiasmo en un momento coyuntural en el que tendrían que meterse al lodo para ganar la guerra por la Junta de Coordinación Política.
No deja de sorprender el tono que ha utilizado la diputada tampiqueña Úrsula Salazar, más preocupada por promocionar su imagen en el puerto para el 2024 que por entregar buenas cuentas en el Congreso, cuando se le cuestiona por la posible llegada de más diputados a su bancada y la recuperación de la Jucopo: “Eso no es prioritario para nosotros”, dijo el martes y pidió no politizar el tema, como si no estuviera parada justo en el recinto donde se tiene que ejercer la política, a través de la práctica parlamentaria.
Curioso posicionamiento de Úrsula, cuando la coordinación de la bancada del PAN sí tiene como prioridad seguir entorpeciendo todos los intentos del Ejecutivo por recuperar los hilos de la gobernanza.
Ese mismo martes por ejemplo, Félix “Moyo” García, se negó a convocar a la comisión de Estudios Legislativos para dar trámite a la reforma a la Ley de Aguas que quitaría los candados para remover al Gerente de la Comapa Zona Conurbada.
La estrategia del panismo, dictada desde las alturas del cabecismo, es obvia: dilatar lo más posible la discusión de esa reforma, y si es posible que no alcance a tramitarse antes de que concluya el actual periodo legislativo, el 15 de diciembre.
Exactamente la misma ruta van a tomar con la discusión de la contrarreforma que regresaría a Seguridad Pública el control del C3, C4 y C5, y quitaría a la Fiscalía las polémicas facultades que le dio la bancada blanquiazul en alianza con los priístas.
En ese contexto, resulta cada vez más difícil de explicar la actitud de la diputada Salazar Mojica, porque -aunque ella no lo comprenda- para el Gobierno del Estado sí es una prioridad conseguir más votos en el Congreso del Estado.
Por Miguel Domínguez Flores
