CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el apoyo de la panista Linda Mireya González Zúñiga, que al asistir a la sesión de este jueves dio el quorum para celebrar la sesión extraordinaria en el Congreso del Estado, Morena logró derrumbar la Súper Fiscalía que desde el mes de julio tenía el control del C3, C4, C5 y la UIFE.
El presidente de la Diputación Permanente, Isidro Vargas Fernández, encabezó la sesión a la que no asistieron los diputados del PRI y PAN, exceptuando a Mireya González de Acción Nacional, que en últimas sesiones había favorecido con su voto las iniciativas morenistas.
En la sesión que duró poco más de media hora, se resolvieron los dos dictámenes considerados en el orden del día, uno de ellos el de la llamada “Súper Fiscalía”, con lo que se devolvería a la Secretaría de Seguridad Pública, las funciones que en julio se había otorgado a la Fiscalía del Estado, además de eliminar la carta de antecedentes de no corrupción.
El diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez en su calidad de Secretario, informó que Edgar Melhem Salinas y Sandra Luz García Guajardo, justificaron inasistencia, sin embargo, con la asistencia de 19 diputados, alcanzaba el quórum para celebrar la sesión extraordinaria.
Con la aprobación unánime de los legisladores presentes, en un máximo de 60 días naturales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) en su unidad administrativa así como el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) y el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, pasarán a tomar parte de la Secretaría General de Gobierno.
Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), tendrá su adscripción en la Secretaría de Finanzas del Estado, debido a que sus atribuciones derivan de un convenio signado entre el Gobierno y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El otro dictamen que pasó sin problemas, fue el que deroga la figura de la Constancia de Antecedentes de No Corrupción, misma que se encuentra establecida como parte de los requisitos obligatorios para la inscripción de particulares en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública del Estado.
Dicha la constancia es expedida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y tiene un costo de tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), esto es 288.66 pesos.
El dictamen señala que la expedición del documento representa un acto autoritario, el cual genera un control injustificado desde la Fiscalía General de Justicia del Estado y no corresponde al ámbito de atribuciones de la misma.
“Esto debido que cuando hay datos o conocimiento de una presunta responsabilidad, se inician los procedimientos para imponer sanciones administrativas tanto a particulares como a servidores públicos”.
La sesión de ayer estuvo a punto de no realizarse, pues con la ausencia de las bancadas completas del PAN y del PRI, no se alcanzaba el quórum necesario.
Pero sobre la hora, justo cuando estaba agendado el inicio de la la Junta Previa a las 11:30 de la mañana, arribó al Pleno la diputada panista matamorense, Mireya González.
Con su presencia, se alcanzó la cifra necesaria de 19 diputados y pudo llevarse a cabo el orden del día.
Antes de realizarse la sesión ordinaria, se eligió a la nueva Mesa Directiva que fungirá a partir del 15 de enero cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.
En la presidencia fue electo el diputado de Morena, Isidro Vargas; y los secretarios serán Gustavo Cárdenas de Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, y Leticia Sánchez, de Morena.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
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— Expreso (@ExpresoPress) October 17, 2022
