La pasada administración estatal ignoró prácticamente en todo su sexenio la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de cumplir la Ley Nacional de Ejecución Penal y tratados internacionales, en relación con cientos de mujeres privadas de su libertad, lo que empeoró sus condiciones carcelarias y las de sus hijos.
Hasta 2022, en los 5 Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas había 239 mujeres y 27 menores de 6 años, sus hijos, con ellas también privados de su libertad.
La entidad era la segunda del país con más niños en cárceles al lado de su mamá, sólo abajo de la Ciudad de México, con 44, y por encima del Estado de México, 26; Veracruz y Guerrero, 25 cada una; Hidalgo, 18; Jalisco, 16; Sinaloa, 14; Sonora, Nuevo León y Chiapas, 13 cada una; Chihuahua, 12; y Nayarit y Michoacán con 11 cada una.
Una sola Recomendación, la 60/2019 sobre las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del estado de Tamaulipas, que la CNDH envió al entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, el 11 de septiembre de 2019, revela cómo 239 reclusas entonces y sus 27 hijos carecían de condiciones de respeto a su dignidad y de apoyos para su reinserción social.
El documento recordaba que el Diagnóstico Nacional 2018 de centros penitenciarios del País urgía la construcción de una prisión destinada exclusivamente para la población femenil en Tamaulipas, a lo que no se dio cumplimiento.
La falta de este espacio “representa una situación de vulnerabilidad para estas (mujeres encarceladas), ya que no se encuentran separadas de los hombres y muestra, además, la ausencia de elementos básicos de habitabilidad, salud, trabajo, capacitación, educación y deporte, en términos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, sintetizó la CNDH.
El organismo le presentó a Cabeza de Vaca la “cruda realidad” que viven las féminas en los 5 Cedes mixtos de Tamaulipas que visitó y en los que entrevistó a las reclusas: los de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira.
Hasta junio de 2019, el de Altamira tenía 778 internos, 26 eran mujeres y un niño menor de 3 años convivía con su mamá.
El Cedes “tiene una capacidad para 26 internas en 1 módulo con 26 estancias unitarias, cada una con servicio sanitario con inodoro, lavabo y regadera, por lo que todas las internas duermen en una cama.
Las instalaciones presentan deficiencias en el mantenimiento por falta de pintura; la visibilidad al interior de las estancias se encuentra obstruida con maderas, cobijas y cortinas que ponen ellas; la luz natural y la ventilación no se filtra en las estancias”. Y enlistó la instalación eléctrica hechiza; suministro de agua irregular (por tandeo), en botes; y la mayoría de regaderas sin funcionar. Hombres y mujeres conviven en las zonas de comedores y para la visita íntima las 2 estancias en el área femenil son insuficientes.
“No hay servicio médico, cocina, talleres, lugares destinados para la atención de niños y niñas que conviven con sus madres ni visita por locutorios y familiar, éstos últimos se comparten con el área varonil”.
Esa defensoría observó que las féminas carecen de actividades laborales remuneradas, se autoemplean y en un salón de usos múltiples cocinan en mesas y estufas de su propiedad, con el objeto de vender los productos que realizan. Al área educativa, con pizarrón, pupitres, escritorio y estantes con pocos ejemplares para lectura, asisten 3 a clases de alfabetización, 10 a la primaria, 7 a la secundaria y 4 al bachillerato.
En el patio en área verde con juegos infantiles las internas reciben la visita familiar. Cuando ellas requieren atención médica tienen que ir al consultorio varonil el cual cuenta con 6 médicos generales (3 hombres y 3 mujeres).
“No hay abasto de medicamentos y en caso de urgencia son trasladadas al Hospital Regional de Altamira; no tienen ginecólogo, pero la Secretaría de Salud del Estado lleva a cabo campañas de salud por lo que se les realizan estudios de papanicolaou y mastografías semestralmente”, subrayó.
Toallas femeninas, papel higiénico, pasta dental, cepillo de dientes y desodorante, los adquirían con sus propios recursos.
En 2 teléfonos públicos con tarjeta de prepago podían hacer llamadas. A la hora de la comida no cuentan con utensilios para su consumo y al niño no se le da una alimentación acorde a su edad.
El Cedes de la capital Victoria tenía en 2019, mil 10 personas privadas de la libertad, 84 eran mujeres y 12 menores de 3 años. En el área para féminas, parte del mismo reclusorio, sólo cabían 65 internas.
De 22 estancias, 21 tenían 2 camas. En un galerón separaciones con tabla roca permitían algo de privacidad. Un 20 por ciento de los sanitarios en las estancias no cuentan con regadera y el inodoro no funciona.
El área de visita íntima luce sin mantenimiento y en el 50 por ciento de las estancias faltan las regaderas. La CNDH destacó que “no hay servicio médico, cocina, talleres, aulas, biblioteca, ni espacios destinados para la atención de niños y niñas que conviven con sus madres”.
Cincuenta y 6 internas elaboraban bolsas y pulseras artesanales para obtener ingresos; otras lavaban ropa y vendían alimentos.
Doce mujeres iban a la escuela, 1 en primaria, 3 en secundaria, 7 en preparatoria y 1 en licenciatura. Y en las instalaciones deportivas las reclusas practican esporádicamente zumba.
Recibían a sus familiares en el área femenil, pero también en la varonil y podían hacer llamadas en teléfonos públicos con tarjeta de prepago.
También sufrían escasez de medicamentos; 5 médicos generales hombres las atendían, pero no había ginecólogo ni pediatra. En caso de urgencia “se llama a un especialista”. Las toallas femeninas las recibían de forma parcial a través de donaciones de asociaciones civiles.
El Cedes “no las contempla como un insumo a proporcionar”. Papel higiénico, pasta dental, cepillo de dientes y desodorante, los adquieren con sus propios recursos.
“Se observó que existe separación parcial entre hombres y mujeres ya que comparten el área médica, los talleres y el aula. Afuera del área femenil 2 internos custodian la zona femenina y sólo ingresa quien ellos autoricen. Los hechos violentos y de riesgo impactan de forma continua a las mujeres.
En el Cedes de Matamoros, de 744 personas privadas de la libertad, 38 eran mujeres y había 7 menores de 3 años.
El área destinada para las mujeres tiene una capacidad para 112 internas, con 30 estancias, 28 con 4 camas cada una.
Cada estancia cuenta con servicio sanitario, con inodoro, lavabo, con deficiente mantenimiento y en el 50 por ciento no hay regaderas.
Tampoco hay servicio médico, cocina, talleres, aulas, biblioteca, visita por locutorios y familiar. Treinta y 5 internas también hacen bolsos y pulseras para subsistir.
Doce mujeres eran estudiantes; 2 en primaria, 3 en secundaria y 7 en preparatoria. Dos médicos generales varones las atendían. No contaban con ginecólogo ni pediatra.
La adquisición de toallas femeninas, papel higiénico, pasta dental, cepillo de dientes y desodorante corría por su cuenta.
El Cedes prepara los alimentos con deficientes condiciones de higiene. Las mujeres comparten con hombres el servicio médico y el área escolar.
La cárcel tiene una instancia infantil con cuneros y áreas recreativas que atiende a los hijos e hijas de las internas (en el momento de la visita había 7 niñas y niños menores de 3 años), “pero éstas mencionaron que no se usa y que sólo lo abren para enseñarlo”.
En el Cedes de Nuevo Laredo, la población total era de 709 personas privadas de la libertad, 34 féminas. El área para ellas tiene una capacidad para 70 internas, con 18 estancias con 4 camas cada una, cuenta con sanitario con inodoro y lavabo, en inadecuadas condiciones de mantenimiento; en el 70 por ciento de ellos falta la regadera.
“En esa zona se observaron ratas y cucarachas”, lamentó la CNDH. También enfatizó que “no hay servicio médico, cocina, biblioteca, ni espacios destinados para la atención de niños y niñas que conviven con sus madres”. Las mujeres no realizan actividades laborales ni de capacitación.
Una de ellas estudiaba licenciatura en el sistema abierto. Eventualmente las reclusas practican zumba, voleibol y basquetbol.
Un médico general hombre lo mismo atiende a los masculinos que a ellas; no hay ginecólogo y al igual que las internas de los otros Cedes tienen que hacerse con sus medios de toallas sanitarias, papel higiénico, pasta dental, cepillo de dientes y desodorante.
Hombres y mujeres comparten el área escolar, servicio médico, visita familiar e íntima, patio y espacios deportivos, en libre convivencia sin supervisión, “aún en las áreas exclusivas para ellos, sobre todo a quienes tienen ahí a su pareja”. Un grupo de internos cuidaba el ingreso del área femenil.
Y otro grupo de mujeres controla la dinámica del área en coordinación con internos. Finalmente en el Cedes de Reynosa, había mil 238 personas privadas de la libertad, 60 eran mujeres y 3 personas menores de edad.
La zona femenil tiene capacidad para 112 internas, con 30 estancias en deficientes condiciones de mantenimiento, 28 con capacidad para 4 camas.
Cada una cuenta con servicio sanitario con inodoro, lavabo y regadera, pero el 60 por ciento de ellas carece de esta y de agua corriente.
En las aulas y la visita íntima “los inodoros están descompuestos y no tienen regaderas”. No hay locutorios, cocina, talleres ni servicio médico, así como tampoco lugares destinados para la atención de niños y niñas que conviven con sus madres. A través del sistema para adultos, 2 mujeres asisten a la primaria, 5 a la secundaria y 12 al bachillerato. La actividad deportiva no tiene apoyo para la adquisición de algún equipo.
El área médica en la zona de mujeres es usada como bodega y el servicio médico es compartido con el de los internos, lo dan 5 médicos, 4 hombres y 1 mujer.
No hay ginecólogo ni pediatra. Toallas sanitarias, papel higiénico, pasta dental, cepillo de dientes y desodorante, los adquieren con sus propios recursos. A los niños no se les proporciona alimentación acorde con su edad, “ya que carecen de ella y la consiguen a través de donativos”. La separación entre hombres y mujeres sólo se lleva a cabo en los dormitorios.
Algunas internas hacen comercio, lavado de ropa y venta de alimentos sin supervisión de las autoridades.
En resumen, la CNDH evidenció ante Cabeza de Vaca que los 5 Cedes “no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad e infraestructura adecuadas para ellas, contraviniendo el artículo 18, párrafo segundo constitucional, que mandata ‘las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados destinados a los hombres para tal efecto’”.
Por Magdiel Hernández
