CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Pagos en nómina sin justificación, compras de productos que no aparecen y gastos irregulares en medicamentos y servicios integran los hallazgos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el gasto de la Secretaría de Salud durante el 2021.
En total, el organismo detectó irregularidades financieras por 597 millones 526 mil pesos, por el mal uso de recursos federales durante el penúltimo año de la administración panista.
Los informes entregados esta semana por la ASF a la Cámara de Diputados, corresponden a la revisión de la manera en que la anterior administración utilizó el “Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral” y el “Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud”.
En ambos casos señaló manejos irregulares del gasto federalizado por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, que incluyen millones de pesos en pagos sin justificar.
En el programa de medicamentos gratuitos, a través del cual el INSABI aporta recursos económicos y en especie para los estados, la ASF encontró que durante el 2021 los Servicios de Salud de Tamaulipas reportaron erogaciones por 384 millones 765 mil pesos para el capítulo de servicios personales, es decir el gasto relacionado con la nómina.
De esa cantidad, solo proporcionaron el registro contable y evidencias del gasto de 52 millones 369 mil pesos.
Cuando el organismo se lo señaló a la Secretaría, se aportaron comprobantes de otros 287 millones 142 mil pesos, pero no pudo justificar el pago de 45 millones 253 mil pesos, mismos que ahora exige la ASF que sean aclarados o devueltos.
La Secretaría de Salud estatal también hizo mal uso del gasto federal que se debió haber aplicado en materiales, suministros y servicios generales, y cuyo destino final no se conoce porque nunca se comprobó.
En este caso son 353 millones 404 mil pesos que nunca pudieron justificar que se hayan aplicado de manera correcta.
Por estos presuntos desvíos el órgano de control interno de la Secretaría de Salud habría iniciado un procedimiento administrativo para determinar responsabilidades, pero a la fecha no se sabe de ninguna sanción.
La exigencia de la Auditoría es que se aclare el destino del recurso.
La ASF también levantó un pliego de observaciones porque la anterior administración no pudo acreditar que se haya devuelto a las cuentas públicas un monto de 265 mil pesos de 48 cheques cancelados.
El dictamen entregado al Congreso de la Unión que podría derivar en acciones legales, establece que “en conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
Quebranto en el FASSA
La Auditoría Superior de la Federación también detectó irregularidades cometidas durante el 2021 por la Secretaría de Salud en el uso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que aporta recursos a los estados para la prestación de servicios de salud a la población que no está incorporada en algún régimen de seguridad social.
En esta ocasión, también incurrió en pagos irregulares por servicios personales, es decir sueldos y compensaciones del personal.
El organismo fiscalizó una muestra de 3,148 millones de pesos, y el Gobierno del Estado solo contaba con la comprobación de 821 millones 296 mil pesos.
Cuando la ASF solicitó la información específica, aportaron documentación para justificar 2,325 millones de pesos, por lo que quedaron sin comprobar 143 millones de pesos. Por estos hechos, se formuló una de las dos solicitudes de aclaración que dejó esta auditoría.
La otra fue porque tampoco pudieron justificar el gasto correcto de 45 millones 448 mil pesos en pagos que se realizaron dentro del presupuesto de materiales, suministros y servicios generales, lo que fue una constante en la revisión realizada por la Auditoría a las cuentas de la Secretaría de Salud durante el ejercicio fiscal 2021.
Estas irregularidades también derivaron en tres pliegos de observaciones por un total de 5 millones 977 mil pesos.
Se detectó por ejemplo que se pagaron 1 millón 467 mil pesos a trabajadores que no debían recibirlo porque habían tramitado permisos sin goce de sueldo.
Se presume otro daño a la hacienda pública por 2 millones 784 mil pesos por no acreditar la devolución de recursos después de que se cancelaran cheques.
Finalmente se exige la aclaración o devolución de 1 millón 726 mil pesos porque no entregaron evidencia de los productos que se adquirieron en cuatro contratos para recibir suministros de laboratorios para el programa micobacteriosis, productos farmacéuticos para el departamento de vacunación universal, equipo dental para el programa de salud bucal y adquisición de equipo dental.
En suma, la Auditoría determinó que la anterior administración “infringió la normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 195 millones 088 mil pesos”.
Por Miguel Domínguez Flores
Expreso-La Razón
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— Expreso (@ExpresoPress) October 17, 2022
