El presidente Felipe Calderón no solamente llegó al cargo mediante un fraude electoral, sino que una vez al frente de la Presidencia procedió a la militarización del país, ante el silencio de los panistas, los jerarcas del PRI y del sector empresarial que ahora protestan contra la violencia y la permanencia del ejército en las calles emprendida por el michoacano.
Desde el inicio del mandato se hicieron mal las cosas.
El día de la de toma posesión, por ejemplo, el presidente se vio obligado a entrar y a salir del Congreso para rendir apresuradamente en seis minutos la protesta de ley por la puerta trasera y rodeado de policías y de soldados, mientras cinco mil efectivos del Estado Mayor Presidencial cerraban los accesos con vallas metálicas en un perímetro de cinco kilómetros a la redonda de la sede del poder legislativo federal y francotiradores se mantenían alerta en puntos estratégicos.
Se entonó el himno nacional antes de recibir la banda presidencial, error que luego se rectificó, y el presidente entrante tampoco hizo uso de la palabra. Luego se trasladó al auditorio nacional y por la noche ofreció una cena a una reducida delegación.
Para tratar de legitimarse y que los ciudadanos olvidaran la elección amañada con la que había llegado a los Pinos, según unos o por órdenes del presidente George W. Bush, de acuerdo con otros, magnificó la amenaza que en aquellos momentos representaba el narcotráfico para el Estado, solamente quería justificar el uso de la fuerza militar para combatir a la delincuencia organizada.
Este fue el pretexto por el que el 11 de diciembre de 2006, a once días de asumir el cargo, emprendió la guerra contra los cárteles del narcotráfico, en el fondo también para militarizar la tarea de seguridad pública y convertir a los soldados en policías.
Sin analizar a fondo las fortalezas y debilidades de la delincuencia organizada, tampoco el grado de infiltración de esta en las distintas esferas e instituciones del gobierno, empezando por las policiales, como recomienda toda guerra, el primer mandatario ordenó el combate y, como consecuencia de la improvisación, lo único que consiguió fue elevar los niveles de violencia que hoy padece el país.
De las veinte organizaciones criminales que operaban en el 2007 el número aumentó a 200 en el 2011.
El saldo de la narcoguerra fue terrible: 121 mil 683 muertos, a decir del INEGI, y 26 mil 121 desaparecidos, a decir de la Secretaría de Gobernación durante del sexenio de Peña Nieto, sin olvidar que Calderón ocultó los números reales, como denunció el ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Santiago Corcuera.
La violencia criminal alcanzó tales extremos que altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el jefe de Inteligencia, Dennis Blair, entre ellos, calificaron el gobierno calderonista como un Estado Fallido e informaron que los decesos habrían rebasado los 165 mil homicidios.
La señora Clinton declaró, además, que los cárteles del narcotráfico habían empezado a parecer grupos insurgentes como los de Colombia veinte años atrás.
A fin de evitar este tipo de información y especulaciones dañinas para la imagen gubernamental, el presidente Calderón ordenó que se reservaran hasta 2024 los documentos que contienen las cifras verdaderas de las víctimas mortales causadas durante el llamado “México Seguro” con el que se bautizó la operación.
POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
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