VICTORIA, Tam.- Con la llegada del nuevo gobierno de Tamaulipas y tras concluir el proceso de entrega-recepción, que incluyó la revisión de los recursos materiales, económicos y de personal, se derivaron 45 denuncias por diversas irregularidades encontradas.
Sin embargo ninguna de ellas ha prosperado al grado de que ninguno de los implicados ha sido llamado a cuentas.
La lentitud de este proceso contrasta con la labor realizada por la Fiscalía durante la anterior administración Han pasado más de siete meses de que la nueva administración tomó las riendas del Estado y hasta hoy, no se ha judicializado una sola de las carpetas de investigación, no se han reportado avances de las mismas, que incluyen delitos como desvío de recursos, coalición de servidores públicos, peculado, cohecho, uso indebido de atribuciones, entre otros”.
Las denuncias están en la cancha de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular se encuentra envuelto en un limbo legal, pues aún no se resuelve el Amparo tramitado, con el que busca permanecer en su puesto, pese a no aprobar los exámenes de control y confianza a que la Ley le obliga.
Esta realidad contrasta con la vivida hace apenas unos meses, particularmente durante el último tramo de la anterior administración. En ese periodo, cuando arreció el proceso electoral del 2021 y 2022, la Fiscalía Anticorrupción abrió diversos procesos por los que tuvieron que solicitar amparos diferentes funcionarios y políticos ligados al partido Morena.
Entre ellos se encuentran los alcaldes de Reynosa, Carlos Peña Ortiz; de Matamoros, Mario Alberto López Hernández; de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas; y de Victoria, Eduardo Gattás. También se aceleró una indagatoria contra la diputada Úrsula Salazar Mojica.
“En Tamaulipas la corrupción no se negocia, se denuncia y se castiga, ¡nadie por encima de la ley!”, esa fue la bandera con la que se creó y aprobó en julio de 2017 por el Congreso de Tamaulipas una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas.
Sin embargo, desde esa fecha y luego de más de mil denuncias que ese organismo ha recibido para investigar, solo el 5%, han sido judicializadas, de acuerdo con información de la misma dependencia. La mayoría, son casos relacionados con quienes pudieran considerarse adversarios políticos de la anterior administración.
La Contralora Gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo informó al Congreso del Estado en su comparecencia el pasado 18 de abril, que en el proceso de entrega-recepción se detectaron 319 inconsistencias.
De ellas 45 se integraron como denuncias que se entregaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y luego derivadas ante la Fiscalía Anticorrupción, que informó a través de sus redes sociales, apenas un par de diligencias el 4 y 17 de abril. La primera de ellas en coordinación con la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, la segunda en coordinación con la dirección de Asuntos Notariales del Gobierno del Estado.
Apenas el pasado 3 de mayo, el Congreso aprobó llamar al Fiscal, Raúl Ramírez Castañeda, para que informara los avances logrados en materia de combate a la corrupción, entre estos, el estado que guardan las 45 denuncias interpuestas por la actual administración en contra de ex funcionarios, incluyendo al mismo ex gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Citado un día después a las 10:00 horas, los diputados que integran la Comisión Anticorrupción del Congreso de Tamaulipas, esperaron al Fiscal que nunca llegó.
La diputada Úrsula Salazar leyó una carta enviada por Ramírez Castañeda donde explicaba que compromisos pactados con anterioridad para esa fecha, le impedían asistir, asegurando que en próxima fecha que se estableciera para asistir, lo haría.
El diputado presidente de la citada comisión Anticorrupción del Congreso Local, propuso que se le cite el próximo lunes a las 17:00 horas en el salón Independencia, lo que fue aprobado, por lo que de LA FECC ha presentado resultados disparejos nueva cuenta lo estarán esperando.
Los números de Raúl Ramírez Castañeda a frente de la Fiscalía son disparejos. El informe del 08 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, da cuenta que en ese año se integraron 488 carpetas de investigación y 27 averiguaciones previas.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, publicado en el 2021, ubican a la de Tamaulipas en un nivel de cumplimiento apenas “regular” en el marco jurídico.
En esas fechas, la Fiscalía no contaba con reglamento interno, manual de procedimientos, protocolo de investigación ni de audiencia y tampoco de protección a testigos, y en el eje de resultados su calificación simplemente fue catalogada como deficiente.
Entre el 2021 y 2022, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas tuvo un incremento en su presupuesto del 14 por ciento, sin embargo, pasó de tener 13 Ministerios Públicos en 2020 a tan solo ocho en 2022.
El presupuesto para el 2022 es de 27 millones 120 mil 552.43 pesos para una nómina de 72 personas de la Fiscalía, entre otros el titular con un sueldo de 16 mil 745 pesos, dos escoltas con un sueldo mensual bruto de 22 mil 501.20 pesos, un secretario particular.
Además de 3 peritos profesionales, 9 agentes del MP, 3 actuarios ministerial, 4 oficiales ministeriales, un oficinista, jefes de departamento, intendentes, un titular de unidad, director administrativo, coordinadores, un capturista, auxiliares técnicos y auxiliares profesionales.
También por primera vez se logró obtener recursos propios a través del Proyecto de Inversión del programa “Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública” a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP).
La compra de 2 millones 770 mil pesos incluyó 10 computadoras de escritorio, un router, una cámara de video, un vehículo Pick Ups 6 cilindros y tres vehículos sedan.
Con todo ese equipo y personal, se esperaría que los resultados fueran diferentes, más carpetas judicializadas, más sentencias y que todo se hiciera más rápido, lo que no ocurre.
En prácticamente todas las dependencias de gobierno hay denuncias, según informó la Contralora Norma Angélica Pedraza Melo, aunque es la Secretaría de Economía la que suma un mayor número de denuncias con 18.
Después la Secretaría General de Gobierno con 11, mientras la Secretaría de Administración tiene tres y el resto de las dependencias con al menos una denuncia.
“Los presuntos delitos que se identifican en estas denuncias que se han presentado, tienen que ver con coalición de servidores públicos, peculado, cohecho, uso indebido de atribuciones, entre otros”, dijo en su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado.
El caso de la Secretaría General de Gobierno, incluye el tema de las fíats de notario público y patente de aspirante a notario, que se entregaron a discreción en los últimos meses de la pasada administración.
En total fueron 45 las que se entregaron de manra ilegal, algunas de ellas ya han sido canceladas, en otros casos, los beneficiados decidieron renunciar a ellas, y con ello tener derecho a volver a concursar por alguna vacante.
Sin embargo, por estos hechos hay faltas administrativas señaladas y algunas denuncias penales por delitos como tráfico de influencias, cohecho, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y delitos cometidos en el ejercicio de funciones administrativas.
POR PERLA RESÉNDEZ