El escándalo que protagoniza el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, es un ejemplo claro del daño que se infringió a las instituciones de procuración de justicia durante la anterior administración estatal.
Hoy, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción -un organismo que debería ser fundamental para llevar ante la justicia a los responsables del saqueo presupuestal- está convertida en un circo.
Ese es el triste legado que dejarán sus dos más recientes titulares: Javier Castro Ormaechea, hoy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, y el mismo Raúl Ramírez, quien se aferra por todos los medios a seguir cobrando como Fiscal.
Castro Ormaechea inauguró el modus operandi de la Fiscalía: desde sus oficinas se dirigieron todo tipo de causas judiciales contra políticos de diferentes partidos y corrientes cuyo única característica común era ser considerados adversarios del régimen cabecista.
En los tiempos de Ormaechea, la Fiscalía Anticorrupción apretó a figuras priístas como Oscar Almaraz, que -así por las buenas- terminó trabajando para el PAN; e incluso a panistas como Leticia Salazar o Carlos Enrique Canturrosas, los dos que le disputaron la candidatura por la gubernatura a Francisco García Cabeza de Vaca aquel 2016 ya lejano.
Con Ramírez Castañeda se perfeccionó el método de la presión política.
Ya en el 2022, y con Morena en franco ascenso, el abogado zacatecano emprendió una persecución política masiva.
Empapeló a personajes como Eduardo Gattás, Carmen Lilia Canturosas, Mario López Hernández, Carlos Peña Ortiz y Úrsula Salazar Mojica.
En el ocaso del sexenio cabecista, en una espiral de ocurrencias legislativas, se le concedió al susodicho Fiscal una facultad mayúscula: a través del otorgamiento de una “constancia de no corrupción”, podría vetar o palomear a cualquier proveedor que pretendiera ofrecer sus servicios al nuevo gobierno. Un disparate.
También se le entregó el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, donde empezó a despachar a Román Vasconcelos Álvarez, fiel escudero de Ramírez Castañeda a quien ahora buscan integrar a la Fiscalía Anticorrupción.
Luego, ya bajo la administración morenista, Ramírez ha protagonizado un espectáculo que cada día se torna más bochornoso.
Haber reprobado los exámenes de control y confianza es una causa válida para ser removido de su cargo, pero eso no ha ocurrido porque recurrió a un viejo conocido suyo y de muchos otros operadores del régimen anterior: el juez Faustino Gutiérrez Pérez, con sede en Reynosa, que otorga suspensiones a destajo.
Ambos se las han ingeniado para enredar un juicio de amparo que le permitirá al Fiscal permanecer como intocable durante varios meses más.
Como consecuencia de todo esto, la pomposamente llamada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sufre una parálisis de la que solo sale para sancionar a agentes de tránsito, policías y oficinistas de bajo rango en la escala burocrática.
ESTRENAMOS TERTULIA
Esta noche, a través de las distintas plataformas de EXPRESO-LA RAZÓN publicaremos el primer episodio de TERTULIA, un podcast en el que participo junto a Pedro Alfonso García Rodríguez y Mario Flores Pedraza.
La idea es analizar la agenda pública de Tamaulipas y dialogar con sus protagonistas.
Lo esperamos.
SESIÓN IMPORTANTE
Esta semana, el Pleno del Congreso sesionará dos veces. Hoy será la segunda y los morenistas prometen que serán abordados asuntos trascendentales. ¿Les alcanzarán los votos?
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
