Como parte de un poder semiautónomo cuyos nombramientos dependen de propuestas del Ejecutivo federal y aprobaciones del Congreso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia están perdiendo la virginidad y se están involucrando en la política como para darle la razón al presidente López Obrador de que un verdadero poder judicial autónomo debe depender de la sociedad a través de elecciones.
La ministra presidenta Norma Piña Hernández acaba de ser rebasada en su autoridad institucional por otros ministros que están accediendo por la libre a espacios mediáticos que desbordan sus funciones de discreción en la toma de decisiones, debilitando su posición de liderazgo dentro del Poder Judicial.
El posicionamiento en modo de exabrupto del ministro Alberto Pérez Dayán y un artículo del ministro expresidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en Milenio revelaron la falta de dirección estratégica en la Corte y exhibieron la debilidad de la ministra presidenta Piña, cuya falta de malicia la llevó a cometer cuando menos tres errores estratégicos: permanecer sentada en un acto protocolario presidencial como forma ostentosa de protesta, caer en el juego mediático de asumirla como un poder de contrapeso personal ante el presidente de la República y confrontarse en textos telefónicos con el presidente de la mesa directiva del Senado.
La Corte ha ido perdiendo su función de poder vigilante del cumplimiento de la Constitución y ha comenzado a politizar sus funciones: el ministro Zaldívar introdujo el concepto de democracia participativa en un debate constitucional en el pleno y ahora el ministro Pérez Dayán salió con la argumentación política de que existe la figura de “juez democrático”, reconociéndole al Poder Judicial influencia directa en la configuración de las prácticas democráticas del sistema político y el régimen de gobierno.
El ministro Pérez Dayán, al tiempo que se confrontó con el Poder Ejecutivo y le mandó el mensaje retador de que “no nos doblarán”, consideró que la función democrática de un juez radica en sus facultades para “obligar a la autoridad a cumplir con sus obligaciones”, cuando en términos jurídicos la función de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial es la de obligar al respeto a la Constitución.
La crisis en la Corte fue abierta por el presidente López Obrador a través de su propuesta de regresar a una etapa anterior del México Independiente en el que los togados eran electos por voto popular, porque en la actualidad los responsables máximos del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia carecen de autonomía absoluta porque fueron propuestos por el presidente de la República en turno y tuvieron que pasar el examen en el Senado, en tanto que el jefe del Ejecutivo y los miembros del legislativo fueron electos de manera directa a través del voto libre, universal y secreto.
La función constitucional de la Corte es la de defender la vigencia y el respeto a la Constitución y tomar decisiones ante presuntas circunstancias de falta de apego al mandato constitucional. Un juez no es democrático si existe un apego al concepto de que la democracia es un sistema de equilibrios políticos y reglas legales, además de que la democracia se basa en la participación popular en toma de decisión. La democratización del derecho y de las leyes debe llevar a un debate que se localiza en el escenario presidencial de darles a los jueces, magistrados y ministros representatividad popular a través del ejercicio democrático y directo del pueblo en procesos electorales para su designación.
Por impericia política y pánico escénico, la ministra Piña ya perdió el control de las funciones de la Corte y en los pasillos judiciales comienza a analizarse la posibilidad de su sustitución.
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Política para dummies: La política es la antítesis del derecho.
Por Carlos Ramírez
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