CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Violaciones a derechos humanos, incidentes violentos, falta de supervisión de los penales por parte de los titulares, así como deficiencias en la alimentación, higiene, actividades ilícitas como extorsión y sobornos, entre otros aspectos negativos, mantuvieron en el 2022 a las cárceles de Tamaulipas con una calificación de 4.26, la más baja en el país.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, da cuenta de una calificación reprobatoria en los cinco penales del estado, que pasó de 5.73 en 2021 a 4.26 en el 2022, donde el único aspecto positivo fue que no existe hacinamiento.
Durante el año previo en los centros penitenciarios de la entidad se registraron 7 incidentes violentos de los que cuatro fueron homicidios, dos se denunciaron como suicidios de internos y una riña.
El Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Matamoros obtuvo la calificación más baja con 4.09, seguido del penal de Altamira (4.44); Reynosa (4.49), Victoria (4.58) y el Cedes de Nuevo Laredo al que se le otorgó una calificación de apenas 4.79.
En las visitas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se observaron deficiencias importantes, entre otras, la atención para aquellos que están en condiciones de aislamiento.
Pero también deficiencias en los servicios de salud, prevención de violaciones a los derechos humanos y de atención en casos de detección, así como la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, también la falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del director.
Deficiencias en la alimentación, e higiene en las instalaciones, incluyendo la cocina, talleres, áreas deportivas, dormitorios, área médica, incluso la inexistencia de las mismas áreas.
En algunos penales se detectó durante la supervisión de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ejercicio de funciones de autoridad por parte de los mismos presos (autogoobierno).
Falta de capacitación del personal penitenciario, insuficiente personal de custodia y seguridad, lo que propiciaba actividades ilícitas, entre otras, extorsión y sobornos.
Otras deficiencias identificadas fueron la inapropiada separación entre procesados y sentenciados, deficiente integración del expediente técnico-jurídico, inadecuada vinculación de los presos con la sociedad, insuficiente o inexistencia de actividades deportivas, educativas, laborales y de capacitación.
También deficiencia en la atención a personas adultas mayores, con discapacidad, indígenas, LGBTTTI y en programas para prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Otro aspecto que se destacó en el informe de la Comisión de Derechos Humanos en 2022, fue en el caso del Cedes de Reynosa, una deficiente atención a las mujeres y sus menores hijos que viven en ese lugar con ellas.
De manera general en el 2022 se encontraban internas 28 mujeres con hijos viviendo con ellas.
Mientras que en los penales de Altamira, Matamoros y Nuevo Laredo se detectó una deficiencia en la atención a personas privadas de su libertad adultas mayores; identificando a 204 personas de 60 años y más internadas en alguno de los cinco penales del estado.
Aquellos con alguna discapacidad, tienen dificultades para su movilidad, pues no cuentan con facilidades o adecuaciones en los Cedes de Victoria, Altamira, Matamoros y Reynosa, sumando 98 internos.
En el caso de la atención a personas con VIH o Sida, las deficiencias de atención se detectaron en el penal de Altamira, sumando 37 al 2022, mientras que para la población LGBTTTI la desatención está en las cárceles de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, siendo un total de 13.
La deficiencia en los programas para la desintoxicación voluntaria o prevención de adicciones no existe en ninguno de los cinco centros penitenciarios estatales de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Altamira, contabilizando al menos a siete personas drogo dependientes.
Otros números de personas internas en cárceles de Tamaulipas indican que hay 99 personas extranjeras, 63 con alguna discapacidad psicosocial, 15 pertenecientes a alguna comunidad indígena.
Durante el año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 59 quejas por violaciones de derechos humanos a personas privadas de su libertad en alguno de los Cedes del estado.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
