Aun sin arrancar oficialmente el proceso electoral de 2024 —de acuerdo con la ley debe ser en la primera semana de septiembre—, el proselitismo prematuro de todos los partidos, entró en un terreno enrarecido y preocupante por la incesante ola de violencia que azota al país.
En los últimos 10 días, tres tragedias han sacudido el escenario político. Primero fue el caso de Zayma Zamora García, activista y excandidata de Morena, identificada como operadora política de Adán Augusto López y de Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal también por Morena. Fue asesinada en Poza Rica por varios hombres armados justo cuando bajaba de su vehículo. La investigación se ha mantenido prácticamente bajo reserva y se desconoce el verdadero móvil.
El segundo caso fue el desplome del avión privado del empresario Daniel Flores Nava, dueño de Proyecta Industrial de México, favorecido con contratos de más de 20 mil millones de pesos por Adán Augusto siendo gobernador de Tabasco y luego como titular de Gobernación. Horas antes, el empresario había estado en Orizaba acompañando al exsecretario y a Sergio Gutiérrez, candidato a Veracruz, en un acto proselitista. Si bien se habla que el accidente derivó de una falla mecánica, no deja de resultar extraño que dos operadores de Adán Augusto hayan fallecido en una misma semana.
Paralelamente, el exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, también sufrió la pérdida de un hombre clave, el empresario guerrerense José Guadalupe Fuentes Brito, tío de Rubén Hernández Fuentes, pareja de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Se trató de un misterioso asalto cuando se trasladaba junto con su hijo por la autopista del Sol. Un testigo presencial también fue asesinado por los mismos ejecutores.
Estos hechos, aunque aislados en apariencia, reflejan una inquietante realidad, en ambos casos dos de los operadores políticos murieron de forma violenta y un tercero ha generado suspicacias de un posible atentado.
En un país donde, en tan sólo cinco años han sido asesinados más de 160 mil personas y desaparecido otras 120 mil, ante la inoperancia de los cuerpos de seguridad y la actuación impune del crimen organizado, es iluso pensar que no tendrá ninguna injerencia en el proceso electoral que se avecina y en el que estarán en juego cerca de 20 mil cargos de representación popular, incluida la Presidencia de la República.
Es, bajo este escenario que surge una preocupación: la seguridad de los precandidatos y en su momento, candidatos.
A medida que se acerque el inicio de campaña y, en plena promoción electoral, todos los aspirantes tendrán el mismo riesgo de sufrir algún atentado. Es una realidad que se debe afrontar con seriedad y determinación.
En este contexto, el gobierno del presidente López Obrador tiene una responsabilidad crucial: garantizar la seguridad de cada uno de los aspirantes, sin distinción alguna, ya que no se trata de un asunto que pueda tomarse a la ligera, es una cuestión de seguridad nacional y estabilidad democrática. Se requiere también de una cooperación estrecha entre las fuerzas de seguridad civiles con el Ejército y la GN, los partidos políticos y la sociedad, para hacer frente a la amenaza que representa el crimen organizado.
POR MIGUEL ÁNGEL GODÍNEZ GARCÍA
