El Presidente de la República es un hombre de ideas fijas. A lo largo de su mandato, en sólo una ocasión ha reconocido públicamente que “cambió de opinión”, y fue para legitimar su estrategia de militarización de la vida pública, cuando durante años había afirmado que, de llegar a la Presidencia, regresaría al Ejército a los cuarteles.
A pesar de ello, nunca dio las razones que lo llevaron a ese giro drástico en su perspectiva de cómo construir gobierno.
La estructura del Paquete Económico 2024 que recientemente se presentó ante el Congreso de la Unión obedece a esa lógica y hace patente que las prioridades presidenciales se llevarán hasta sus últimas consecuencias hasta el final del mandato.
Se estima que para el próximo año el Estado mexicano dispondrá de 9.6 billones de pesos para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), un incremento de 4.3% real respecto de lo aprobado en 2023. Es importante observar que poco más de uno de cada cinco pesos se estará gastando en pensiones (1.5 billones de pesos), incluido el programa de “pensión universal para personas adultas mayores”.
Esto es reflejo del acelerado proceso de envejecimiento de la población, pero también de una prioridad construida a costa de otros grupos de población para los cuales se regatea inversión, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes.
El costo financiero de la deuda es de 1.3 billones, una cifra 11.8% superior al del año previo, lo cual revela que en este sexenio sí ha habido endeudamiento, y que ha sido de una magnitud más allá de lo que en la retórica pública se ha querido reconocer.
Así pues, el gobierno de la República ha diseñado un presupuesto que concentra la mayor cantidad de recursos en la Secretaría de Bienestar (que administra el programa de adultos mayores), con casi 544 mil millones de pesos; en segundo lugar, se encuentra la Secretaría de Educación Pública, con 425,756 millones de pesos.
Destaca Sedena que tiene un crecimiento presupuestal espectacular de 117,388 millones de pesos, a 259,434 millones entre 2023 y 2024. Lo mismo ocurre con la secretaría de Energía la cual pasará de 51,773 millones a 193,179 millones de pesos. Hay una enorme reasignación de recursos de la Secretaría de Salud al IMSSBienestar.
El otro incremento sustantivo en recursos se da en la Secretaría de Marina Armada de México, la cual pasa de casi 44 mil millones en 2023 a casi 72 mil millones en 2024.
Mientras que en la Secretaría de Gobernación el incremento va de 8,246 millones a 10,869 millones.
En sentido contrario, hay una importante reducción en áreas clave para el desarrollo del país: en Semarnat hay un recorte de 79,257 millones en 2023 a 70,245 millones en 2024 (12.8% menos); en Sedatu el recorte es de 15,997 millones a 12,880 millones (reducción de 24.2%); en la Secretaría de Turismo cae de 152,552 millones a 1,974 millones (debido a la finalización del Tren Maya).
Es cierto que el PEF es el principal instrumento de la política económica del país; pero es igualmente cierto que es el principal instrumento de la política de que dispone el Ejecutivo federal.
Con la asignación presupuestal, y con la asignación de quiénes son las y los responsables de la ejecución del presupuesto, los presidentes distribuyen poder y mando, y en este caso, cuando el presidencialismo vive uno de sus momentos más poderosos en los últimos 40 años, es más que emblemático.
En un régimen como el nuestro, las prioridades presupuestales deben entenderse como prioridades políticas, porque la discrecionalidad, el voluntarismo privan y porque la planeación democrática es prácticamente inexistente.
Lo que se hace una vez más evidente con todo ello es la relevancia de la división y el equilibrio entre poderes, pues de otro modo el país seguirá atrapado en visiones unipersonales, en un ejercicio poco democrático del presupuesto; y en el incumplimiento permanente del mandato y proyecto que están sintetizados en el paradigma constitucional de los derechos humanos.
