La espera llegó a su fin, este día un Juez dictó un fallo en el caso Camargo, decretando la culpabilidad de 12 policías en el homicidio de 19 personas, 17 de ellos migrantes a quienes además de dispararles, les prendieron fuego. Hechos registrados el 22 de enero del 2021 cerca del rancho Piedras en Díaz Ordaz, donde los elementos policiales, mostraron “un total desprecio por la vida” y “una brutal ferocidad con la que se les arrebató la vida”, señaló el Juez del tribunal de enjuiciamiento Patricio Lugo Jaramillo.
Aunque el fallo se daría el miércoles, fallas en el Internet en el penal de Altamira, impidieron que uno de los policías acusados, pudiera estar presente de manera virtual en la audiencia, por lo que se reprogramó.
Este jueves, el Juez del tribunal de enjuiciamiento Patricio Lugo Jaramillo leyó el comunicado de la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con migrantes Guatemala, en donde se solicitaba medidas de apremio de las víctimas indirectas (familias) para el juez, por los inconvenientes en la conectividad, las cuales dijo, no fueron atribuibles a él.
Las familias de las víctimas, siguieron desde Comitancillo la audiencia que duró casi 8 horas, en la sala F del Centro Integral de Justicia del municipio de Victoria, donde el juzgador, al comunicar el fallo, se apoyó de la carga probatoria presentada de casi 80 elementos, entre testigos, especialistas, investigadores y diferentes pruebas documentales y tecnológicas.
Todo esto, para esclarecer lo ocurrido entre las 10:00 y las 15:00 horas de aquel sábado 22 de enero del 2021, cuando un convoy de tres patrullas de la Policía Estatal y tres black mambas blindadas del Grupo de Operaciones especiales (Gopes), persiguió y disparó contra un grupo de migrantes que se trasladaban en dos camionetas.
La agresión iniciaría a la altura del rancho Piedras de Díaz Ordaz, donde el grupo policial persiguió a las dos unidades, misma que concluyó en el kilómetro 25+700 en una brecha que conduce a los límites de Tamaulipas con. Nuevo León.
Durante los tres meses y medio en que se presentaron las pruebas y testigos, se estableció que en estos hechos participarían alrededor de 24 efectivos, cuatro policías estatales y 20 Gopes. La oficial Mayra Elizabeth “V”, encargada del operativo “Frontera Chica” y de ciudad Mier, era la responsable de las acciones donde se dio muerte a las 19 personas, mientras Horacio “R” Comandante Nambo, el responsable de los Gopes y quien, de
acuerdo con el policía Ismael “V”, encendió un papel y luego prendió fuego a las camionetas a las que previamente se roció con gasolina.
El Juez de tribunal de enjuiciamiento unitario reiteró que estas acciones denotan “un total desprecio por la vida y una brutal ferocidad con la que se les arrebató la vida”, lo que repitió en al menos tres ocasiones en diferentes momentos.
Se sumó a la petición de las familias quienes claman justicia, pues “ni todo el dinero del mundo los regresaría a la vida”, por lo que era importante esclarecer qué ocurrió aquel fatídico 22 de enero del 2021 en que fue arrebatado uno de los bienes más importantes que tiene un hombre como es la vida. “Tal parece que es un delito salir de su casa, con peripecias, pagando quetzales”, destacando que esas personas solo estaban buscando una mejor vida para ellos y sus familias”.
Destacó las declaraciones de los dos testigos, vecinos del rancho Piedras en Díaz Ordaz, uno de ellos, Nicasio “R”, quien se presentó en audiencia y narró que vio pasar las camionetas con los policías que disparaban a otras con personas a bordo.
También la declaración de Salvador Villareal Morín, otro de los vecinos quien falleció antes de que iniciara el juicio, pero quedando constancia de lo que vio ese día, donde dijo que vio pasar unas patrullas, entre ellas unas tipo “monstruos” de color azul, que perseguían a unas camionetas blancas. Señaló el hecho que guardianes del orden (policías), encargados de proteger a una sociedad, integrantes de una colectividad, persiguieran a unos indocumentados tirando balazos.
El Juez señaló que también se logró acreditar los movimientos de las patrullas 1508, 1350, 1295 donde viajaba Mayra Elizabeth, encargada del operativo y de otras tres de los Gopes, ese día en que las 19 personas fueron muertas, todo ello con pruebas de los gps de las unidades. También que el informe policial homologado cuenta una historia distinta a la que realmente ocurrió, por lo que la policía Marya Elizabeth faltó a la verdad, ya que además se alteró la escena del crimen, luego que la camioneta Pick Up donde fueron encontrados 15 cuerpos, recibió 113 disparos, sin embargo solo se encontraron 8 casquillos.
Señaló que las pruebas demostraron que las armas encontradas en las camionetas correspondían a una “simulación”, de los policías acusados, explicando que es imposible que no fueran usadas, de ser cierto que les pertenecían, pues se trataba de un instinto natural de supervivencia. Además de la contundencia de las pruebas y declaraciones de los peritos, que establecieron que la gran mayoría de los disparos se hicieron desde la parte de atrás de las camionetas, algunos de ellos laterales, fueron realizados con la puerta abierta, y casi todos, mientras las unidades estaban paradas.
Calificó como “acción titánica” la realizada por el grupo de peritos que logró identificar a las víctimas, con una efectividad del 99.9 por ciento, esto, pese a que tenían quemaduras de cuarto grado y algunas habían perdido extremidades posteriores o inferiores, producidas por el fuego. También se logró determinar en la mayoría de las víctimas, la forma en que murieron, siendo esta por heridas de arma de fuego y luego de todo este trabajo, se pudo entregar a sus familias para su sepultura. Será en una audiencia el próximo martes, cuando el juez dicte la individualización de la sentencia y reparación del daño, es decir, establezca la pena que alcanzarán los 12 policías detenidos por este crimen y el pago a los deudos.
A 11 de ellos la Fiscalía acusa de homicidio calificado con la agravante de premeditación y ventaja, abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones administrativas, al que se agrega el de falsedad en informe dados a una autoridad para Mayra Elizabet “V”. Mientras que para Ismael “V”, los delitos de abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones administrativas.
POR PERLA RESÉNDEZ
