Los últimos 33 meses fueron para las 16 familias de los migrantes asesinados en la masacre de Camargo, una lucha por ser escuchados y tener acceso a un sistema de justicia que no está preparado para incluirlos adecuadamente en estos procesos. Los padres, madres e incluso hermanos han podido mantenerse informados y al tanto de los avances para identificar a los responsables de lo ocurrido gracias al acompañamiento legal brindado por la Red Jesuita con Migrantes (RJM) en Guatemala y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la cual trabaja desde México.
Desde el Estado de Guatemala, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni alguna otra entidad les brindó este servicio, pese a que en 2021, el presidente Alejandro Giammattei realizó una serie de ofrecimientos a las familias y aseguró que recibirían acompañamiento del gobierno.
Pero ese apoyo recibido duró sólo unos meses. «Su ayuda fue básicamente con el traslado de los cuerpos a sus comunidades para los entierros, pero después hubo cosas muy curiosas. Por ejemplo, en un taller que realizamos con las familias, el Ministerio de Agricultura intervino para hablar con los familiares y entregarles una bolsita de semillas, que cabía en la mano de cada uno. Ellos se quedaron muy sorprendidos», relata José Luis González, coordinador de la RJM.
Ante la ausencia del Estado, fue la solidaridad de los pobladores de Comitancillo, e incluso el apoyo económico de migrantes radicados en Estados Unidos, lo que impulsó a las familias hacia mejores condiciones en los últimos años. Gracias a eso, todas han recibido ayuda para construir viviendas y mejorar su calidad de vida. La hermana de Santa Cristina, por ejemplo, fue operada después de la tragedia, cuando la noticia llegó a oídos de profesionales de la salud.
Desde lo ocurrido, en México se iniciaron investigaciones para deducir responsabilidades por estos asesinatos. En Guatemala, en cambio, el Ministerio Público (MP) se desligó de la investigación aduciendo que debido a que los hechos ocurrieron en otro territorio, no era competencia de la entidad investigar. Sin embargo, realizaron operativos para identificar a los «coyotes» que trabajan en el territorio de Comitancillo.
Tener acceso al proceso judicial fue el primer gran desafío que enfrentaron las familias. Muchos de ellos son personas cuyo principal idioma no es el español, además de que no tenían experiencia previa o conocimiento de un proceso de este tipo. La primera reacción de los familiares ante lo ocurrido fue la resignación y la desidia. Solamente querían recibir los restos de sus seres queridos, darles una digna sepultura e intentar seguir con su vida.
Otros pocos sí insistieron en la importancia de esclarecer lo sucedido para evitar que algo como esto volviera a pasar.
Sumado a eso, debido a que a nivel nacional la cultura de denuncia no es la que predomina, vecinos y demás parientes cuestionaban la necesidad de «desgastarse» en un juicio para alcanzar justicia. «Se sentían desmotivados porque en su comunidad les decían: “¿Por qué tiene que seguir usted ese proceso que es muy cansado? Ya deje a su familiar en paz, no lleve ese proceso porque le va generar muchas enfermedades”», cuenta la psicóloga que les acompaña hasta la fecha.
También hubo temor a que la resolución del caso no fuese favorable para las víctimas y hubiera represalias para los familiares. «Los papás pensaban que si perdían el caso y los policías quedaban libres, iban a venir por ellos. En ese proceso manejaron mucha angustia y ansiedad, horas y noches sin poder dormir», relata González.
Depresión, desintegración familiar, alcoholismo, estrés e incluso problemas de salud les afectaron. El caso de Marcelina es una muestra de ello. Al nacer su hija menor no había muchas expectativas de vida para ella. Devolverle la salud no fue fácil; sin embargo, hoy es una niña de dos años que juega y ríe mientras sus padres, Marcelina y Marco Antulio Pablo, recuerdan lo duro que fue el trayecto hacia una sentencia condenatoria.
«Recordar esta tragedia nos pone nostálgicos —dice Marco Antulio—, el migrar no es un delito, es un derecho, pero lamentablemente las personas se sienten dueñas de un país, no lo somos».
En el juicio desde México, como constantemente sucede también en Guatemala, hubo una serie de retrasos para entrampar el proceso. Debido a que las audiencias se llevaban a cabo en Tamaulipas, el juez a cargo autorizó que las familias pudieran participar de ellas por medio de videoconferencias.
De esa forma podían estar al tanto de los avances. El abogado Escalante relata que no fue el Estado el que facilitó un espacio y recursos para que las familias pudieran conectarse a dichas audiencias, sino la RJM, quienes se convirtieron en los asesores legales de las familias desde los primeros días después de la tragedia, con apoyo de la Fundación para la Justicia.
En numerosas ocasiones, las audiencias fueron suspendidas o interrumpidas por distintas razones. Debido a la precariedad de los caminos, los cuales son de terracería, en montañas muy alejadas del casco urbano, para las familias movilizarse desde sus casas hasta el centro de Comitancillo implicaba una inversión importante de tiempo y recursos.
Asistir a las audiencias virtuales, por lo tanto, era sacrificar una jornada de trabajo y gastar en transporte. Por esas razones, explica Marco Antulio, este proceso se sintió como una lucha cuesta arriba, en donde todo parecía estar en contra de las familias.
«Las distancias y carencias económicas de las familias eran tan evidentes que para trasladarse algunas personas al lugar donde se eligió para las audiencias viajaban de dos a cuatro horas, otras debían pagar un vehículo particular que los llevase al centro de Comitancillo, que representaba un gasto entre 100 y 300 quetzales por persona. Además perder un día completo de trabajo implica no recibir unos 50 o 100 quetzales por persona», explica el abogado del caso.
No obstante, en ese vaivén, las familias formaron entre sí un grupo de apoyo para no desmotivarse y entender juntos las etapas del juicio. También entendieron la importancia de alcanzar una sentencia, con el único fin de obtener justicia y sobre todo evitar que esto se repita.
«Hoy creo que pueden hablar del caso y percibo mucha resiliencia. Uno de ellos me dijo en una ocasión: “Yo ya he perdonado, no me alegra saber que los policías van a estar encerrados tantos años porque me imagino que ellos también tienen hijos, pero entiendo que tienen que pagar. El proceso es por justicia, no es una venganza”», dice González.
Una sentencia parteaguas
En horas de la mañana del 30 de octubre, el juez Patricio Luego leyó y explicó su sentencia final. De los 12 policías implicados, 11 fueron sentenciados a 50 años de prisión por homicidio, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas. Una de las acusadas, Mayra Vázquez, también fue sentenciada por falsedad de informes dados a la autoridad. Ella fue quien realizó el informe policial, el cual tenía una serie de inconsistencias. En México, la fiscalía solicitó una pena de 50 años por cada víctima; sin embargo, la legislación del país establece esa cifra como pena máxima.
El agente Ismael Vázquez, de 28 años, fue la pieza clave de la investigación pues sus declaraciones desmintieron los informes falsos y testimonios de sus compañeros.
En la sentencia, la cual consta de poco más de 1,000 páginas, se detalla como medida de reparación a las familias el pago de 335,709 pesos mexicanos —unos 145,000 quetzales— por cada víctima. Además, los sentenciados quedaron inhabilitados de poder ejercer cargos públicos por ocho años. A partir de hoy, los abogados defensores cuentan con diez días para presentar alegatos y pedir la reposición del juicio. Algunos de ellos ya han manifestado intención de hacerlo.
No existe un registro exacto de cuántos guatemaltecos mueren en su camino hacia Estados Unidos, debido a las condiciones infrahumanas en las que viajan, ataques de parte del crimen organizado, abusos policiales, secuestros o asaltos, entre otras circunstancias. En los últimos años, no dejan de registrarse tragedias de esta magnitud. Pero ninguna de estas muertes se ha esclarecido y, mucho menos, llegar a una sentencia condenatoria.
«De todas las masacres, —explica González—, esta es la primera sentencia y eso indica que la justicia llega pero que hay que tener una alianza de organizaciones como gobiernos, justicia y, sobre todo, tener una unidad entre familiares de las víctimas que creemos que ha sido lo más importante de este proceso». Fue en parte, una coincidencia que la mayoría de las víctimas sea originaria del mismo municipio, Comitancillo, y esto facilitara cierta unidad entre los familiares.
Esta sentencia se considera un logro histórico que deja un precedente importante para no permitir más impunidad en estos casos.
En esta tragedia, añade González, los autores fueron policías y por tanto el Estado está implicado, es responsable de lo ocurrido. Esto también lo vuelve un caso emblemático.
A partir de este hecho, muchas cosas han cambiado en Comitancillo. Otras siguen igual.
Por un lado, la migración no se detiene, ni siquiera ha disminuido. Pero hoy no respira el mismo aire, hoy aquellos que fueron escépticos y cuestionaron el esfuerzo de las familias, de buscar justicia y asumir el desgaste de un juicio de este nivel, tienen un motivo para confiar en que no puede haber impunidad por la muerte de migrantes.
«Solamente con haber logrado el fallo ya cambió algo muy importante para Guatemala y toda la región, no se puede permitir que estos casos queden en impunidad. Hace unos meses era impensable un fallo así, porque ha habido masacres anteriores que aún están en espera de una resolución», explica el coordinador de la RJM.
Antes, las familias renegaron del tiempo perdido entre audiencias suspendidas. Hoy, aseguran que su presencia y persistencia fue importante para llegar a esta etapa final.
«Ha cambiado mucho la concepción de justicia en las familias y en la comunidad. Las personas que les decían que para qué iban y no iban a lograr nada ahora tienen un motivo para creer en la justicia», reflexiona Otilia Agustín.
PARTE II
Kimberly Rocío López
Con información de: Perla Reséndez López
Con colaboración de: Border Hub
