CD. VICTORIA, TAM.- Durante el 2022, en el último año de la anterior administración, Tamaulipas gastó 7.1 millones de pesos más en traslados y viáticos (620 millones) que todo el presupuesto para búsqueda de personas en los estados del país.
De hecho, el estado tuvo el segundo gasto más bajo destinado para resolver la crisis de desaparecidos. A pesar de que el tema de desaparecidos es prioritario en el país, las comisiones de búsqueda no cuentan con recursos suficientes para los procesos de búsqueda, reveló un informe de Elementa DDHH y Política Colectiva.
“En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de búsqueda en 2022 hace un análisis de los recurso que gastaron las entidades y lo compara con lo que las comisiones estatales de búsqueda del país erogaron en 2022.
En esa anualidad se erogaron 612.9 millones, lo que pone en evidencia el reto que representa dotar de los recursos que requieren para enfrentar el reto de buscar a los desaparecidos.
Así, la inversión hecha por los estados a las Comisiones Locales de Búsqueda sólo representó el 0.45% de todo lo que gastaron en asuntos de orden público y de seguridad interior (seguridad), que fueron 136,895 millones de pesos.
“Con esta publicación buscamos sensibilizar sobre los pocos recursos con el que cuentan las Comisiones Locales de Búsqueda, esperando que las familias de las víctimas tengan más argumentos y herramientas para exigir un mayor presupuesto y apoyo para garantizar la búsqueda efectiva de sus seres queridos”.
Se tomó como referencia las cifras contenidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), como instrumento oficial que organiza y concentra la información sobre personas desaparecidas y no localizadas en todo el país. Mientras que vía Transparencia, Política Colectiva requirió información sobre el gasto total que ejercieron las Comisiones Locales de Búsqueda de todos los estados durante 2022.
El resultado es que las Comisiones ejercieron 612.9 millones de pesos, lo que representaría una inversión de tan solo 5,925 pesos destinados a la búsqueda de cada víctima, menos de un mes de salario mínimo por cada víctima de desaparición.
“Esto significa que únicamente el.02%del presupuesto de los gobiernos estatales se fue a estas dependencias: 612.9 millones de un total de 2.5 billones de pesos”.
Y aunque gran parte del presupuesto que destinan los gobiernos estatales a este problema es transferido y etiquetado desde la Federación; el tamaño de la crisis y la responsabilidad de las autoridades locales sobre el tema, hace necesario que también aporten una importante cantidad de recursos estatales, sobretodo si se quiere garantizar acciones sostenibles en el tiempo.
Al 31 de diciembre del 2022, Tamaulipas registraba 12,562 personas desaparecidas, ubicándose en el segundo lugar nacional, sin embargo el presupuesto de la Comisión de Búsqueda fue de apenas 1,358,478.30 pesos, el segundo presupuesto más bajo para una Comisión en el país.
Los números a esa fecha señalan que tan solo se invirtieron 108.14 pesos para la búsqueda de cada víctima de desaparición en la entidad, muy lejos de los 5,925 pesos promedio en el país.
La situación de la entidad contrasta con la de Jalisco, el estado con más personas desaparecidas, pero que destinó poco más de 7,500 pesos en promedio por persona desaparecida.
Otros datos del informe, señalan que en la Comisión de Búsqueda de Tamaulipas, la gran mayoría del recurso ejercido fue para servicios personales (nómina), y solo una pequeña parte para el capítulo de servicios generales (luz, agua, Internet, etc).
Durante el año pasado, del total del presupuesto para gasto en Tamaulipas, apenas el .0019 por ciento fue para la Comisión Estatal de Búsqueda.
“Poner en perspectiva el tamaño de la inversión de los estados en las Comisiones Locales de Búsqueda con otros conceptos alerta sobre la importancia de atender este problema y redirigir recursos”.
Los resultados obtenidos y plasmados en el informe, reflejan una muy baja inversión de recursos destinados para la búsqueda de personas y que se suma a una lista de problemas que padecen las víctimas y las familias de la víctimas.
Entre otras la impunidad, luego que en más de 113 mil casos de desaparición, solo en 35 se ha sentenciado a los perpetradores (mayo del 2022); además de una crisis forense, con más de 5,600 fosas clandestinas en todo el país y más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Tampoco se han implementado los Registros Nacionales de fosas comunes y clandestinas, de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, ni el Banco Nacional de Datos Forenses.
La estigmatización y criminalización de las víctimas y sus familiares por parte de las autoridades encargadas de atenderles; falta de análisis de contexto y estrategias para prevenir la desaparición de personas.
También la falta de armonización legislativa, pues a la fecha solamente 20 estados cuentan con leyes locales de desaparición y la falta de coordinación interinstitucional y entre los diferentes órdenes de gobierno.
Entre las recomendaciones que Elementa DDHH y Política Colectiva presentan en el informe, como el establecer una sobretasa del .05 por ciento al impuesto sobre nómina para destinarla al fondo estatal de búsqueda o víctimas.
Proponer al Congreso del Estado una contribución sobre los derechos vehiculares o trámites de la Secretaría General de Gobierno en la Ley de Ingresos para destinarla a la Comisión Local de Búsqueda.
Así cada vez que una persona adquiera una licencia de conducir, pague sus placas o un cambio de propietario estaría contribuyendo con un monto fijo para financiar la búsqueda de personas.
Fijar un monto específico para la Comisión Local de Búsqueda en función de los ingresos de libre disposición o del total del presupuesto, lo que podría asegurar recursos propios de los estados a esta dependencia, lo que ya sucede en Veracruz, donde la Ley de Desaparición en su artículo 49 establece que la Comisión Local de Búsqueda tendrá por lo menos el .025 por ciento del total del Presupuesto de Egresos.
Exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, en particular a las Secretarías encargadas de la política social, a revisar la compatibilidad de sus programas de ayuda con el apoyo a familiares víctimas de desaparición o a colectivos de búsqueda.
Establecer en las legislaciones locales que un porcentaje específico del gasto en comunicación social y publicidad oficial se vaya a la divulgación de fichas de personas desaparecidas.
POR PERLA RESÉNDEZ
