Un requisito para aquellos que aspiren a puestos de elección popular en 2024, es el cumplimiento de la “8 de 8”. Los ocho cánones sujetos a escrutinio abarcan la condición de no haber sido condenado o sancionado, con sentencia firme, por: 1) violencia familiar o doméstica, ya sea en el ámbito privado o público; 2) delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; 3) deudas alimentarias que menoscaben las obligaciones sostenibles; y, por la comisión intencional de los siguientes delitos: 4) contra la vida; 5) contra la integridad corporal; 6) contra el desarrollo psicosexual normal; 7) de violencia familiar equiparada; y 8) por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en todas sus manifestaciones y variantes.
En la última sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), celebrada el pasado siete de noviembre, se suscitaron discrepancias entre los consejeros respecto a la temporalidad de las sentencias sujetas a revisión. Mientras la consejera Carla Humphrey propuso extender la fecha de las sentencias firmes hasta 1999 o 2011, en coherencia con acuerdos anteriores del propio INE, la mayoría del pleno respaldó la fecha del 30 de mayo de 2023. Esto se aplica a los casos contemplados en el artículo 38 Constitucional, fracción VII. Asimismo, para las candidaturas a senadurías y diputaciones federales, se considerarán las sentencias firmes a partir del 14 de abril de 2020, según lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El INE y las autoridades administrativas electorales locales, como el Instituto Electoral de Tamaulipas, llevarán a cabo una revisión minuciosa de la documentación correspondiente a cada caso. A nivel federal, el INE presentará su anteproyecto de acuerdo antes del 13 de mayo de 2024 para la aprobación de comisiones Unidas y, posteriormente, ante el Consejo General antes del 15 de mayo de 2024.
Para evitar que individuos con historial de agresión hacia las mujeres accedan al poder, la ciudadanía desempeña un papel clave, según señaló la consejera Dania Ravel. En 2021, las denuncias ciudadanas fueron fundamentales para identificar tres casos de información falsa entregada al INE, ya que las vías institucionales fueron obstruidas por autoridades que negaron o afirmaron carecer de la información.
Es así que, la participación activa de la ciudadanía y las organizaciones de mujeres resulta esencial para prevenir la postulación de personas con antecedentes de violencia. Las consejeras Rita Bell López y Norma de la Cruz también subrayaron la responsabilidad y congruencia exigidas a los partidos políticos en el registro de candidaturas que cumplan con la “8 de 8”.
La “8 de 8” constituye una medida jurídica y, a la vez, un recordatorio imperativo de nuestra responsabilidad compartida en la construcción de una democracia libre de violencia de género.
El llamado es para la ciudadanía, con el propósito de que denuncien, ante el INE o el IETAM, a las candidaturas que no cumplan con la “8 de 8”. Por la erradicación cualquier indicio de conducta agresora que pudiera infiltrarse en los círculos de poder, ¡la 8 de 8 contra la violencia de género, va!
¿Usted, qué opina?
POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA