CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En medio de la lucha política por el municipio de Matamoros, el alcalde morenista Mario López Hernández, y el diputado local del mismo partido, Alberto Granados Favila, fueron denunciados ante las autoridades.
Enfrentados entre sí desde hace meses, son acusados por diversos delitos.
El Presidente municipal, quien concluye su segundo periodo el próximo año, fue denunciado por la ahora ex Directora de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio, Yolanda Chavira Estrada, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
La ex funcionaria municipal relata que fue despedida de su cargo como represalia política por negarse a sumarse a la campaña de Mario López por la diputación federal en el Distrito 4 de Matamoros.
En su denuncia señala que en el pasado mes de octubre fue citada ante la encargada de Recursos Humanos del municipio, Claudia Muller, quien le informó que ya estaba dada de baja y le pidió que formara su renuncia.
“Quiero hacer especial hincapié que en fechas previas a mi despido, el presidente municipal MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ me había girado instrucciones para que formara comités políticos para su estructura de proyecto personal de la candidatura a diputado federal por el 4 Distrito, a lo cual me negué, primero por no ser parte de mi trabajo y mis funciones del empleo que desempeñaba como Directora, segundo por no ser parte de su proyecto, ya que la suscrita formo parte del grupo político del Lic. José Alberto Granados Favila.
La ex funcionaria señala en otra parte de su denuncia de hechos, que esta es la razón por la que fue despedida, pues a raíz de la publicación de unas fotografías en apoyo a Granados, quien busca la candidatura a la alcaldía, el presidente municipal dio la orden de que todos los funcionarios que aparecieran en las imágenes fueran dados de baja.
“Quiero agregar que no soy la única que ha sufrido violencia política de género por parte del imputado, el presidente municipal Mario López Hernández, existen varias compañeras que fueron despedidas por la misma razón, pero tienen miedo de denunciar y sufrir represalias”.
La denuncia es interpuesta por delitos establecidos en la Ley General en materia de Delitos Electorales y va en contra del alcalde Mario López, la encargada del departamento de Recursos Humanos, Claudia Muller, y el encargado de la Secretaría del municipio, Guillermo Sánchez Garza.
«Es increíble la cerrazón, es inadmisible la agresión cotidiana que el alcalde Mario López Hernández ejerce sobre el personal que labora en el municipio para atender las decisiones de apoyar políticamente a su pequeño grupo político… ya basta, no toleraremos más el actuar retrógrada con el que se conduce, no lo queremos en MORENA, no lo necesitamos en MORENA”, señala la denunciante en una misiva dirigida a la opinión pública.
Granados, acusado de robar agua
La cabeza del otro grupo político que disputa el control de Matamoros también enfrenta líos con la justicia.
El diputado local y aspirante a la alcaldía, Alberto Granados, fue denunciado por la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) ante la Fiscalía General de la República, por el delito de sustracción y apropiación del agua y otros delitos relacionados.
El Director de la JAD, Oscar Alfredo Castillo Carreón, presentó la denuncia con el número 560/2023 ante la Fiscalía después de que personal de la empresa encontrara una toma clandestina de agua en un negocio del legislador.
Dicha toma era supuestamente empleada para el llenado de garrafones, mismos que eran repartidos por el legislador local en algunas colonias como parte de su campaña política.
Tras detectar la toma irregular, personal de la JAD la inhabilitó y después de realizar las investigaciones se asentó la denuncia ante la fiscalía, quedando el expediente en la unidad número 2 del Ministerio Público.
El delito de sustracción de queda establecido en el decreto número 65-567, mediante el cual se adicional el título Vigésimo Cuarto, denominado “De los Delitos Cometidos contra el Servicio Público y Distribución del Agua” al libro segundo, con el capítulo I denominado “De la Sustracción y Apropiación del Agua y Otros Delitos Relacionados”, y los artículos 476, 477, 478, 479, 480 y 481, al Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
De acuerdo al documento, se impondrán severas sanciones a quienes hagan mal uso del recurso agua, las cuales van desde multas económicas hasta la prisión.
Este no es el primer escándalo que enfrenta el diputado, pues recientemente generó polémica la supuesta falsificación de su título académico
José Alberto Granados Favila, se ha presentado como licenciado en Administración de Empresas, no tenía registros oficiales en la Universidad Tec-Milenio, de lo cual no se encontró información precisa en los registros de la Secretaría de Educación Pública.
Por Staff
Expreso-La Razón
