Una democracia puede definirse de manera simple como un sistema político en el cual los gobernantes pueden perder el poder por la vía electoral. Esta definición simple y clara presupone distintos aspectos importantes: por un lado, perder el poder se refiere a un resultado posible. Si nos concentramos en los resultados, la alternancia en el poder puede considerarse una condición suficiente de una democracia.
Por otro lado, la vía electoral se refiere a los procedimientos. Si vamos más allá de los resultados, si nos concentramos en cómo elegimos a nuestros gobernantes, tenemos que preguntarnos qué reglas y procedimientos son necesarios para tener elecciones libres y justas. Y cuando hablamos de reglas, también vale la pena distinguir entre las reglas o leyes escritas y la aplicación o interpretación de las mismas.
Como consecuencia de las definiciones anteriores, se dice que una característica fundamental de una democracia constitucional es un sistema en el cual existe incertidumbre en los resultados de la contienda, pero al mismo tiempo hay gran certeza en las reglas de la competencia, procedimientos y la imparcialidad de los árbitros.
Un país con las mejores reglas y procedimientos de jure, pero donde de facto nunca hay alternancia en el poder despierta suspicacias de no ser democrático. Al mismo tiempo, un país donde las reglas o su aplicación no son del todo claras también despertaría sospechas, incluso si de vez en cuando hay alternancia en el poder. Los procedimientos importan tanto como los resultados.
¿Cuáles son los retos de las elecciones de 2024? Una vez que fueron rechazadas por el Congreso las reformas constitucionales del llamado plan A, y que la Suprema Corte invalidó las reformas del regresivo plan B a lo largo de 2023, las elecciones de 2024 se realizarán con las mismas leyes que las de 2021. Sin embargo, los recientes embates al Poder Judicial, la inestabilidad en el Tribunal Electoral —incluyendo el que numerosas designaciones siguen atoradas en el Senado—, y la falta de consensos en el Consejo General del INE pueden poner en riesgo la estricta aplicación e interpretación de las reglas. La inestabilidad y falta de acuerdos al interior de los cuerpos colegiados que conforman loa árbitros electorales ponen en riesgo la confiabilidad de las elecciones.
Otro reto igual de importante es que las anticipadísimas campañas electorales y la sistemática violación de las obligaciones de imparcialidad del Ejecutivo federal ya pueden considerarse una mancha en el proceso electoral en marcha. Será hasta dentro de unos meses más, sea cual fuere el resultado, que un debilitado Tribunal tendrá que decidir qué tan importantes o determinantes serán estas violaciones a la ley.
Hay quienes quieren ver en las más recientes encuestas sobre intenciones de voto presidencial señales anticipadas de un resultado electoral ineludible. Algunos de ellos incluso quieren usar esa información como parte de sus campañas electorales. Sin embargo, aun si esto fuera cierto, sigue habiendo incertidumbre sobre el resultado de las elecciones legislativas y un sinnúmero de elecciones locales.
Uno de los peores escenarios posibles de cara a las elecciones de 2024 consistiría en una contienda donde tuviéramos certidumbre sobre el resultado, por un lado, e incertidumbre sobre las reglas y procedimientos con los que se llegará a dicho resultado.
Si la contienda presidencial acaba siendo tan holgada como lo sugieren algunas encuestas, ¿cómo reaccionará la oposición? ¿Aceptarán el resultado? ¿Harán un ejercicio de autocrítica? ¿Acusarán una elección de Estado? En tal caso, ¿cómo sustentarían tal impugnación?
Por otro lado, si en las próximas semanas la contienda presidencial se tornara más reñida de lo que sugieren las encuestas hasta el momento, ¿cómo actuaría el gobierno? ¿Estarían dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de asegurar un triunfo? En una democracia, el que un partido repita en el poder durante dos sexenios no debería tener nada de peculiar. Sin embargo, la última vez que eso ocurrió en México, el candidato perdedor no aceptó su derrota. Los procedimientos importan.
POR JAVIER APARICIO
