Aunque muy difícilmente serán aprobadas antes de que concluya la actual administración y se renueve el Congreso de la Unión, la oposición va a sufrir la batalla política contra la batería de reformas constitucionales que presentó ayer el presidente López Obrador.
Ya se ha dicho y es evidente: el envío de estas iniciativas a la Cámara de Diputados -ayer mismo las entregó la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde- responde a un innegable timing electoral.
Hay de todo en las propuestas del Ejecutivo: desde temas ambientales y de derechos humanos, hasta las reformas judicial, electoral y de pensiones.
Morena y aliados no cuentan con la mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados, ni en la de Senadores para aprobarlas; en más de una ocasión, durante los últimos meses, ya se han topado con pared para avalar iniciativas provenientes del Ejecutivo.
Ahora no tendría por qué ser muy diferente, excepto porque el PRI, el PAN y el PRD, deberán hacer malabares para rechazar reformas que por razones obvias recibirán un considerable apoyo popular.
El Presidente propuso, por ejemplo, llevar al 100 por ciento las pensiones de los trabajadores que se rigen bajo el esquema actual de las Afores, es decir todos aquellos que empezaron a cotizar a partir de 1997.
Esta pretensión, sobra decir, requiere una ingeniería financiera que para algunos resulta imposible.
El Ejecutivo por el contrario, piensa que sí es viable: para ello, el 1 de mayo de 2024 crearía un Fondo Semilla de 64 mil 619 mdp que se incrementará paulatinamente, y del cual se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores.
Ante el cuestionamiento obvio de cómo va a hacer el gobierno para financiar ese nuevo fondo, la respuesta está en el mismo paquete de reformas.
Según lo explicado ayer por el presidente, los recursos vendrán del ahorro que significará la desaparición de órganos autónomos como el INAI, la Cofece o la CRE, y la reducción del Poder Judicial y del Congreso -se propone la eliminación de los plurinominales-.
Difícil negar la habilidad política del presidente: llevó al PRI, PAN y el PRD a una posición muy incómoda. En estos tiempos electorales, a la oposición le va a costar mucho trabajo explicarle su voto en contra a una generación entera de trabajadores condenados a un retiro incierto.
Pero además en esta larga lista de reformas, agregó asuntos que difícilmente podrían ser rebatidos: como llevar a la Constitución la prohibición del maltrato animal, o limitar las concesiones de agua en aquellos sitios, como Tamaulipas, donde la sequía se ha convertido en un problema grave.
También está la propuesta para dar a las comunidades indígenas y afroamericanas, “atención preferente dado su rezago histórico”.
Se plantea además fijar un aumento anual a las pensiones de adultos mayores y establecer que el incremento al salario mínimo, no pueda ser menor a la inflación anual.
Medidas todas que gozarán de la simpatía de un amplio sector de la población.
Así pues, ya están bien definidas las dos narrativas que se enfrentarán en la campaña.
Quienes respaldan las aspiraciones de Xóchitl Gálvez, así como en el 2006 hablaron del peligro para México, y después de la “venezuelización” del país que nunca llegó, ahora alertan sobre la imposición de un supuesto “narcogobierno”.
El oficialismo, en tanto, va por la profundización de la Cuarta Transformación a través de estas ambiciosas reformas constitucionales.
De eso se van a tratar las campañas.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
