En 1997, el New York Times publicó un artículo que cimbró a la política mexicana al asegurar que el entonces gobernador de Sonora, tenía nexos con el crimen organizado, en particular con Amado Carrillo Fuentes, “el Señor de los Cielos”.
La acusación de la DEA, que reportó el medio más influyente de Estados Unidos, se desvaneció y no tuvo ninguna consecuencia legal contra el político que a partir de entonces ocupó muchas otras posiciones de privilegio en el ecosistema priísta.
Pero en aquél momento se inauguró un periodo de abierta intervención de ésta agencia norteamericana en la política mexicana, que a estas alturas ha causado más conflictos en la incipiente democracia mexicana, que resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico.
La DEA se otorga la facultad de investigar a políticos mexicanos si sospecha que de alguna manera están confabulados con los grupos criminales que contrabandean drogas hacia Estados Unidos.
Bajo ese argumento, han puesto contra las cuerdas a decenas de funcionarios y ex funcionarios acusados de colusión con el narco.
En Tamaulipas, hay una larga lista de esos casos, empezando por al menos tres ex gobernadores.
Desde la década de los 2000, particularmente en los sexenios panistas, se abrió de par en par el territorio nacional para la operación de la DEA -organismo muy cuestionado por las otras agencias estadounidenses- y se dio carta abierta a esta cacería.
Con el paso del tiempo, prácticamente todos los casos de alto impacto que llegaron ante la justicia, se fueron desinflando, casi siempre debido al uso indiscriminado de testigos protegidos y a la falta de pruebas concretas para validar las acusaciones.
A pesar de eso, la sombra de la DEA sigue muy presente en la política nacional.
Una prueba de ello es el reportaje publicado la semana pasada por el periodista Tim Golden en el portal Propublica, en el que daba cuenta de una investigación de la agencia antidrogas por supuestos patrocinios económicos del narco a la campaña de López Obrador en el 2006.
El artículo, que en los hechos no comprueba la comisión de ningún delito, fue utilizado en la arena política nacional por la oposición como un nuevo misil contra la administración de AMLO.
El obús no hizo el daño que esperaban, pero a partir de su publicación, hemos visto a diferentes actores del PRI y el PAN, de gira por Estados Unidos, señalando los supuestos nexos de Morena con el crimen organizado y alertando por la “inminente” imposición de un “narcogobierno” en México.
Primero fue la precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien pidió apoyo contra lo que llama desde ahora una elección de Estado; luego el precandidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Santiago Taboada, denunció una conspiración rusa para favorecer a la 4T.
Total, que esta oposición tan colonizada en lugar de dar muestras de solidez, exhibe -otra vez- una grave debilidad.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
