La fiscalización a los manejos financieros de la anterior administración de la Universidad comenzaron mucho antes del cambio de Rector.
En las auditorías 1844 y 1847 que practicó la Auditoría Superior de la Federación al gasto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el ejercicio fiscal 2022, surgieron los primeros indicios de lo que después daría pie a una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por diversos delitos, relacionados con el desvío de recursos.
Los documentos fueron entregados por el órgano fiscalizador a la Cámara de Diputados en el mes de junio y octubre del 2023.
Ambos contienen información que retrata -por lo menos- un estado generalizado de desorden administrativo que, ya se sabe, suele ser terreno fértil para los actos de corrupción.
En uno de los dictámenes, la Auditoría indica que “en el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas”.
También, de acuerdo al documento firmado por los auditores Marco Antonio Alvarado Sánchez y Juan Carlos Hernández Durán, se violó el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero número 0164/22, de fecha 10 de enero de 2022 y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero número 0918/22, de fecha 5 de diciembre de 2022.
Además, la UAT “incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que proporcionó, fuera de los plazos establecidos, el informe técnico final detallado referente al apoyo otorgado del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”.
En la Auditoría 1844 que se realizó con el objetivo de fiscalizar la
transferencia que hizo el Gobierno del estado de los subsidios Federales para la Universidad, se detalla que durante el 2022, el Ejecutivo le quedó a deber a la UAT un monto de 500 millones 915 mil pesos.
Por esa razón, la Contraloría Estatal de la nueva administración estatal inició una investigación para determinar posibles responsabilidades de ex funcionarios públicos.
Pero además, la ASF también hizo ver que el Gobierno del Estado entregó 313 millones de pesos menos a los convenidos.
El Órgano Interno de Control de la Universidad también comenzó una carpeta de investigación por irregularidades detectadas en 11 contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que no fueron bien fundamentados en el marco de la Ley de la materia.
Estos indicios, sumados al presunto manejo irregular en la entrega de un predio en la ciudad de Reynosa, dan forma a una denuncia que todavía dará mucho de qué hablar.
Por Miguel Domínguez Flores
