Cuando Marko Cortés era el coordinador de la bancada del PAN en el congreso federal exigía cárcel a los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdez a los que acusaba de lavado de dinero y malversación de fondos, entre otros delitos cometidos por los exgobernadores del Estado de Coahuila.
En la sesión del 17 de mayo de 2017 los legisladores panistas exhibieron pancartas en las que se leía “Cárcel a los Moreira” y el hoy dirigente nacional del partido albiazul aludía a las cuentas bancarias que vinculaban a los exmandatarios estatales en un escandaloso acto de corrupción.
Es relevante, declaraba Cortés Mendoza, que el Estado investigue y sancione estos hechos. “No podemos permitir que estos queden impunes”, sentenciaba.
Seis años después, cuando Humberto Valdez, ex dirigente nacional del PRI, fue apresado en España bajo los cargos de cohecho y lavado de dinero, Marko Cortes, igual que el PRD, pidieron que se reactivara y abriera una línea de investigación por enriquecimiento ilegal contra el priista.
A través de un comunicado, el jerarca panista demandaba que se diera cauce a las denuncias penales. “Exigimos –señalaba- se proceda con todo el peso de la ley y se le castigue por el saqueo de las arcas estatales, fraude y lavado de dinero al expresidente nacional del PRI”.
Y añadía: “Demandamos al gobierno federal que por congruencia o al menos por vergüenza que las demandas que pesan contra el exgobernador no duerman” y que se haga justicia a todos los coahuilenses por la mega deuda de 33 mil millones de pesos; “no podemos consentir que este tipo de cosas sigan en total impunidad y que en México existan intocables”.
Sin embargo, el 11 de noviembre de 2023, los representantes del PAN y el PRD olvidarían las graves corruptelas cometidas por los políticos coahuilenses y como si nada hubiera pasado convirtieron a Rubén, igual que a Alito Moreno, en miembros distinguidos de la Alianza Fuerza y Corazón por México y del equipo de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.
Cinco años antes, como resultado de un aparente arreglo con su sucesor Enrique Peña Nieto, el gobierno del presidente Felipe Calderón había tomado medidas para proteger la impunidad del ex dirigente nacional del tricolor.
A través del oficio SEIDF/0231/2012 de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, da cuenta del Delito de enriquecimiento Ilícito del que se acusaba al aludido en agravio de la administración pública del Estado de Coahuila, previsto en el párrafo primero del artículo 224 y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 BIS, ambos del Código Penal Federal, dice textualmente:
“Se autoriza en definitiva el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL”, México, D. F. 22 de octubre de 2012.
He aquí la evidencia de las dos caras de PAN: con una exige cárcel a los políticos corruptos, con la otra, los protege. Es oportuno tenerlo presente.
Por. José Luis Hernández Chávez
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