El asesinato de dos funcionarios del Tribunal Federal Electoral en la Ciudad de México, volvió a encender las alarmas sobre las condiciones en las que se desarrollan las campañas en el país.
A nivel nacional, la violencia sigue imparable, por más que la narrativa oficial se empeñe en enmascarar y -cuando es posible- negar que sucede lo que todo mundo ve a diario en cada rincón del país.
El de la seguridad es un tema recurrente no solo cuando se habla de la vida cotidiana de millones de personas, sino cuando como en estos casos, se relaciona con las actividades políticas.
Peligrosamente, los hechos de violencia en contra de actores políticos, funcionarios, candidatos y ahora, hasta personal de los órganos electorales y jurídicos en cargados de dar validez y legitimidad a los procesos comiciales es un asunto que debe generar una preocupación más allá de la ensordecedora diatriba de unos y otros.
A todos los bandos por igual, oficialistas y opositores, les ha afectado la violencia que impunemente se ejerce en contra de quienes evidentemente representan un obstáculo para quienes con oscuros intereses quieren incidir en el rumbo de los comicios.
La impunidad, se ha dicho siempre, es alentada por la permisividad que raya en la complicidad que el propio Estado mexicano ha alentado al repartir abrazos y renunciar a su responsabilidad de aplicar la ley. Ahí está el origen de todo.
No hay lugar del país en donde cada día no se registre un hecho violento, en donde la seguridad sea la principal preocupación de quienes salen diariamente de sus casas a trabajar, sea en el campo, en la industria, en cualquier establecimiento comercial o en oficinas públicas.
Las campañas se han pintado de color sangre, porque hay candidatos asesinados, funcionarios muertos a tiros, aspirantes y personal de partidos amenazados.
Vamos, no sería extraño que hasta a los ciudadanos que vayan a participar como funcionarios de casillas puedan ser objeto de amedrentamiento por parte de quienes se han ido apoderando de esos espacios cívicos, último reducto de la libertad que tienen los mexicanos para tratar de hacer valer su voz.
Cuando ha transcurrido poco más de un mes de las campañas federales, en donde candidatos presidenciales, al Senado y a la Cámara de Diputados se disputan la preferencia ciudadana, las cosas se ven mal.
El Estado mexicano, que con todos sus recursos debería garantizar la realización segura de los procesos electorales y respaldar con esa misma fuerza el funcionamiento de los organismos ciudadanos encargados de la planeación y realización de los comicios, se está quedando corto en este aspecto.
Una consecuencia inmediata del asesinato de dos funcionarios del Tribunal Federal Electoral es que al menos un centenar de magistrados y empleados ya solicitó protección al gobierno de López Obrador, pues tienen fundado temor de que la violencia continúe y se busque generar temor entre quienes deban decidir controversias o la judicialización de las elecciones.
Si estuviéramos en un país en el que el gobierno cumple sus responsabilidades constitucionales y garantice la seguridad de los ciudadanos, no tendríamos por qué ver cómo funcionarios, magistrados y personal de las instancias jurídicas que dirimen asuntos electorales, piden la protección federal.
No debería pasar, pero como decía, si se tratara de un país en donde sus autoridades no permitieran la actuación impune de los criminales, a quienes abraza en vez de aplicar la ley.
No es un asunto menor y por el contrario, ya debería ser un punto en la agenda de los partidos, de los candidatos y candidatas y de organismos de la sociedad civil, porque irse acostumbrando a que se cometan actos violentos que busquen enviar mensajes atemorizantes a quienes forman parte de las instituciones electorales, es uno de los últimos pasos a la degradación final de la vida democrática, a causa de la inseguridad que alienta la permisividad oficial.
SOSA Y “JOTA ERRE” SE CONCENTRAN EN LA FRONTERA
Atendiendo una estrategia que busca consolidar la posición de Morena en la frontera -región en la que se concentra la mayor parte del padrón electoral estatal-, los candidatos de Morena al Senado, Olga Patricia Sosa y José Ramón “Jota Erre” Gómez Leal se han enfocado en hacer campaña en esa parte de la entidad.
En días recientes, tras haber estado en municipios del sur, Sosa y Gómez partieron a Reynosa y Nuevo Laredo, en donde se han reunido con habitantes de sectores populares y con organizaciones de trabajadores, a quienes ofrecen trabajar desde el Senado para contribuir a generar leyes que mejoren la seguridad, la calidad de vida y las condiciones laborales.
Desde Nuevo Laredo a Matamoros, pasando por los municipios de la llamada Región Ribereña, los candidatos morenistas tienen una sólida posición en el primer sitio de las encuestas conocidas.
Pero las encuestas serias, claro, no las que presuntamente hace Electoralia, la empresa del priísta Ricardo Gamundi que fue secretario general de gobierno en el sangriento sexenio de Eugenio “El Gaño” Hernández Flores.
ESCOTILLA
En lo que se conoce como el tiempo de las mujeres, la alianza PAN-PRI apostó por la candidatura de Ibeth Quintá Álvarez en el distrito 20 de Ciudad Madero, en donde buscará la mayoría de los votos en fórmula con Carlos Fernández Altamirano y Chucho Nader.
Ibeth es consejera estatal, ha ocupado cargos diversos en el partido y participado activamente en el PAN desde hace años.
En un contraste de propuestas y de perfiles contra otros aspirantes, tiene ventajas conocidas entre la población y el voto duro del blanquiazul. En el distrito 20, los azules podrían dar la sorpresa, empezando por el simple contraste de perfiles de candidatos a esa posición.
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