El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá hoy en sus manos el futuro político de Francisco García Cabeza de Vaca.
En realidad definirá mucho más que eso, pues la diputación que persigue es el medio que busca desde hace un par de años para volver al país, tras dejar el poder en octubre del 2022.
Si no hubo cambios de última hora, ni surtieron efecto las presiones del círculo íntimo del ex gobernador, el proyecto que pondrá hoy la magistrada Janine Otálora en manos de los otros cuatro integrantes de la Sala Superior, propone revocar la candidatura plurinominal que le otorgó Acción Nacional.
La razón es muy sencilla: las leyes mexicanas indican que ninguna persona pueda participar en un proceso electoral si su condición jurídica se enmarca en la de un prófugo de la justicia.
El sentido común dicta que la magistrada tiene razón, pues sobran evidencias de que Cabeza de Vaca dejó el país al menos unas horas antes de terminar su mandato, y desde entonces no ha vuelto al territorio nacional, precisamente para evitar ser detenido.
Es decir, para evadir a la justicia mexicana.
Pero como en todos los casos relacionados con el ex mandatario, su defensa legal se las ha arreglado para crear un complejo entramado jurídico de protección que, una vez más, estará hoy en discusión y será puesto a prueba.
De última hora, para intentar salvar su candidatura, los abogados de Cabeza de Vaca han hecho todo lo posible por torpedear el proyecto de la magistrada Janine Otálora, a quien por cierto no podría acusarse de mantener cercanía con la 4T, sino todo lo contrario.
Además del usual lobby político que practican los operadores más cercanos al cabecismo (y al Tribunal Electoral) como Roberto Gil Zuarth, la defensa del ex gobernador apenas el 12 de abril presentó ante la magistrada el acuerdo de la suspensión provisional dictada unos días antes, el 3 de abril, por el juez séptimo de distrito, Juan Fernando Alvarado López, famoso por conceder a manos llenas todo tipo de recursos de protección para el círculo cercano del ex gobernador.
Con ello, pretenden alegar que Cabeza de Vaca no debe considerarse prófugo de la justicia porque no puede ser detenido.
Para eso, por cierto, recurren a una jurisprudencia muy reciente publicada apenas el pasado 5 de abril, que indica que es suficiente una demanda de amparo para que se suspenda el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión, así sea por delitos graves, como los que se le achacan al acusado que busca ser diputado plurinominal.
El proyecto de la magistrada, sin embargo, es muy claro al respecto: basta con que un ciudadano se coloque o ubique en el supuesto normativo de sustraerse de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal, por el libramiento de la orden de aprehensión, para que sus derechos político-electorales se entiendan suspendidos.
Las cartas están sobre la mesa y basta con que los argumentos de la magistrada ponente convenzan a dos de sus colegas para que la candidatura sea revocada.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES