Es verdad que por momentos parecen excesivos los calificativos que sistemáticamente le endilga el presidente López Obrador a los representantes del Poder Judicial de la Federación.
También es cierto que la cruzada emprendida desde hace al menos un par de años para reformar por completo a ese órgano, luce poco articulada.
Pero hay casos, como el del juez séptimo de distrito, Juan Fernando Alvarado López, que le dan la razón a la 4T y reavivan el debate sobre la manera en la que deben conducirse los juzgadores.
Más aún, sus fallos ponen en entredicho todo el sistema de protección judicial y el de la deliberación de asuntos electorales.
Va un pequeño recuento de lo que ha ocurrido en los últimos días.
El 17 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Francisco García Cabeza de Vaca es inelegible para ser candidato a una diputación federal, por ser considerado prófugo de la justicia.
El 24 de abril, el PAN designó como sustituto del ex gobernador a su jefe de asesores, Homero Alonso Flores Ordóñez, quien también fue el operador de su caso ante los magistrados.
Flores Ordóñez no podía ser candidato para la segunda circunscripción por ser originario de Chihuahua y con residencia en la Ciudad de México, pero ese no era problema porque en realidad esa nunca fue su intención.
El plan urdido en los cuarteles cabecistas y respaldado por Acción Nacional era que el asesor renunciara a la candidatura y -contra toda lógica- se volviera a intentar el registro de Francisco.
Para ello, contaría con el respaldo del ya famoso Juan Fernando Alvarado López, juez de cabecera de los Cabeza de Vaca y sus círculo más cercano.
Entre él y el juez octavo también con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez, han otorgado al menos 14 suspensiones al ex gobernador, sus dos hermanos, su esposa, su madre, su primo Victor Hugo Guerra García, y dos de sus presuntos socios: Baltazar Reséndez Cantú y Francisco Tamez Arellano.
Para el 26 de abril, el juzgado séptimo de distrito ya había liberado dos nuevas suspensiones definitivas: una para evitar -una vez más- su aprehensión y la otra para asegurar que el quejoso cuente con sus derechos político-electorales a salvo.
Con esos documentos, el PAN pretendía que el INE ignorara lo ordenado por el Tribunal Electoral y que registrara al ex gobernador.
La respuesta del Consejo General fue contundente: imposible ir contra un fallo de la Sala Superior porque estos son inatacables, es decir, definitivos.
Pero incluso algunos consejeros fueron más allá al considerar que la actuación del juez merece una revisión porque representa una intromisión en asuntos que no le competen.
“Es un mal precedente para el INE y para la materia electoral que un juzgado de distrito admita una demanda notoriamente improcedente, ademas mediante una ampliación de demanda que versaba sobre una orden de aprehensión, me parece que hay una invasión a la esfera de competencia de las autoridades electorales”, señaló la consejera Carla Humphrey, a quien la representación del PAN intentó dejar fuera de la discusión por su relación personal con el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
Vaya derroche de machismo.
Humphrey y otros de sus compañeros se refirieron al artículo 61 de la Ley de Amparo que dice textualmente: El juicio de amparo es improcedente: “Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Escapa a toda lógica jurídica que un juzgado de distrito pretenda pasar por encima de lo que dictamina la Sala Superior en un asunto de materia electoral.
Una raya más al tigre en el prontuario del juez Alvarado López.
POR MIGUEL DOMINGUEZ FLORES
