En la página de internet de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad MCCI se lee que es una asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país.
En un artículo sobre su libro “LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó” dedicado a hacer un recuento desde su visión del gobierno del Presidente López Obrador, que aparece al abrir la pagina del MCCI, la exfuncionaria panista María Amparo Casar afirma en su libro que las características que definen al actual gobierno son “incompetencia, impunidad, incongruencia, ilegalidad, desinstitunalizacion, y desinformación” cita a un autor que afirma que “los nuevos autócratas llegan al poder por la vía electoral” y “una vez en el cargo debilitan o incluso desfiguran la democracia”.
Desde esa óptica Mexicanos Contra la Corrupción considera normal y ético hacer publicaciones como las que están en su sitio de internet, en donde se acusa por nombre y apellido a los hijos del presidente, con base en unas grabaciones que les fueron hechas llegar sin que se explique su procedencia ni su autenticidad. De la misma manera, hacen una publicación sobre el patrimonio inmobiliario de una candidata a presidenta exhibiendo documentos y argumentando que esos bienes han desaparecido de sus declaraciones patrimoniales.
Pero cuando en este sexenio se han hecho señalamientos desde el gobierno a periodistas, comunicadores, comentaristas y analistas, respecto de su patrimonio y los contratos por cientos de miles o millones de pesos que percibían de los gobiernos anteriores se considera invariablemente como una ofensa y una violación de su derecho a la privacidad, alegando siempre que se trata de datos personales y que son ataques del gobierno con el fin de intimidarles o limitar su libertad de expresión.
Una reacción semejante ha provocado desde el inicio del actual gobierno, el caso de los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los llamados organismos e institutos autónomos, en que el señalamiento de los excesivos ingresos y privilegios que obtienen en el desempeño de su función, así como la parcialidad y excesos cometidos en su trabajo, son tomados siempre como un ataque a las instituciones.
De esta manera si el gobierno hace públicos los documentos que prueban los cientos de miles o millones de pesos que ganaban los comunicadores, se considera un ataque a la libertad de expresión, un atentado contra la libre discusión de las ideas, pero paradójicamente los ciudadanos se enteran de todo ello a través de los mismos medios de comunicación que los aludidos dicen que están amenazados.
En el caso de algunos funcionarios como los Consejeros del Instituto Nacional Electoral INE, la mención de sus exagerados ingresos era considerada como un ataque al Instituto, cuando sólo se trataba de hacerle saber al público que dichos funcionarios habían acudido al amparo para no ser privados de sus privilegios en la aplicación de las nuevas leyes aprobadas por los legisladores.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia, además del impropio monto de las percepciones de los Ministros, Magistrados y Jueces, se denunció la existencia de fideicomisos que les garantizaban retiros, pensiones, y jubilaciones, por millones de pesos anuales para cada uno de ellos, obtenidos a través de fideicomisos creados con fondos públicos por miles de millones de pesos. Los afectados denunciaron un ataque contra el Poder Judicial aunque lo que estaba en cuestión solo era sus injustificadas e impropias percepciones.
Un caso reciente y similar es el de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que considera muy grave que el gobierno exhiba los detalles del cobro de un seguro de vida y una pensión mensual de seis dígitos de Pemex mediante la obtención de un acta de defunción que registró como un accidente y no un suicidio la muerte lamentable de quien fue su esposo.
El hecho implica, según el dicho de la Dirección General de Pemex, un egreso indebido de 31 millones de pesos a lo largo de los años y la fuente de esos datos es oficial no anónima, como en el caso de las investigaciones de la asociación que ella preside, sin embargo, a pesar de que ella sólo niega parcialmente los hechos, asegura que le están violando sus derechos, pero no se abren, ni ella, ni la página de la asociación que dirige, a exponer su versión detallada de los hechos, y de transparentar las pruebas y documentos, como correspondería a un organismo fundado para combatir la corrupción y la impunidad, dicho en sus propias palabras este sería un buen momento para poner los puntos sobre las íes.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
