CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, ordenó llamar a cuentas a los auditores que revisaron las 159 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021, reabrirlas y en su caso, fincar responsabilidades penales, administrativas, fiscales o cualquier otra a que haya lugar.
En sesión en fechas pasadas, a propuesta de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, y tras detectarse deficiencias en el proceso fiscalizador, se solicitó al Auditor Interino Francisco Antonio Noriega Orozco, realizar las revisiones de esas cuentas públicas, incluyéndolas en el programa anual de la auditoría de este año.
El presidente de la Comisión, Jesús Suárez Mata, informó que de un análisis solicitado a Noriega Orozco, se concluyó que en los 159 expedientes de las entidades que fueron sujetas de fiscalización, no se detectó evidencia del cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
De las cuentas, 67 fueron practicadas por la Auditoría Especial del Gobierno del Estado, 92 para Ayuntamientos y 28 por la Auditoría Especial de Desempeño, sin embargo, solo se procedió a la revisión de la documentación a los primeros 159 expedientes, donde solo se auditó la gestión financiera.
Lo que no se hizo a las 28 de las correspondientes a desempeño, donde se verifica que los programas estales y municipales hayan sido operados bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia.
“No se revisó la aplicación de las reglas presupuestarias y la observancia a la disciplina financiera”, señaló el legislador, por lo que ahora deben abrirse y revisarse todas las cuentas de ese ejercicio y actuar en consecuencia, si se detectaran irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Anotó que conforme a la reexaminación de los 159 expedientes de las entidades sujetas a fiscalización, “no se detectó evidencia de que en las revisiones practicadas, se haya documentado la comprobación del artículo 13 de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
La legisladora Salazar Mojica dijo que “conforme a los hallazgos, proceder como corresponda, de acuerdo a la normatividad en materia penal, administrativa, fiscal o cualquier otra a que haya lugar”.
Asimismo, se instruyó que por medio de su órgano interno de control, se analicen e integren las carpetas de investigación correspondientes para determinar las posibles responsabilidades administrativas, y en su caso, presente las denuncias penales en contra de los servidores públicos que omitieron la fiscalización conforme a lo establecido en la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
Ello, porque a decir de la legisladora, el exauditor Jorge Espino Ascanio, no cumplió con la fiscalización de las reglas presupuestarias y de ejercicio, así como de la contratación de deuda pública y obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y el desarrollo del estado y sus Municipios.
La propuesta fue aprobada por cuatro votos a favor y la abstención del diputado Édgar Melhem del PRI.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón