CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el 43 por ciento de los procesos que ha recibido el Poder Judicial del 2015 al 2024, los jueces han incluido la prisión preventiva como medida cautelar.
Y de ese porcentaje, el 60% ha sido por la vía oficiosa, es decir en automático por el tipo de delito del que se acusa al detenido.
Durante los últimos ocho años -tiempo que lleva en funcionamiento el nuevo sistema de justicia acusatorio- los jueces locales de Tamaulipas han emitido 8,705 medidas cautelares, de las cuales 3,826 han incluido dejar en prisión al procesado, en 2,320 casos por prisión preventiva oficiosa y en 1,506 porque el Ministerio Público logró justificar la necesidad ante al juez.
Después de esa, la medica cautelar más dictada por el Poder Judicial ha sido la obligación de presentarse y firmar ante un juez u otra autoridad de manera periódica con 1,501 casos.
Luego está la prohibición de convivir o acercarse a las víctimas o testigos con 982 casos, que se combina con la restricción de acudir a ciertos lugares con 545 casos.
Además a 868 procesados se les ha prohibido que salgan del país o del estado.
También se ha requerido la exhibición de una garantía económica, es decir una fianza, en 561 casos.
El 19 de febrero de 2021 entró en vigor una reforma al Artículo 19 Constitucional que amplió el catálogo de delitos que se sancionan con prisión preventiva de seis a 16.
Se agregaron los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, robo a casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones), robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, delitos en materia de desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego.
Más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (Artículo 19 constitucional).
Luego en el 2022 se planteó la eliminación total de la prisión preventiva oficiosa en México, algo que no ha ocurrido pero que está a discusión.
En enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que México debe adecuar sus leyes, incluyendo la Constitución, para que sea eliminada la prisión preventiva oficiosa por ser inconvencional, lo cual hasta la fecha no ha surtido efecto.
El Gobierno Federal y los gobernadores de los 32 estados de México, congregados en la Confederación Nacional de Gobernadores, han mostrado su rechazo a esta medida; recientemente enviaron una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en la que expresaron su preocupación.
Argumentaron que la prisión preventiva oficiosa es una medida necesaria en casos de delitos de alto impacto y clara repercusión social, donde otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, se lee en el texto.
La prisión preventiva oficiosa, según indican, responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal, proteger a las víctimas de los delitos y procurar que los responsables no queden impunes.
Debido a esto, hicieron un llamado para que la SCJN considere estos argumentos, ya que la decisión sobre esta medida cautelar impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y de las entidades federativas.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a juzgados y tribunales de México a que suspendan la tramitación de amparos que tengan como fondo la resolución de la prisión preventiva oficiosa.
Ante la sentencia dictada a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al país a eliminar el carácter oficioso de la prisión preventiva, la Suprema Corte inició con un análisis sobre dicha figura para acotarla.
La decisión de suspender los trámites mencionados se tomó por los ministros en privado para evitar resoluciones contrarias al criterio que emitirá la Suprema Corte en la materia.
La inaplicación de la prisión preventiva oficiosa ha provocado polémica y distintos gobiernos, incluyendo el del presidente Andrés Manuel López Obrador han defendido que esa figura evita la impunidad.
Por Staff
Expreso-La Razón