CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Desde 2007, en Tamaulipas se han reportado 2 mil 138 enfrentamientos con personal del Ejército Mexicano.
Tan solo en Nuevo Laredo se han registrado casi 700, donde 185 civiles han muerto, afirmó la Directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, la mayoría de ellos se mantienen en la impunidad, aseguró.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de solicitudes de transparencia de Samuel Storr, colaborador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, es en Nuevo Laredo donde más enfrentamientos se han registrado (671).
En Reynosa el reporte señala 475 enfrentamientos, 268 en Matamoros, 123 en Mier, 102 en Victoria, otros 101 en Río Bravo, 67 en San Fernando, 71 en Guerrero, 64 en Díaz Ordaz.
37 en González, 39 en Tampico, 33 en Altamira, 18 en Ciudad Madero, 17 en Padilla, 10 en Aldama, nueve en Hidalgo, cinco en Soto La Marina, cuatro en Jiménez, cuatro en Villagrán, cuatro en Llera, tres en Abasolo, tres en Cruillas, dos en Burgos, dos en Casas, dos en Xicoténcatl, 2 en El Mante, uno en San Carlos, uno en Gómez Farías.
Juanita Goebertus señaló que en México se evidencia la falta de control, civil sobre el poder militar, “lejos de reducirse esta situación en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se terminó por agravar”.
Desde 2007, precisó, más de 5 mil 500 personas han muerto como resultado de enfrentamiento con militares, “un país que se enfrenta a una criminalidad relacionada a carteles, pero son cifras de un país que se encontrara en un conflicto armado y son hechos que se mantienen en la impunidad”.
Juanita Goebertus explicó que la impunidad se debe a que este tipo de hechos no son investigados de manera efectiva y transparente, “el hecho de que sean los militares los que tengan poder para investigar, mover la escena de los hechos y acceso a la evidencia, genera que no haya investigaciones creíbles”.
Comentó que lo ideal es que hubiera cuerpos de investigación y peritos independientes, que no sean parte de las fuerzas armadas, porque en muchos de los casos se afecta la cadena de custodia.
“Otorgarle poderes de seguridad pública al Ejército, genera mayores riesgos de posibilidad de violaciones a derechos humanos; tan solo en Nuevo Laredo, desde 2007 ha habido 700 enfrentamientos con el Ejército, 185 muertes de civiles, solo en este sexenio”, señaló la Directora para las Américas de Human Rights Watch.
HEIDI: DOS AÑOS SIN JUSTICIA
A dos años de la muerte de la muerte de Heidi Mariana Pérez Rodríguez, presuntamente causada por elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República, busca dar carpetazo al asunto, “por falta de evidencia”.
Raymundo Ramos presidente del Comité de Derechos humanos de Nuevo Laredo, informó que a través de recursos legales, protestas y con el apoyo de organismos internacionales, seguirán buscando justicia para la menor y su familia.
“Nos han dicho que si no estamos de acuerdo de cómo se está realizando la investigación, que solicitemos sea atraída a la Ciudad de México, y eso me parece un cinismo del ministerio público, una aberración”.
Con eso, dijo, evidencian que o no les interesa, o le tienen miedo a los militares.
Acusó que hasta hoy no se ha elaborado una reconstrucción de los hechos del 21 de agosto del 2022, cuando la menor fue alcanzada por una bala que le privó de la vida, según obra en la carpeta de investigación 1671/2022 que inició la FGR semanas después del homicidio de la menor.
De acuerdo con la Directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, para realizar un informe del caso, Tyler Mattiace, investigador del caso y su equipo, se trasladaron a Nuevo Laredo.
Tras llevar a cabo la revisión por más de un año del expediente judicial, videos de cámaras de seguridad, georreferenciación de las fotografías, entre otros, se llegó a la conclusión general que el Ministerio Público tomó por cierta la versión de los militares, dijo.
“Esta versión de que Heidi murió como resultado de un intercambio de dispararon entre soldados y el Cartel del Noreste y no tomó las medidas para hacer su trabajo de haber hecho una investigación a profundidad para ver qué sucedió”.
Apuntó que en este caso, al menos se detectaron seis graves fallas y omisiones del Ministerio Público, explicando que contrario a lo que dicen los soldados que recibieron disparos presuntamente de criminales, no hay evidencias de ello.
Sobre la camioneta negra, en la que presuntamente se trasladaban los delincuentes, y que fue puesto a disposición, horas después, “no existe ningún elemento que pueda verificar que esa camioneta estuvo en la escena de los hechos”.
Apuntando que el Ministerio Público habría tenido que hacer las indagatorias de la unidad y tomar evidencias que permitirían corroborar los dichos de los efectivos militares, lo que no ocurrió.
La investigación también evidenció, que si bien el Ejército informó que de tres convoyes que había en la ciudad, solo uno estaba en el centro, “sin embargo no hubo ningún esfuerzo de verificación por parte del Ministerio Púbico para ver dónde estaban estos dos convoyes”.
Lo que generó que las pruebas de balística solo se practicaran sobre uno de los convoyes militares, por lo que no se les pudo asociar esas armas a la que provocó la muerte de la menor.
Apuntó que si bien se hizo una revisión forense de manera independiente, se halló una posible co-relación, “aunque no concluyente con una de las armas que estaba en el convoy militar y la bala que acabó con Heidi”.
UNA BALA CRIMINAL
La noche del 31 de agosto, Heidi Mariana de cuatro años de edad, viajaba en el auto con su familia para acudir al hospital donde trabajaba su mamá, pues manifestó dolor de estómago.
En el trayecto, los militares habrían disparado contra el vehículo donde viajaba además de Heidi Mariana, su hermano de siete años y Griselda, abuelastra de los menores, quien conducía el vehículo.
Una de las balas alcanzó a Griselda en el hombro y mientras aceleraba para huir del lugar, oyó al hermano de Heidi gritar que habían matado a su hermanita, por lo que detuvo el coche y pasó a la pequeña al asiento del copiloto y manejó hasta el hospital donde entró corriendo con la menor en brazos.
Aunque Heidi Mariana entró a la sala de urgencias pediátricas, la bala en su cabeza le arrebató la vida a las 10:37 de la noche.
Un día después, Cristina, la madre de Heidi acudió a presentar una declaración formal ante la Fiscalía, donde también se encontró a los militares que acudieron a declarar, asegurando que ellos no habían disparado.
Cristina y su familia han sido intimidados desde esa fecha, explicando que por las noches los soldados se presentaban cerca de su domicilio e incluso le ofrecieron ayuda para dejar de hablar del caso de manera pública, lo que ella no aceptó, pero tuvo que cambiar su residencia.
Cristina, pidió a las autoridades, al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no cerrar el caso del homicidio de Heidi Mariana, “que no quede impune, quiero justicia para mi hija, para mí, para mi familia”, dijo.
Apenas la semana Armando Hernández Gallardo, un menor de 16 años de edad, que se encontraba barriendo afuera de un negocio donde trabajaba en vacaciones antes de volver a clases, fue alcanzado por una bala disparado por militares, también en Nuevo Laredo.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
