“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”
Articulo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Los Ministros de la Corte son dioses de un Olimpo imaginario que los hace sentir diferentes al resto de los mexicanos, pertenecen a un selecto grupo de seres superdotados, con una capacidad singular para decidir sobre la libertad, el patrimonio, los impuestos, e inclusive sobre las elecciones y sus resultados, porque sólo ellos y nadie más que ellos sabe cómo tomar esas resoluciones.
Esas facultades extraordinarias que creen poseer los ministros y por extensión los magistrados y jueces sólo existen en su imaginación, porque actualmente la Constitución establece que para ser Ministro de la Corte es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años, tener título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad de por lo menos 10 años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito que amerite cárcel y haber residido en el país 2 años y haber servido con eficiencia en el sistema de impartición de justicia. Para ser Magistrado se necesita tener título de licenciado en derecho con cuando menos 5 años de antigüedad, ser mayor de 35 años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso. Para ser juez se necesita ser mayor de 31 años.
No existe en la Constitución ninguna exigencia de tener estudios de maestría, doctorado, o posdoctorado, ni tampoco tener un alto coeficiente intelectual o un acervo de amplia cultura jurídica para pertenecer al Poder Judicial, sólo se necesita cumplir los requisitos que establece la Constitución. Pero la práctica común ha sido diferente, actualmente el Poder Judicial de la Federación está integrado por 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 7 Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 6 Consejeros de la Judicatura Federal, y 1,556 Magistrados y Jueces federales. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son electos por el Presidente de la República con la participación del Senado. Los magistrados y jueces federales son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quizá esta forma de elección de jueces, magistrados y ministros, generó la leyenda de que los senadores panistas y priistas han creado una cadena perversa de favores en la que a cambio de votar a favor de los nombramientos de ministros y magistrados, permitirles emplear a sus familiares y amigos en toda la estructura judicial del país y tolerar la creación indebida de fideicomisos que los dotan de privilegios multimillonarios, a cambio de todo eso los dirigentes y senadores de los partidos se convirtieron en poderosos beneficiarios e intermediarios de inversionistas y empresarios para obtener resoluciones judiciales favorables a sus intereses en materia penal, civil, fiscal, administrativa, laboral y desde luego electoral.
Quizá por eso en la estadística generada por organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y por las instituciones de México, los niveles de impunidad registrados en el país son muy altos, lo que genera desconfianza en la mayoría de la población y casi la certeza de que el dinero o las influencias del mas alto nivel son las únicas llaves que abren las puertas de la justicia ante los tribunales del país.
La reforma propuesta por el Presidente López Obrador en febrero de 2024 y revisada por los diputados de la legislatura actual contempla la elección de los juzgadores por voto libre secreto y directo de los ciudadanos mexicanos. En caso de que se apruebe la Reforma Judicial, los ciudadanos elegirán 756 Jueces de Distrito y 896 Magistrados de Circuito por un periodo de 9 años y podrán tener una reelección al terminar ese plazo. Para elegirlos se presentaran 6 candidatos, el Poder Ejecutivo presentará 2, el Poder Legislativo 2 candidatos, uno del de la Cámara de Diputados y 1 de la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, es decir la Suprema Corte de Justicia presentará 2 candidatos. La elección se haría en cada uno de los 32 circuitos judiciales que corresponden a los 32 entidades federativas de la república.
También se elegirían a 18 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, y a 7 magistrados de su Sala Superior, y a 5 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Estos funcionarios serían electos por 6 años y no tendrían derecho a reelegirse. Las candidaturas para elegir a estos funcionarios serían 30 por cada cargo, 10 presentadas por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo, que serían 5 de la Cámara de Diputados y 5 de la Cámara de Senadores y 10 por el Poder Judicial es decir la Suprema Corte de Justicia. Esa elección se llevaría a cabo a nivel nacional.
No hay nada en la propuesta de reforma que permita suponer la destrucción del Poder Judicial, ni de su independencia, se respetan los derechos de los trabajadores y sólo se transfiere a los ciudadanos el nombramiento de sus integrantes, se transparenta la desaparición de los privilegios y excesos económicos para devolver a los servidores del Poder Judicial al promedio de ingresos de todos los servidores públicos del país. No más fideicomisos multimillonarios. Está será la oportunidad de que los ciudadanos conozcan quiénes son los juzgadores que eligieron y los juzgadores sepan quiénes son los ciudadanos que les han dado el poder para que el pueblo de México tenga por fin acceso a la justicia que merece.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
