CIUDAD VICTORIA, TAM.- El pasado 5 de septiembre, se cumplieron cinco años de la masacre de cinco hombres y tres mujeres en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo.
Severiano Treviño Hernández de 34 años, Cindy Esmeralda Briseño Chapa de 39, Luis Fernando Hernández Viesca de 19, Enrique Pérez Chávez de 20, Wilbert Irraestro Pérez de 20, Juana Jetzel Graciano Magaña de 20, José Daniel Saucedo Hernández de 19, y Jennifer Hazel Romero López de 21, fueron secuestrados y asesinados.
Al menos tres víctimas sobrevivientes fueron la clave para tirar, meses después, la versión del Gobierno del Estado que aquel 5 de septiembre del 2019 informó que elementos de la Policía Estatal, del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET, después llamados Gopes) y del Ejército, habían abatido a civiles armados, integrantes de una célula criminal. Las personas, en su mayoría jóvenes, fueron sacados de sus domicilios en diferentes puntos del municipio y llevados a la casa de Severiano Treviño en Valles de Anáhuac donde los obligaron a vestir uniformes de camuflaje tipo militar para ejecutarlos.
A los ocho les sembraron armas, llevaron una camioneta con blindaje artesanal (monstruo) y alteraron la escena para hacer creer que se trató de un enfrentamiento.
Las investigaciones debido a la presión del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, obligó a develar lo sucedido y a punto de cumplirse tres años de los hechos, el Gobierno Estatal tuvo que pedir disculpas públicas a las familias de las víctimas y sobrevivientes y aceptar que se trató de ejecuciones extrajudiciales.
Por estos hechos se responsabilizó solo a siete elementos de seguridad, dos fueron procesados por homicidio calificado, abuso de autoridad, allanamiento y declaraciones Falsas rendidas ante una Autoridad; tres se convirtieron en testigos protegidos y los dos restantes siguen prófugos, aunque la Fiscalía ofreció una recompensa de 200 mil pesos por su captura.
Un año después, el 7 de agosto del 2020, el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, presentó al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de Seguridad Pública, al mando de Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, que antes dirigió al CAIET.
El Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) había sido creado por Egidio Torre Cantú, contaba con elementos que realizaban tareas más de inteligencia, pero luego fueron enviados a las calles, especialmente a Reynosa, tras Se presentaron como un grupo élite de 150 elementos entrenados en Estados Unidos para atender temas de seguridad; sin embargo, el historia de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y extorsiones continuó hasta su desintegración con la llegada del gobierno de Américo Villarreal Anaya.
MASACRE DE 19 PERSONAS EN CAMARGO
Una de ellas fue la masacre de 19 personas, 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos en Camargo el 22 de enero del 2021. Los Gopes persiguieron a balazos a los migrantes que viajaban en dos camionetas, tratando de llegar a la frontera para cruzar a Estados Unidos.
Al darles alcance, les dispararon nuevamente a quemaropa para asesinarlos e incluso les dieron el tiro de gracia y después calcinaron los cuerpos a bordo de la batea de una de las camionetas; en el grupo había dos mexicanos, quienes eran los encargados de llevarlos al vecino país. La matanza ocurrió cerca del rancho Piedras en Díaz Ordaz, cerca de Camargo y a pocos kilómetros de Estados Unidos; sin embargo el caso de conoció como la masacre de migrantes en Camargo. Por estos hechos fueron detenidos solo 12 de un grupo de 24 elementos que participó en la masacre; fue el testimonio de uno de los efectivos policiales, que arrepentido, puso al descubierto el horror que vivieron las personas, algunos de ellos menores de edad.
El 24 de octubre del 2023, un juez de control sentenció a 11 de los detenidos a 50 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con la agravante de premeditación y ventaja, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad.
Al policía que aportó la información para develar los detalles de la masacre lo sentenciaron a 19 años de prisión; aunque luego todos los abogados apelaron la sentencia y hasta hoy no se ha resuelto por parte de la autoridad competente si dicha apelación es aceptada.
Luego el 14 de enero de este año, fue detenido en Kilye, Texas y extraditado a México, otro de los Gopes que participó en la masacre, por lo que reinició de nueva cuenta todo el proceso judicial para tratar de aplicarle la misma sentencia que al resto. Aún hay otros 11 que se encuentran prófugos.
LA MASACRE PUDO EVITARSE
La masacre de las 19 personas en Camargo pudo haberse evitado, según dijo en su momento Marco Antonio Mariño Leal, nombrado Vicepresidente de Seguridad de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas. “Si hubieran volteado a ver, a lo mejor no estaríamos lamentando la muerte de 19 personas, los Gopes deben desaparecer”, señaló el comerciante, al referirse sobre la denuncia interpuesta contra elementos de esta corporación policial por robo.
Y es que el 11 de noviembre del 2020, irrumpieron en el domicilio de Angélica Gudiño Vázquez, secretaria de Canaco en Camargo, en la colonia Ampliación El Gonzaleño Sur, robando 435 mil pesos, 11 mil 470 dólares, joyas, herramientas y otras pertenencias.
Las cámaras de seguridad del domicilio captaron a los uniformados y vecinos del lugar, atestiguaron que los elementos salieron cargado cosas del domicilio y los subieron al camión azul blindado o Sand Cat. Por estos hechos interpuso una denuncia 135/2020, a la que aseguró, no se le dio seguimiento; otos comerciantes también acusaron que los elementos de seguridad también los extorsionaban y tenían que pagar cantidades de dinero para poder trabajar. “Nosotros diríamos que los quiten, no creemos que haya habido un cambio contundente en la seguridad del estado con ellos, al contrario son demasiadas arbitrariedades, como Federación de Cámaras de Comercio, pedimos que los quiten”, dijo entonces Mariño Leal.
DESAPARICIONES FORZADAS Y ABUSO DE AUTORIDAD
Sobre los integrantes de este grupo policial de “élite” pesan otras acusaciones de abuso de autoridad y desapariciones forzadas, especialmente en la zona fronteriza del estado.
El 6 de enero del 2021, elementos de los Gopes habrían interrumpido en los domicilios de Luis Alberto Herrara Ávalos y José Jaime Sánchez Saucedo en el municipio de Mier, a quienes se llevaron sin rumbo conocido.
Las familias presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León por temor a hacerlo en Tamaulipas; una semana después las familias se manifestaron a la entrada del municipio, para exigir el retorno de sus familiares, sin embargo, la manifestación fue disuadida con disparos al aire y golpes de elementos policiacos. An la denuncia interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos, narraron que les despojaron de sus celulares e identificaciones, por lo que algunas familias tuvieron que desplazarse de esa zona por temor a represalias.
POR PERLA RESÉNDEZ
