Las medidas afirmativas que se establecieron en la ley electoral de Tamaulipas no fueron suficientes para que los grupos en condición de vulnerabilidad se vieran representados en la próxima Legislatura del Congreso local, o en la mayoría de los ayuntamientos que se instalarán el 1 de octubre.
Si bien los partidos políticos cumplieron con las reglas que marcó el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), aprovecharon la ambigüedad del reglamento para registrar a sus candidatos de la comunidad LGBTTTIQ+ en espacios poco competitivos, lo que derivó en que ningún representante de la diversidad alcanzó una diputación local.
Los únicos grupos vulnerables que serán representados en la Legislatura 66 son el de jóvenes, con la presencia de Katalyna Méndez, diputada de Morena por Ciudad Victoria; y el de personas con discapacidad, que incluye al diputado de Reynosa, también morenista, Marco Gallegos, quien logró la reelección
También aparecen en la lista de futuros diputados dos legisladores que se acreditaron como personas migrantes: Marina Edith Ramírez Andrade, del Partido Acción Nacional, y Juan Carlos Zertuche, del Partido Movimiento Ciudadano; los dos llegan por la vía plurinominal. La definición de ambos como diputados migrantes resulta dudosa, pues han desempeñado en los últimos años cargos públicos que se adscriben definitivamente a Tamaulipas.
Es decir, incluso sin la nueva ley electoral, han hecho carrera política en el estado. La panista Marina Ramírez Andrade, es diputada local por San Fernando, desde el 1 de octubre del 2021, y antes de eso trabajó en el gobierno municipal desde el 2016, primero como directora de eventos y después como regidora en el Cabildo.
Además, su curriculum hecho público en la página oficial del Congreso, señala que ha trabajado en el rubro restaurantero desde hace veinte años. Para acreditar su residencia en Texas presentó una licencia de manejo y en el perfil publicado por el Instituto Electoral de Tamaulipas asegura haber participado “activamente apoyando a migrantes en Misión Tx con una iglesia de esa área”.
No hizo público su lugar de residencia ni el tiempo que lleva residiendo ahí. Ante la pregunta de cuál sería su propuesta para atender al sector vulnerable que representa, no respondió nada relacionado con los migrantes. Su respuesta fue: “Programas de actividad física adaptada Brindar una variedad de clases diseñadas cuidadosamente para satisfacer las necesidades y capacidades únicas de los adultos mayores, reconociendo la importancia de mantenerse activo para promover la salud y el bienestar en todas las etapas de la vida.
Estas clases incluyen opciones como yoga suave, aeróbicos de bajo impacto, ejercicios de flexibilidad y equilibrio, así como técnicas de relajación y respiración para mejorar la movilidad, la fuerza y la coordinación”. Zertuche, originario de Reynosa, es coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano desde octubre del 2021; antes había sido candidato de ese partido a la alcaldía de su municipio, y antes candidato a una diputación local.
En la administración federal de Enrique Peña Nieto fue delegado estatal de la Secretaría de Economía, pero nada se sabe sobre experiencias laborales o de voluntariado en Estados Unidos.
La ley electoral de Tamaulipas, reformada en el 2023 para incluir estas acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables, identifica a las personas migrantes como “las personas nacidas en Tamaulipas que residan fuera del territorio nacional”. Es decir, la norma fue establecida para abrir espacios políticos a tamaulipecos que hayan tenido que migrar por razones laborales, económicas o personales.
Así lo definía el dictamen aprobado por el Congreso en junio del año pasado: “A efecto de avanzar en la protección y el ejercicio de los derechos político electorales de los mexicanos residentes en el extranjero, se considera idóneo avanzar en la adopción de una acción afirmativa que promueva el acceso de este sector de la población a candidaturas a cargos de elección popular”.
Para acreditar su residencia en Estados Unidos, Zertuche presentó una licencia de conducir del estado de Texas. En el perfil que entregó al Instituto Electoral de Tamaulipas y publicado en su portal de Internet, señala ser residente de Estados Unidos desde hace menos de cinco años por motivos laborales, aunque en su curriculum no expresa cuál es su trabajo.
Ante la pregunta de cuál sería su propuesta para favorecer al grupo en situación de discrminación que representa, respondió: “Impulsar a través de reformas de ley una mejor distribución del ingreso para alcanzar mayores niveles de equidad, incorporando como un eje transversal la perspectiva de género en la economía y así como leyes que permitan promover el desarrollo de la industria, los servicios y las pequeñas y medianas empresas con la finalidad de incentivar la creación de empleos formales y estables, con salarios dignos y una perspectiva de género e intergeneracional”.
El caso de Marina Ramirez y Juan Carlos Zertuche es similar a lo que ocurrió en el ámbito federal. La panista Blanca Leticia Gutiérrez Garza, originaria de Reynosa, accedió por la vía plurinominal a la Cámara de Diputados, adscribiéndose a la condición de candidata migrante, sin embargo, de acuerdo con el perfil que entregó al INE, toda su vida laboral se ha desarrollado en Tamaulipas, donde fue regidora, funcionaria municipal y estatal.
Incluso fue representante de la oficina del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Presentó al INE una matrícula consular emitida en Estados Unidos, justo en diciembre de 2023, previo a la definición de candidaturas, así como dos cartas de organizaciones de migrantes en las que aseguran ha hecho labor a favor de los migrantes, y con eso le alcanzó para ocupar la posición seis de la lista panista, en la Segunda Circunscripción.
DIVERSIDAD SEXUAL, SIN REPRESENTACIÓN
El caso de los representantes de la comunidad LGBTTTIQ+ es el más grave, pues por la manera en la que los partidos interpretaron la ley y distribuyeron las candidaturas, al final, el Congreso de Tamaulipas no tendrá ningún diputado de la diversidad sexual.
Quien se quedó más cerca fue la candidata de Morena, Denisse Mercado Palacios, inscrita en la posición seis de la lista de representación proporcional.
De hecho su caso está en litigio ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, pues esa posición es la que, según su partido, el IETAM otorgó incorrectamente al Partido Acción Nacional. El resto de los partidos, registraron a sus candidatos de la diversidad en espacios de competencia muy complicados. Acción Nacional por ejemplo, presentó una fórmula del colectivo LGBTTTIQ+ como candidatos de mayoría en el distrito 07 con cabecera en el municipio de Reynosa, donde ese partido tiene poca competitividad.
El Partido Verde inscribió una fórmula de la diversidad en la posición siete plurinominal, y el Partido del Trabajo en la posición seis.
Los partidos estaban obligados a postular para el Congreso al menos una fórmula ya sea de mayoría relativa o de representación proporcional; en este caso tenía que que estar dentro de las primeras siete posiciones. Para el caso de las candidaturas de personas pertenecientes a la diversidad sexual, bastaba con su autoadscripción como requisito, a partir de la manera en que cada persona se autopercibe. En caso de que hubiera la presunción de fraude, el IETAM tiene la facultad de investigar pero “sin generar actos de molestia que impliquen la discriminación de la persona candidata”. Los fraudes a esta disposición provocan la inelegibilidad de la candidatura correspondiente.
En caso de las candidaturas de las personas de la diversidad sexual, la candidatura correspondería al género con el que se identifiquen y así sería tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. En total, de acuerdo al Informe Pre-electoral de las candidaturas LGBTTTIQ+ en México 2024, elaborado por la organización Voto X la Igualdad, en Tamaulipas compitieron 19 candidatos pertenecientes a este colectivo durante el proceso electoral pasado. En todo el país se registraron 1,212 candidaturas, lo que representa el 2.79% del total de postulaciones. Michoacán se destacó como el estado con el mayor número de candidaturas LGBTTTIQ+, con 186 personas participando en la contienda electoral.
Solo 52 personas no binarias aspiraron a un cargo de elección popular, representando el 0.12% del total de las candidaturas a nivel nacional. Durante el proceso, la organización registró nueve incidentes violentos contra personas LGBTTTIQ+ candidatas, dos de ellos con desenlace letal. Además, se denunciaron al menos 12 casos de usurpación de candidaturas destinadas a personas de esta población, por planillas que no forman parte de ella, lo que evidencia un intento de fraude y falta de respeto a los espacios ganados.
Además, se reiteró que la visibilización de la agenda LGBTTTIQ+ en las propuestas de campaña sigue siendo limitada. De las 130,290 propuestas presentadas por las distintas candidaturas en los comicios, solo 2,469 mencionaron explícitamente a las personas LGBTTTIQ+, lo que equivale al 1.76% del total.
En el ámbito federal, solo ganaron dos aspirantes de mayoría al Poder Legislativo pertenecientes a la diversidad sexual: una diputada y otra senadora. Se trata de Alma Rosa de la Vega Vargas, quien ganó el distrito 2 de Guanajuato por Morena, pero morenistas reprochan su postulación como representante de la comunidad LGBT cuando ella está casada con un hombre por la Iglesia católica y jamás ha hecho nada por el sector.
De acuerdo con sus redes sociales, en campaña no hizo propuestas para ese sector ni se promovió como su representante. En contraste, en el Senado estará Reyna Celeste Ascencio, del PT, quien es actualmente diputada y sí se le reconoce como defensora de los derechos de la comunidad. Otra que causó inconformidad fue Verónica Pérez Herrera, ex diputada federal por el PAN y actualmente diputada local en Durango.
Activistas y miembros de la comunidad la llaman “la usurpadora”, pues no sólo no tiene nada que ver con la comunidad, sino que como legisladora votó en contra de matrimonios igualitarios. “Cómo alguien que no es de la comunidad LGBTIQ+ y que votó en contra del reconocimiento de los DD para la comunidad, hoy ocupa una candidatura como integrante de la diversidad sexual? Mentirosos y cínicos”, reclamaron en redes sociales miembros de ese sector, y le exigieron renunciar a la “farsa”.
POR STAFF
