La reforma judicial ya es una realidad. Será promulgada en los próximos días, y a partir de entonces comenzará el conteo de los plazos fatales para que esta sea puesta en marcha.
Vale la pena, en medio de tanto ruido y en una discusión tan polarizada, leer a detalle el dictamen que traerá cambios sustanciales para la impartición de la justicia en México, y desde luego en las entidades.
Lo más relevante ya se sabe, el espíritu de esta reforma radica en que los jueces, magistrados y ministros de todo el país, ahora sean electos en las urnas.
La organización de esas elecciones representará un reto mayúsculo y será la verdadera prueba para calificar esta transformación radical del Poder Judicial.
Pero hay otros asuntos contenidos en el dictamen, aprobado ayer por el Congreso de Tamaulipas y por más del cincuenta por ciento de los legislativos estatales, que también significan cambios importantes.
El Presidente López Obrador ha insistido en que además de democratizar la impartición de la justicia, se trata de reducir los altos costos del aparato judicial.
Por ello, el artículo séptimo transitorio ordena poner un tope a los sueldos de los juzgadores desde ya.
“Las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán ser mayores a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Esta medida es relevante, porque en efecto, durante décadas ha perdurado la percepción de que los jueces federales pertenecen a una casta dorada.
Esa opinión, si se revisan las cifras oficiales, no es para nada errada.
Pongamos por ejemplo el caso de un magistrado del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación.
Guillermo Cuautle Vargas es integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo con sede en Victoria.
Por cumplir con su responsabilidad recibió durante el 2023, una remuneración neta por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones, de 3 millones 025 mil pesos libres de impuestos, lo que representa un ingreso promedio mensual de 252 mil pesos.
Esta cantidad, -ni siquiera imaginable para el 99 por ciento de la población- está compuesta por un sueldo bruto mensual de 212 mil pesos, un aguinaldo anual de 379 mil pesos, una prima vacacional de 62 mil pesos.
A esas gratificaciones además hay que sumar un “pago por riesgo” anual bruto de 722 mil pesos.
Este monto, de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal, “se otorga a los servidores públicos de mando del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas, que se confiere de conformidad con los lineamientos y montos que establezcan los Órganos de Gobierno”.
Es muy probable que el magistrado se merezca estas percepciones económicas y desquite cada peso de su sueldo, el problema es que por la vehemencia con la que se ha manifestado en diferentes puntos de Victoria contra la reforma judicial, y la rudeza con la que ayer arremetió contra los periodistas que hacían su trabajo en el Congreso del Estado, resulta difícil dejar de pensar que lo que de verdad le molesta del decreto que será promulgado en los próximos días, es el artículo séptimo transitorio, ese que hará reducir sus ingresos.
Por. Miguel Domínguez Flores
