VICTORIA, Tam.- Con 18 a favor y diez contra, el Congreso de Tamaulipas aprobó la reforma que incorpora a la Guardia Nacional a la Sedena, además de darle facultades para investigar delitos.
A la sesión extraordinaria de este jueves, solo asitieron 28 legisladores, Magaly Deandar y Edmundo Marón se reportaron con Covid, por lo que siguieron la sesión y votaron en línea.
Mientras Nora Gómez, Édgar Melhem, Mirna Flores, Carlos Fernandez, Nora Hinojosa, Lidia Martínez, Jesus Suarez y Felix García, justificaron la inasistencia, por lo que no pudieron votar.
El Decreto reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 78, 82, 123 y 129 de la Constitución mexicana, en materia de Guardia Nacional, como institución de seguridad pública, adscrita a la Sedena.
La primera en subir a tribuna para manifestar su inconformidad fue la priista Alejandra Cárdenas Castillejos quien dijo que es clara la intención de militarizar el país, señalando que “es una amenaza a los cimientos de la democracia y la seguridad de las y los mexicanos”.
Dijo que la militarización de la seguridad no es la solución a la problemática, recordando a sus pares de Morena que en anteriores administraciones fueron ellos los que salieron con mensajes en redes a decir “no a la militarización”, considerando que la iniciativa significaría un retroceso.
En este sexenio, señaló, “hemos alcanzado la cifra estremecedora de 200 mil muertes violentas, “esta tragedia nacional es una prueba irrefutable del fracaso de la estrategia actual”, señalando que pese a la presencia militar en estos años, “la violencia y el crimen organizado, siguen siendo una terrible plaga en nuestra sociedad.
Tocó el turno a Ángel Covarrubias quien condenó a nombre del PAN, las acciones que dijo, llevan a México a un bloque absolutista, “desde hace años hemos sido testigos de cómo la violencia en el país ha ido en aumento”.
“Nos dijeron que con la creación de la Guardia Nacional en lugar de la extinta Policía Federal, bajarían los índices de delincuencia y los delitos de sangre en el país, cosa que hasta este momento no cumplieron”.
La mayoría de los diputados, dijo, “votarán a favor de subordinar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional cumpliendo por fin uno de los grandes caprichos de su líder; aunque lo nieguen, están dando el primer paso para convertir a México en una dictadura”, aseguró.
Luego subió Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, quien adelantó su voto en contra al señalar que la reforma “es el último clavo al féretro de la seguridad civil, que además, rompe el orden constitucional democrático”.
Señaló que primero fue la reforma judicial, “ahora con esta reforma militar, se entrega ya todo el orden jurídico de la seguridad civil a las fuerzas armadas”, señalando que con la misma, se termina de militarizar al país.
Se dijo respetuoso de las fuerzas armadas, pero recordó que también han cometido violaciones graves, como las registradas en Nuevo Laredo, “por la sencilla razón de que nuestras fuerzas armadas están entrenadas, muy bien entrenadas para ser letales”.
Por último, Isidro Vargas trató de convencer a los diputados de oposición, aclarando que la reforma tenía el objeto de clarificar las acciones de la Guardia Nacional en combate a la violencia y delitos en México.
Señaló que no es una militarización, como lo afirmó la legisladora del PRI, pues ni la Sedena o los navales estarían realizando la misma labor que la Guardia Nacional, como aseguró lo hizo el Presidente Felipe Calderón a quien acusó de generar miles de muertes.
Al diputado panista le pidió revisar los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que los delitos, dijo, van a la baja y agregó, “quien fue dictador en Tamaulipas fue Cabeza de Vaca con el Grupo de Operaciones Especiales, haciendo actividades delictivas como si fueran bandidos en el estado”.
Y a su par de Movimiento Ciudadano, le dijo que coincidía en que la salida no era la guerra, “ya esperimentamos esa situación con cCalderón, Fox y Peña Nieto con la mal llamada Ley de Seguridad Interior”.
¿QUÉ CONTEMPLA LA REFORMA?
La Minuta de la Guardia Nacional, contempla la función sobre la investigación de delitos, determinando cuestiones relacionadas a su estructura, organización y competencia, además de regular su marco de actuación y operatividad.
Se establece que la jurisdicción militar no podrá extenderse a personas que no pertenezcan al Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional.
También se determina que las instituciones de seguridad pública deberán ser disciplinadas, profesionales y de carácter civil, “fortaleciendo con ello el enfoque constitucional mismo que prioriza y atiende la protección y efectiva garantía de los derechos humanos”.
Otro aspecto versa en la función de la Guardia Nacional, misma que, de acuerdo a su ámbito de competencia, se encargará de la investigación de los delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.
De igual forma, se determinan cuestiones relativas a la competencia, indicando que los tribunales militares no podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército.
Se establece a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública, con origen militar y formación policial, bajo la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coadyuvando con la aplicación de la estrategia nacional de seguridad pública.
Aclara que ninguna persona extranjera podrá formar parte de la Guardia Nacional en tiempos de paz, así como el requisito indispensable de no formar parte de dicho ámbito al ocupar diversos cargos de elección popular.
Se faculta al Presidente de la República para nombrar los mandos superiores y oficiales de la Guardia Nacional, con la ratificación del Congreso de la Unión.
El Congreso de la Unión, la expedición de las leyes generales que regulen y establezcan los requisitos y límites para la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Por lo que hace a la materia laboral, se estipula que los elementos de la Guardia Nacional estarán sujetos a su propia normatividad laboral, la cual deberá garantizarles la participación en un sistema de vivienda.
Perla Reséndez
