CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de la República, imputó a un ex militar acusado del homicidio de Javier Flores del Ángel, además de retención de personas y lesiones en perjuicio de los jóvenes Osvaldo Jasso, José Luna y Daniel Gómez, respectivamente.
En audiencia inicial, el ministerio público federal acusó a Ranulfo “N” del homicidio de un padre de familia y lesionar a tres hombres, en hechos registrados el 7 de febrero del 2021 en calles del fraccionamiento Colinas del Sur de Nuevo Laredo.
Inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el abatimiento de una persona del sexo masculino y la detención de otros tres hombres pertenecientes al crimen organizado que previamente habían agredido a los militares con armas de fuego.
Sin embargo, la evidencia obtenida por abogados y testigos, señalaron que los elementos del Ejército realizaban un operativo urbano en el fraccionamiento Colinas del Sur en Nuevo Laredo y dispararon en contra de los jóvenes que regresaban a sus domicilio, luego de asistir a una reunión social.
Un peritaje realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) evidenció que los militares del XVI Regimiento de Caballería Motorizada habrían falseado la información oficial.
Además de que sembraron evidencias y cayeron en contradicciones, ordenando un Juez de Control la liberación de los detenidos y el inicio de una carpeta de investigación en contra del personal militar, por lo que los jóvenes pasaron de imputados a víctimas.
En audiencia celebrada en el Centro Federal de Justicia Penal con sede en Reynosa, dentro de la Causa Penal 37/2022, el Juez determinó la medida de prisión preventiva oficiosa para el detenido.
En este caso, otro ex militar, José María “N” fue acusado de los mismos delitos, actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 ubicado en Ramos Arispe, Coahuila.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 71VG/2022, de fecha 30 de septiembre del mismo año, cuyo seguimiento y cumplimiento desconocen las víctimas y sus familiares, pues hasta la fecha no han recibido la indemnización correspondiente por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
