Llegada la hora de los balances, hay múltiples indicadores positivos en favor del sexenio de López Obrador.
El más significativo, por lejos, haber incluido en su agenda de gobierno como prioridad absoluta, la atención de los más vulnerables.
Los programas sociales le cambiaron la vida a millones de personas, lo mismo que los aumentos al salario mínimo.
Entre el 2018 y el 2022, más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, un logro que no se había registrado en más de dos décadas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Salario Mínimo, entre 2019 y 2022 el número de personas en pobreza se redujo en 23.7% debido a los incrementos salariales.
Esto quiere decir que de las 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 millones son atribuibles exclusivamente a los incrementos del salario mínimo”.
En pocas palabras, el famoso “Primero los pobres” se materializó y se convirtió en la base de la política social del gobierno.
Hay sin embargo, asuntos que la administración de López Obrador deja como pendientes dolorosos.
El esclarecimiento del caso Ayotzinapa es uno de ellos.
A diez años de la desaparición de los 43 normalistas, los avances en la investigación siguen siendo decepcionantes, incluyendo la recuperación de apenas tres fragmentos de huesos de tres de los estudiantes.
La deuda del sexenio que termina no es solo con los familiares de los alumnos que fueron víctimas aquella noche en Iguala.
El gobierno que termina el 30 de septiembre no ofreció una respuesta a la altura de las expectativas de miles de personas que buscan a sus desaparecidos en todo el país.
Es cierto que no era fácil. Apenas se dimensiona la crisis que dejaron los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón, quienes trataron de invisibilizar el problema de las desapariciones en México, pero a la administración federal le faltó desarrollar una estructura para atender el legítimo reclamo de quienes no saben dónde están los suyos.
Claudia Sheinbaum tiene a partir del 1 de octubre un reto complejo, pues la magnitud del problema es abrumadora: según el Registro de la Secretaría de Gobernación, al corte del 26 de septiembre hay 115,472 “personas desaparecidas y no localizadas”, 12,984 de ellas en Tamaulipas.
La inmensa mayoría de estos casos datan de entre el 2006 y el 2018 cuando se desató en todo el país una guerra que mutiló a familias enteras.
Claudia Sheinbaum tendrá que enfrentar no solo las expectativas de continuidad en los logros sociales, sino también el inmenso desafío de dar respuestas contundentes en materia de justicia y derechos humanos. La deuda histórica con las víctimas de la violencia es un tema que no puede seguir postergándose.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
