CIUDAD VICTORIA, TAM.- La ola de violencia que estalló en 2010 en Tamaulipas a causa de la pugna entre dos grupos criminales, provocó un incremento en los homicidios, principalmente causados por armas de fuego.
La inmensa mayoría de ellas, traficadas de manera ilegal desde Estados Unidos. La violencia criminal puso a Tamaulipas en el centro de la atención nacional e internacional, al ponerse al descubierto masacres de hombres, mujeres e incluso menores de edad, la mayoría de ellos extranjeros que cruzaban por Tamaulipas en busca de llegar a Estados Unidos, buscando huir de sus países de la violencia y la falta de empleo.
En ese 2010 los homicidios dolosos reportados en Tamaulipas sumaron 721, para el 2011 ya eran 855, y en 2012 este tipo de crímenes ya sumaban mil 016 asesinatos, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).
Un año después en 2013 los homicidios dolosos reportaron una baja con 556 homicidios dolosos, pero en 2014 los asesinatos sumaban 628 y un año después, en 2015, se reportaron 762 homicidios dolosos de los que 417 fueron con armas de fuego. Para el 2016 las víctimas de homicidios dolosos sumaron 852 de los que 559 fueron con arma de fuego, y para el 2017 de las mil 051 víctimas de homicidios dolosos reportadas, 727 fueron por arma de fuego.
La escalada de violencia provocó la reacción de las autoridades, que redoblaron esfuerzos, tratando de frenar a los delincuentes; en 2010 el Ejército aseguró 707 armas cortas y 2 mil 863 armas largas.
En 2011 se aseguraron 2 mil 596 armas cortas y 7 mil 948 armas largas; un año después los militares aseguraron mil 134 armas cortas y 4 mil 925 largas, en 2013 la cifra descendió, se aseguraron 470 armas cortas y 2 mil 043 armas largas. En 2014 el Ejército aseguró 387 armas cortas y 2 mil 055 armas largas, un año después fueron 295 armas cortas y mil 684 armas largas las aseguradas y en 2016 se aseguraron 140 armas cortas y 761 armas largas.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 2017 se aseguraron 134 armas cortas y mil 119 armas largas; en 2018 fueron 245 armas cortas y mil 104 armas largas y un año después, sumaron 96 armas cortas y 752 armas largas. En 2020 se aseguraron 73 armas cortas y 668 armas largas; en 2021 los aseguramientos aumentaron, sumando 139 armas cortas y 851 armas largas; en 2022 la suma asegurada fue de apenas 107 armas cortas y 777 armas largas.
Los datos de la dependencia federal indican que en 2023 se aseguraron 87 armas cortas y 797 armas largas y en los primeros siete meses de este año se han asegurado 35 armas cortas y 433 armas largas. El 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil de 10 mil millones de dólares por daños en contra de empresas que fabrican armas en Estados Unidos.
De acuerdo con el gobierno mexicano, las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de manera ilegal; calculando que el 70 por ciento de las armas traficadas al país, provenían de Estados Unidos.
En septiembre de 2022, el juez de primera instancia desechó la demanda al considerar que la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) sí protegía a las empresas demandadas aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurre en territorio mexicano, por lo que México presentó una apelación.
La Corte de Apelaciones consideró que el juez de primera instancia desechó incorrectamente el reclamo de México, ordenando que el asunto regrese a primera instancia para continuar su desarrollo. En ese punto, Smith & Wesson e Interstate Arms, dos de las empresas demandadas, apelaron ante la Suprema Corte de Estados Unidos, para revisar si las reclamaciones del gobierno mexicano suponen una violación a la soberanía y a las leyes del país.
Del 2010 hasta julio del 2024, los elementos del Ejército Mexicano han detenido a 12 mil 937 personas por diferentes delitos en el estado; en 2010 fueron 845 las personas detenidas.
Las detenciones comenzaron a incrementarse, sumando mil 840 personas en 2011; otras mil 987 en 2012; mil 577 personas en 2013; mil 438 detenidos se reportaron en 2014 y para 2015 se detuvieron a otras mil 326 personas. En 2016 se detuvieron a 791 personas, otras 730 en 2017, mientras que en 2018 se detuvieron a 544; otras 322 en 2019; un año después las detenciones eran apenas 268 personas.
En 2021 se detuvieron a 482 personas, en 2022 las detenciones sumaron 318, el año pasado fueron detenidas 349 y hasta julio de este 2024, las detenciones sumaron 120 por diferentes delitos.
TAMAULIPAS, EN LA DEMANDA VS ARMERÍAS
La demanda que presentó el Gobierno de México contra los fabricantes de armas, contiene datos importante sobre cómo el tráfico de armamento ha impactado negativamente en Tamaulipas. Entre marzo de 2006 y junio de 2007, diez tiendas de armas en Houston vendieron 336 armas a compradores que luego las traficaron hacia el estado.
De esas armas, 88 fueron detectadas en territorio mexicano, y varias de ellas se utilizaron en el asesinato de 18 personas, incluidas algunas víctimas civiles y oficiales de seguridad. Este tipo de casos refleja un patrón de tráfico de armas que ha impactado gravemente a México desde hace más de 15 años.
Entre abril y agosto de 2018, en Gonzales, Texas, una tienda vendió a un solo comprador 14 rifles Century, un Barret calibre .50 y otras armas de alto poder.
Meses después, una de esas armas fue utilizada en un crimen en Ciudad Mier, Tamaulipas. El mismo traficante también adquirió más armas en una tienda Academy Sports & Outdoors Store de Victoria, Texas, y una de esas armas fue recuperada en julio de 2018 tras ser usada por criminales en Miguel Alemán, otra localidad tamaulipeca. En total, 17 rifles de alto calibre, todos provenientes de Estados Unidos, fueron asegurados en esta operación. Estos ejemplos ilustran la profunda penetración del tráfico de armas en la frontera y cómo ha nutrido la capacidad de fuego del crimen organizado, aumentando la violencia en México desde hace al menos 15 años.
La facilidad con la que las armas cruzan la frontera es un problema que el Gobierno de México ha decidido enfrentar legalmente. En una acción sin precedentes, presentó una demanda contra las principales fábricas de armas de Estados Unidos, argumentando que estas empresas han sido negligentes al permitir que sus productos caigan en manos de traficantes que los envían a México. La demanda establece que el incesante flujo de armas ha sido un factor determinante en el incremento de la violencia en México, especialmente desde 2004, cuando Estados Unidos liberó la venta de rifles de asalto.
Esta violencia ha alcanzado niveles alarmantes, afectando principalmente a estados fronterizos como Tamaulipas. En 2007, la entidad registró su primer ataque importante contra fuerzas de seguridad; en 2011, esa cifra se disparó a 42 agresiones.
Estos números reflejan el impacto devastador de las armas provenientes de Estados Unidos. Las estadísticas mexicanas subrayan la gravedad de la situación.
De los 4,265 homicidios dolosos registrados en Tamaulipas entre 2015 y junio de 2021, el 60% fueron cometidos con armas de fuego, y se estima que la mayoría de esas armas provienen del país vecino. A nivel nacional, aproximadamente el 70% de las armas decomisadas tienen su origen en Estados Unidos, lo que muestra la magnitud del problema. Sin embargo, mientras la violencia aumenta, las denuncias por violaciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos han disminuido drásticamente.
En 2014, hubo 2,008 denuncias en Tamaulipas, pero en 2020, esa cifra cayó a 730. El mercado sin control de armas en Estados Unidos ha permitido que los traficantes aprovechen vacíos legales para mover grandes cantidades de armamento. Estados como Texas han llevado al extremo la interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a portar armas. Esta flexibilidad ha creado un terreno fértil para el contrabando de armas hacia México. El periodista Ioan Grillo, en un artículo para el New York Times, explica que los traficantes se benefician del desordenado sistema de regulaciones que rige la industria armamentista en Estados Unidos. De manera sorprendente, no existe una ley federal que prohíba específicamente el tráfico de armas en ese país
Un ejemplo claro de este vacío legal es el caso de Hugh Crumpler III, un estadounidense que entre 2009 y 2010 compró 529 armas en tiendas y luego las revendió en ferias de armas sin exigir documentación a los compradores. Las autoridades rastrearon algunas de esas armas y descubrieron que habían llegado a manos de traficantes latinoamericanos y se habían utilizado en tiroteos en Colombia y Puerto Rico.
Crumpler fue condenado a solo 30 meses de prisión. Este mismo modus operandi es el que denuncia el gobierno mexicano en su demanda contra los fabricantes de armas. La demanda también señala que muchas compañías de armas en Estados Unidos están plenamente conscientes de que sus productos son comprados por intermediarios que luego los trafican hacia México.
En algunos casos, una sola persona adquiere decenas de armas, lo que levanta sospechas de que se trata de tráfico ilegal. Un ejemplo citado en la demanda es el caso de Barret, una empresa que fabrica el famoso rifle calibre .50, altamente valorado por los cárteles mexicanos debido a su poder destructivo. En abril de 2018, la tienda Zeroed In Armory, en Houston, vendió a una sola persona más de 170 armas, incluidas 76 rifles “estilo AK” y al menos dos Barrets, por un total de 15,000 dólares.
Dos meses después, parte de ese armamento fue recuperado en Nuevo Laredo tras haber sido utilizado en varios crímenes. Este tipo de operaciones ilustra cómo las armas de alto calibre, diseñadas para uso militar, llegan a manos de criminales que las utilizan en su guerra contra las fuerzas de seguridad y entre sí.
La demanda también acusa a las empresas de diseñar armamento específicamente para atraer a los delincuentes mexicanos. Un ejemplo es una pistola fabricada por Colt, que presenta la imagen de Emiliano Zapata y una famosa cita atribuida al héroe revolucionario mexicano: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.
Según las autoridades, este tipo de armas se ha utilizado en crímenes violentos, como el asesinato de la periodista Miroslava Breach en 2017. El gobierno mexicano no solo busca compensaciones económicas en esta demanda, sino también la implementación de medidas concretas para frenar el tráfico de armas.
Entre las medidas propuestas están la creación de sistemas más rigurosos de control y monitoreo en la distribución de armas, la incorporación de mecanismos de seguridad que impidan su uso por personas no autorizadas, y el financiamiento de campañas y estudios para prevenir el tráfico ilegal.
La demanda también solicita que los fabricantes de armas financien estudios y programas que contribuyan a la reducción de la violencia causada por estas armas en México. El objetivo final es castigar a las compañías que han permitido que sus productos lleguen a los cárteles y disuadirlas de continuar con estas prácticas. Según la demanda, las empresas armamentísticas han priorizado las ganancias por encima de la seguridad, y al hacerlo, han alimentado la violencia en México. El juicio, de proceder, podría sentar un precedente importante en la lucha contra el tráfico de armas y la violencia que este genera.
POR PERLA RESÉNDEZ
