El paro judicial que se realiza desde agosto no es un paro laboral, porque no obedece a demandas de los trabajadores que tendrían que ser presentadas ante su patrón que es la Suprema Corte de Justicia o el Consejo de la Judicatura Federal. Dicho de otra manera, la suspensión de labores es porque los jueces, magistrados y ministros de la corte y los 55 mil trabajadores del Poder Judicial no quieren cumplir la reforma constitucional aprobada. En otras palabras los juzgadores no trabajan porque están en contra de cumplir la Constitución. Se han convertido en el ultimo bastión de la derecha opositora para obstruir al gobierno electo democráticamente el 2 de junio.
Debe quedar claro que lo que no quieren cumplir se resume en tres temas. El primer tema es que a partir del 2025 los mexicanos elegirán con su voto libre, secreto y directo a los jueces, magistrados y ministros; el segundo tema es que un nuevo Organo de Administración Judicial realizará las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, y un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial será el responsable de investigar y sancionar a ministros, magistrados y jueces por actos contrarios a la ley, falta de profesionalismo o actos de corrupción.
El tercer tema requiere una mención especial y se refiere a los Fideicomisos del Poder Judicial que manejan 35 mil millones de pesos y se reintegraran a un Fondo de Pensiones del Bienestar. Ese dinero, que solo ellos tienen, les ha permitido ganar sueldos y compensaciones extraordinarias que sumadas anualmente se convierten en millones de pesos, gastos de representación y gastos médicos mayores, y cuando se retiran, pensiones y jubilaciones de 200 mil, 300 mil y 400 mil pesos mensuales, muy por encima del promedio de percepciones y prestaciones que tiene cualquier otro servidor público.
Resulta muy extraño que siendo la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia la patrona de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial y de la Corte no les exija de manera terminante que se pongan a trabajar, porque hasta ahora mantienen detenida de manera injustificada la aplicación de la justicia federal en todo el país, porque no quieren cumplir las normas constitucionales aprobadas y vigentes.
Pero la parte más retorcida y difícil de entender es que algunos jueces y magistrados inconformes, que son juez y parte en el tema de las nuevas normas constitucionales del poder judicial, le solicitaron un amparo a sus compañeros jueces de distrito que también están inconformes y se los concedieron a pesar de que el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el amparo no procederá en los casos de adiciones y reformas a la Constitución. En consecuencia la Presidenta de la Suprema Corte turnó estos amparos improcedentes para su estudio a algunos ministros afines a ella.
De tal manera que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, los abogados más calificados del país en la comprensión y aplicación de la Constitución y las leyes, en evidente abuso del poder judicial que tienen en sus manos decidieron por mayoría de 8 de 11 ministros, revisar las demandas de sus compañeros juzgadores, lo cual abre la posibilidad de que la Suprema Corte pudiera resolver que las reformas aprobadas y promulgadas no son válidas.
Esta perversidad de la derecha opositora llevada a cabo por los abogados más capacitados del país es obviamente una provocación, es una emboscada que busca una reacción del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo que los convierta en mártires en el caso de que se demande un juicio político en su contra o se tome alguna otra medida en contra de algún Juez, Magistrado, Ministro o trabajador judicial por las evidentes faltas al cumplimiento de su deber que están cometiendo frente a los todos los mexicanos.
La Presidenta de la República y los coordinadores de las cámaras han evidenciado este hecho y han declarado que no actuarán represivamente en contra de los juzgadores en rebeldía. También es pertinente aclarar que no todos los integrantes del Poder Judicial están de acuerdo en no trabajar, como lo demuestra el hecho de que de los 1342 juzgadores que integran la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito AJUFED solo 832 han votado por mantener el paro, pero 510 quieren reanudar sus labores y por otra parte queda ahí el voto de las tres Ministras de la Corte que denunciaron que el acuerdo de la mayoría es un golpe de estado. “El Poder Judicial somos todos” dicen los paristas, pero nada mas ellos cobran millones.
Por JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
