Observador agudo y crítico por razones de oficio jurídico, exministro de la Suprema Corte 2003-2028 y miembro del Colegio Nacional, el doctor José Ramón Cossío Díaz acaba de publicar un ensayo sintético sobre el tema vigente de los militares en las diferentes áreas de seguridad. Y sus conclusiones ponen el debate en orden: en México existe un proceso de militarización en la seguridad pública y en medio de un contexto de cárteles empoderados, pero no se ha dado el militarismo del poder.
El abogado que ha hecho un seguimiento muy estricto del tema de militares y labores de seguridad lo explica con claridad en su ensayo Los futuros de la militarización en México, editado en la colección Opúsculos de El Colegio Nacional:
“Al contrastar las normas y prácticas militares con las normas y prácticas sociales, debo concluir que el militarismo todavía no está presente entre nosotros puesto que no hay usos, costumbres símbolos o culturas que nos lleven a advertir que se ha asentado en el país”.
En su análisis de fondo sobre el tema de militares y civiles, Cossío Díaz acude a las dialécticas hegeliana y marxista y, más cercana, a la teoría de las propiedades emergentes: “¿los cuantitativos puede dar lugar a los cualitativos?, ¿la creciente predominancia de lo militar puede resultar en una institucionalización en la sociedad y su gobierno?” La respuesta del exministro de la corte es que no tiene una respuesta definitiva y que no existen elementos actuales para responder a estas preguntas.
Pero de todos modos, en su ensayo justamente deja entrever escenarios para el análisis: “desconocemos si los miembros de las Fuerzas Armadas pretenden crear una cultura que trascienda los cuarteles y sus disciplinas; en sentido contrario tampoco sabemos si la población la aceptaría o, incluso, si llegaría a requerirla como una forma de orientarse o de sentirse protegida.
Pero a partir de un enfoque jurídico sobre el tema de los militares en seguridad pública que las autoridades federales y los propios mandos castrenses han señalado que forma parte de las definiciones del Estado en seguridad interior, Cossío Díaz concluye que “hasta ahora no hay indicios de que sus miembros (los militares) pretendan hacerse del poder político o controlarlo, ni hay evidencia de que pretendan instituir el militarismo. Sin embargo, como sociedad hay que seguir vigilando el desarrollo de esa militarización. Entre menos crezcan, menos probabilidad hay de que los números transformen el nuevos y peligrosos modos de ser.
El ensayo de Cossío Díaz se basa en un enfoque jurídico-constitucional; por lo tanto, no aborda el aspecto clave de la fundamentación que han usado las autoridades desde 1982 para ir involucrando cada vez más a las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública en el escenario de la seguridad interior, tomando en cuenta que la seguridad interior es la función del Estado para garantizar la estabilidad social, política y de seguridad ante una delincuencia que no solo busca expoliar la propiedad privada de particulares, sino que está luchando por quitarle espacios territoriales a la soberanía del Estado, por tener el control administrativo y político de las oficinas de gobierno y para sustituir la inversión privada por inversión criminal producto de actividades delictivas.
De manera informal, el involucramiento formal de militares desde apoyo a la seguridad pública en modo de seguridad interior comenzó en 1982-1984 cuando las corporaciones policiacas fueron descubiertas y denunciadas como patrocinadoras de grupos delictivos, entre ellos los primeros cárteles del crimen organizado del narcotráfico. En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón ordenó a las Fuerzas Armadas incorporarse a la persecución y lucha contra los cárteles del narcotráfico y esa tarea se extendió al sexenio de Enrique Peña Nieto.
El presidente López Obrador, como presidente electo y antes de tomar posesión, logro la aprobación legislativa para crear la Guardia Nacional como instancia del Gobierno civil para combatir la delincuencia y obtuvo –según el quinto transitorio de la reforma constitucional de la Guardia– el permiso legislativo para que efectivos de las fuerzas regulares del Ejército participarán en apoyo a la lucha contra la seguridad pública que estaba ya disputándole espacios territoriales de poder al Estado.
El debate de la participación de militares en seguridad interior se reactivó con la aprobación legislativa por mandato de la mayoría calificada de Morena que la Guardia Nacional como estructura pasara a ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional, pero que mantuviera su dependencia del poder civil.
En este contexto se ubica la conclusión del ministro Cossío Díaz: existe militarización de la seguridad pública en puntos concretos de combate a la inseguridad, pero no existe el militarismo del poder político civil.
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Política para dummies: la política depende de la espada, también dicho por Hobbes.
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Por Carlos Ramírez
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