Tiene razón la Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, la abogada TANIA CONTRERAS LÓPEZ, al señalar que el Tribunal de Justicia Administrativa, que preside el Magistrado ÉDGAR URIZA ALANÍS, no está resolviendo las denuncias por delitos graves, promovidas por el Gobierno del Estado contra funcionarios del sexenio pasado.
Un tema que abordamos con ARNOLDO GARCÍA CÁZERES este martes en la mesa de análisis del programa “Punto de encuentro”, transmitido por Radio Tamaulipas, conducido CLEMENTE CASTRO GONZÁLEZ.
De entrada, destacamos la importancia que tiene el TJE, como pieza toral del Sistema Estatal Anticorrupción, particularmente al sustanciar las denuncias por delitos “graves”, conforme a lo dispuesto por el artículo 153 Bis, de la Constitución Política de Tamaulipas.
El Tribunal tendrá, entre otras facultades, “imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales, por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales”, dispone dicho numeral.
Y, en correspondencia a la importancia que tiene este Tribunal en el combate a la corrupción y la impunidad, igual de importante es el perfil de quienes son los integrantes de su Pleno.
Particularmente, la solvencia para salvaguardar los principios rectores de los Organismos Autónomos: imparcialidad, es decir, sin filias ni fobias partidistas, objetividad y, sobre todo, neutralidad política.
¿Reúnen este perfil los Magistrados ÉDGAR URIZA ALANÍS, ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ y GERARDO ALDAPE BALLESTEROS?
ÉDGAR URIZA ALANÍS: De acuerdo a su perfil curricular, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, es un abogado que fue asesor jurídico del PAN (2011-2014), siendo representante de este partido ante el Consejo General del IETAM, en tiempos de JORGE LUIS NAVARRO CANTÚ.
Fue Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, en la Contraloría Gubernamental del gobierno de, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, antes de llegar al TJA en julio de 2017, mediante Decreto LXIII-231, publicado el 18/07/2017. Es Presidente del Tribunal.
GERARDO ALDAPE BALLESTEROS: Fue candidato ganador del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso en 2018, cargo que ejerció hasta agosto de 2021, al solicitar licencia y quedar disponible para ser designado magistrado del TJA, mediante Decreto LXIV-565, publicado el 17/08/2021. Es el titular de la Segunda Sala del Tribunal.
ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ: Su hermano MAURICIO, despachó al frente de la Subsecretaría de Ingresos, durante el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, además de ser candidato del PAN a regidor de Victoria, en la planilla encabezada por JUAN GARCÍA GUERRERO en 2007 y actualmente es Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.
El titular de la Tercera Sala del TJA, recibió su patente de aspirante a Notario Público, por parte de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, publicada el 22/09/2022, misma que fue regresada por GUERRA MARTÍNEZ, porque el procedimiento no cumplió lo dispuesto por la Ley del Notariado.
Infracción a la ley que le valió a GERARDO PEÑA FLORES, en ese momento Secretario General de Gobierno, la inhabilitación por un año para ocupar un cargo en el servicio público por negligencia administrativa (septiembre 2024-septiembre 2025), pero gracias a una suspensión concedida por el Tribunal de Justicia Administrativa, el diputado del PAN pudo rendir protesta.
A todas luces vemos a un TJA capturado por FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, obstruyendo las denuncias graves por actos de corrupción contra funcionarios del sexenio pasado y defendiendo a integrantes de la bancada del PAN en el Congreso del Estado.
Hablamos de un Tribunal pintado de azul, que durante los últimos 6 años le ha costado a Tamaulipas 231’282,088 millones de pesos, incrementando su presupuesto de $22’617,756 aprobado para el ejercicio fiscal de 2018, a $41’709,088 en la anualidad en curso, es decir, un aumento de 84.4%.
Ha llegado el momento en que la bancada de MORENA y sus aliados en la 66 Legislatura, hagan uso del poder que otorga la mayoría calificada, citando a rendición de cuentas al Magistrado ÉDGAR URIZA ALANÍS.
POR JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES
